Colaborar es el verbo

Estamos alejados ya desde hace más de medio siglo de la idea original debida a Montesquieu de que la relación política entre los entes estatales –entiéndase, relación de poder- se funda en su división o separación, la cual fue sustituida por la de “colaboración”. En efecto, la noción original de este pensador, adoptada casi universalmente hoy día, es la de que toda construcción republicana requiere de dos elementos: a) Uno teórico, en el sentido de concebir al Estado como un poder indiviso, cuyo ejercicio o manifestación sin embargo se puede distribuir en la forma de función legislativa, administrativa y jurisdiccional (coloquialmente, los tres “poderes” legislativo, ejecutivo y judicial); y, b) la condición de la temporalidad en el ejercicio de los cargos públicos o del Estado que puede ocupar cualquier ciudadano, en oposición a la herencia o perpetuidad como criterios patrimonialistas para el ejercicio del poder. Esta es la base del sistema (relación entre los entes estatales) y del régimen (relación del gobierno con los ciudadanos) que está en la base del constitucionalismo occidental que postula las diversas formas de Estado (federal o centralista) y las de Gobierno (república o monarquía), cuyo entrecruce da lugar a una amplia tipología de notas para caracterizar a tal o cual formación política.

Traemos a colación estos supuestos fundamentales de las democracias de hoy, porque este es el segundo lunes en que el Presidente Peña da a conocer medidas importantes colaborativas para afrontar las propuestas de gobierno anunciadas en su discurso con motivo de la toma de posesión, y en el Pacto por México. Todo gobierno entrante tiene para sí, casi siempre, un bono de confianza que se apoya en la esperanza de mejorar o en la desesperación de lo sucedido antes, o en ambas cosas. El tamaño de ese bono es de muy difícil medición y las encuestas no se muestran todavía muy útiles para dimensionarlo, y tampoco puede asimilarse llanamente a una simple equivalencia con el número de votos obtenidos en la elección pasada. Sólo el tiempo y los resultados efectivos marcarán nuestra inclinación por la esperanza o por la desesperación social.

Pero el hecho de anunciar acciones de colaboración entre los diversos entes que integran la administración pública federal, y de ésta con los poderes legislativo y judicial; así como de colaboración del gobierno federal con los otros dos órdenes de gobierno (entidades federativas y municipios), deja la impresión de que existe una concepción política clara de la necesidad de un ejercicio colaborativo del poder, entendido como sistema, que permita dar sentido a las acciones de gobernabilidad y gobernanza en beneficio de la población, entendidas como régimen.

En efecto, el ensayo anunciado del Plan Anticrimen y de los seis Ejes contra la Inseguridad, fundado en la participación de los Gobernadores en coordinación con la Secretaría de Gobernación, para tratar el muy complejo fenómeno de la seguridad pública, procuración de justicia y regionalización del enfoque en cinco demarcaciones geográficas, así como la creación de la Comisión Intersecretarial de Prevención del Delito y la formalización de la Gendarmería Nacional, parecen abonar a la construcción de una política pública amplia que deberá combatir no sólo al delito, sino a la par evitar la improvisación y casuismo que han sido un cáncer de la acción gubernamental. Ojalá.

Reforma Educativa Nacional

Este lunes conocimos la iniciativa presidencial para reformar el artículo 3° de la Constitución Federal, como primera acción elaborada al amparo político del Pacto por México, cuyos firmantes –dirigentes partidistas y líderes parlamentarios- estuvieron también en el acto en que el Presidente Peña anunció oficialmente su remisión al Congreso de la Unión. El suceso es políticamente simbólico y administrativamente sencillo: en el primer caso, expresamente se dice que se trata de reafirmar (asumir) la rectoría del Estado en este campo (que se había perdido) y de retomar el control educativo; por cuanto al segundo, trátase de la obligación de los docentes de examinarse, para lo cual se crea un ente público autónomo como responsable de la evaluación magisterial que tendrá carácter obligatorio, en la medida en que autoridad, sindicato y maestros no formarán parte de él, evitando ser juez y parte en el proceso de evaluación. De 1993 a 2012, como señala la exposición de motivos de la iniciativa presidencial –que casi nunca es leída-, han crecido notablemente las obligaciones del Estado consignadas en el 3° constitucional, en la forma del derecho dogmático o humano a recibir educación (preescolar, primaria y secundaria), conforme a principios de laicismo, progreso científico, democracia, nacionalismo, mejor convivencia, “aprecio y respeto por la diversidad cultural, por la igualdad de la persona y por la integridad de la familia bajo la convicción del interés general de la sociedad y los ideales de fraternidad y la igualdad de derechos”. Esta combinación de obligaciones estatales, derechos humanos e ideales públicos declarados constitucionalmente, en los hechos han resultado de muy dificultosa realización, porque los principales actores de la denominada experiencia educativa (maestros y alumnos) han estado supeditados a los vaivenes de la relación entre administradores educativos y líderes magisteriales, muchas veces caprichosa, veleidosa y llena de desencuentros. Y esto último constituye el vector político más importante, porque el sindicato de maestros agrupa a un millón y medio de ellos, y nadie duda que constituye un factor real de poder en el ámbito de la política pública educacional. Por eso la iniciativa presidencial debe observarse bajo la óptica de un riesgo calculado, que se hace evidente al buscar y lograr el apoyo político de los principales partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, sin los cuáles no es posible aprobar la reforma constitucional. La jugada es políticamente eficiente, porque el apoyo congresional calificado que se requiere le otorgaría a esta reforma política y educativa, ulteriormente, un enorme grado de legitimidad, que literalmente pondría contra la pared pública a quien se opusiera a ella, porque ¿quién puede estar en contra de que “el imperativo de la calidad debe alcanzar a todos los niños y jóvenes” o de que se debe institucionalizar la “evaluación educativa” o de que se requiere la “creación de un servicio profesional docente” o de “una instancia experta” que sea el “órgano normativo nacional”? Después del orden constitucional, la reforma político educativa devendrá reforma administrativa, y no deja de ser sorprendente y dramática la primera medida administrativa a cumplir: un censo educativo que dé cifras para dimensionar el tamaño de la tarea educativa de medir y evaluar alumnos, maestros, escuelas, directores y servicios educativos. ¿Ahora sí se podrá?

Nuevo Gobierno, Nuevo Pacto

Notable por donde se quiera ver fue el contenido del discurso del Presidente Peña, el consiguiente nombramiento del Gabinete (iniciado desde la madrugada del 1 de diciembre), y la firma del Pacto por México. No hay manera de observar estos tres eventos de manera aislada, porque son parte de una misma estrategia: Gobernabilidad, fundad en la acción político-social, la acción legislativa y la acción financiera. Del discurso destacan los mensajes que fijan el posicionamiento del nuevo gobierno federal: un Programa Nacional de Prevención del Delito, que reconoce en éste un origen multicausal, donde lo nuevo es el señalamiento oficial de que las políticas públicas a seguir no se pueden reducir a la simple acción policíaca -que ha mostrado su total insuficiencia, por no decir fracaso- instruyéndose a varias dependencias (Gobernación, Hacienda, Desarrollo Social, Educación y Salud) a diseñar e instrumentar el programa, lo cual es una nueva forma de afrontar la gravedad del problema, bajo la consideración de que sus causas provienen de la desigualdad educativa, de la desigualdad en el acceso al empleo, y de la inequidad en los beneficios y satisfactores que el Estado debe proveer a los grupos sociales más vulnerables o marginados, que provocan una masa de desheredados que son la potencial y probada fuente de alimentación de la conducta delictiva. En esto encuentra su lógica el anuncio del desistimiento público de la controversia constitucional que el gobierno anterior -¡qué paradoja!- había planteado en contra de la Ley General de Víctimas, reconociendo la deuda del Estado con éstas y, por tanto, el imperativo de aplicar una ley que provea a las víctimas de garantías básicas ineludibles; al igual que la propuesta de contar con un código penal y un código de procedimientos penales unificado en toda la República, para evitar punibilidades diferentes en delitos iguales, punto sobre el que correrá mucha tinta de los especialistas sobre su conveniencia o no, pero que tiene el mérito de afrontar una problemática que se ha extraviado en disquisiciones teoréticas, desconectadas de la realidad social que son la base material que deben fundar las formalidades legales. Especial dedicatoria tiene la reforma educativa para la instauración del Servicio Profesional de Carrera Docente, basado no en la compra o herencia corrupta de plazas, sino en la permanencia en el empleo docente con base en el trabajo y en el mérito. Completa el cuadro la cruzada Nacional contra el Hambre, el Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia, el Sistema de Seguridad Social Universal, la creación de infraestructura ferroviaria, el acceso de todos a la banda ancha y la liberalización de la señal televisiva. A su vez, el nuevo gabinete contrasta con el anterior: se observa más oficio y experiencia, porque se recurre a administradores públicos probados, sin lugar a la improvisación. Cuando menos este es el mensaje que se lanza con los secretarios del despacho nombrados. El tiempo probará su funcionamiento. Por cuanto al Pacto por México, mucho habría que decir de su contenido dividido en tres ejes rectores y cinco acuerdos, la mayoría de los cuales deberán pasar por las cámaras legislativas (un 65% aproximadamente). Lo verdaderamente notable es que lo hayan firmado todos los partidos políticos: los de derecha, de centro y de izquierda (la más numerosa). Éxito político inicial, que requerirá de mucha deliberación y negociación política. Ojalá.

¿México o Estados Unidos Mexicanos?

Hoy día la Constitución Federal usa los nombres Estados Unidos Mexicanos, República, Nación Mexicana, pueblo mexicano y México; pero el Presidente Calderón acaba de revivir, como no queriendo, su propuesta de cambiar el nombre del país: México, en lugar de Estados Unidos Mexicanos. Desde el 22 de enero de 2003, siendo diputado federal, Felipe Calderón propuso una iniciativa en ese sentido; después lo hizo el diputado federal Raymundo Cárdenas Hernández, del PRD, el 22 de agosto de 2007. Sobre el particular, intelectuales e investigadores de talla se han manifestado de diverso modo. Por ejemplo, en septiembre de 2008, algunos de éstos señalaron lo siguiente: Roger Bartra decía que sí se debe cambiar porque así nos “hemos llamado” desde hace mucho tiempo; Carlos Monsiváis dijo que sí “para no perder la costumbre histórica”; Elena Poniatowska también estuvo de acuerdo, para no parecernos a Estados Unidos (de América); Juan Villoro expresó que sería sensato porque ese es su nombre histórico; Denisse Dresser opinó que la propuesta es simplemente “pequeña, chata e irrelevante”; en cambio, Enrique Semo se opuso porque “desde el Acta Constitutiva de 1824 el nombre de nuestra República es el de Estados Unidos Mexicanos” y eso no es “fruto de un capricho o de una casualidad”. Por encima de todas estas opiniones, brilla intensamente el detallado y erudito estudio de Gutierre Tibón, el escritor ítalo mexicano autor de “Historia del nombre y de la fundación de México”, quien desbroza no sólo la etimología de la palabra “México”, sino que hace una interpretación nueva y sorprendente, acudiendo a los elementos esotéricos, mitológicos, arqueológicos, geológicos, antropológicos, toponómicos y, por supuesto, histórico sociales, involucrados en el conocimiento de las raíces profundas de la mexicanidad. Tibón abreva en Durán, Sahagún, Tezozómoc y Chavero, así como en Hermann Beyer, Antonio Caso, Eduardo Seler, Ángel María Garibay y Miguel León-Portilla, para llevarnos de Aztlán a México Tenochtitlan; de Anáhuac a Nueva España; y también al nombre de “México” en las diversas lenguas indígenas mesoamericanas; en suma, del mito y la magia a la historia de la fundación del nombre y del lugar “México”, al que González y González incorporaría las dimensiones de matria y patria al aludir a nuestro país. Si Semo se muestra contrario a “cambiar” el nombre de Estados Unidos Mexicanos por el de México, don Edmundo O´Gorman detallaría el origen legítimo y la autenticidad de la formación histórica del nombre “Estados Unidos de Mexicanos”. Recuerdo, en mi opinión, que, desde diciembre de 1993, el gran constitucionalista mexicano, don Antonio Martínez Báez, habría zanjado toda discusión: “se habla de introducir el nombre de ‘México’ en nuestra Constitución. Como si México no se llamara por muchos conceptos ‘México’…está desde su nacimiento dando…sustancia, esencia, a nuestro Estado… México califica a los Estados Unidos Mexicanos o los adjetiva. Tenemos ya el nombre de México”. Con su agudeza, don Antonio haría una analogía mordaz con dedicatoria: “¿es necesario que se consignen en la Constitución los colores del pabellón nacional? No, porque están ahí ya ¿Quién es el valiente que pide que se cambien los colores de la bandera? ¿O que tengamos una estrella abajo del águila o que seamos una estrella de un pabellón extranjero?”. ¿Qué opinará Mr. Calderón?

Reorganización administrativa federal en puerta

Dos iniciativas recientemente presentadas en el Congreso de la Unión han sido objeto de comentarios diversos. Por un lado, la creación del organismo autónomo Comisión Nacional Anticorrupción, presentado en el Senado de la República; y, por otro, modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ambas provienen de los grupos parlamentarios del PRI y PVEM -entiéndase del próximo Presidente de la República, EPN-, atendiendo a una distinta forma de concebir la administración pública. En este tipo de propuestas se pueden apreciar siempre las diferentes concepciones que sostienen los partidos políticos. Como desde siempre se sabe en la teoría público administrativa, no existen normas neutras porque toda disposición está imbuida del sentido que le imprime su autor o iniciador, más allá de los criterios de técnica legislativa empleados para su creación, reforma o derogación. Se trata de una idea distinta del ejercicio legítimo del poder a partir de la norma positiva que atribuye tales o cuales deberes o facultades públicas. En el rango constitucional, la creación de un organismo autónomo para combatir la corrupción resulta ambiciosa, en la medida que a ella se sujetarían ahora los gobiernos federal, estatales y municipales, debido a que se propone una importantísima concentración de atribuciones, dotado de “dientes y garras” para llamar a cuentas a funcionarios “traviesos” u “ovejas descarriadas” que no gustan de conjugar el verbo “regresar”. La iniciativa reconoce, expresa e inusitadamente, la evolución negativa del Índice de Percepción de la Corrupción en México entre 2001 y 2011, elaborado por Transparencia Internacional. Propuesto como un órgano técnico-profesional, lo veremos convertirse desde el principio, indudablemente, en un órgano de control político, administrativo y económico. Si cuaja en el Congreso de la Unión y se legitima en su funcionamiento, constituirá un verdadero parteaguas dentro de los modelos de revisión y control gubernamental, que hará palidecer indiscutiblemente a las entidades de fiscalización superior del país. En tanto que en el campo legal, la reforma administrativa es, quizá, el proyecto de mayor envergadura desde 1976 para reordenar las instituciones de carácter centralizado, desconcentrado y paraestatal. Armonía, orden, coordinación, organización, control gubernamental, son algunos de los términos utilizados en la iniciativa, es decir, lo que se considera faltó a la actual administración federal. Este es siempre el mensaje que todo régimen entrante hace saber al régimen saliente, en forma de impulso legislativo para la redistribución de la función administrativa entre los entes estatales instituidos o por institucionalizar. Los motivos señalados son: búsqueda de una sólida coordinación del gabinete, nuevo esquema de organización para la seguridad interior y la protección de la población, impulso integral a las políticas sociales, nuevo sistema de control gubernamental para vigilar la gestión y manejo de recursos, lo cual se traduce en reformas a las atribuciones de la Secretaría de Gobernación y desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, reformas a la Secretaría de Desarrollo Social, creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y extinción de la Secretaría de la Función Pública cuyas funciones se redistribuyen entre otras dependencias. Veremos que resulta de la “licuadora” legislativa ¿qué saldrá aprobado?

La reforma laboral y el proceso legislativo

En el Orden del Día de la sesión de los Diputados de este 30 de octubre, se apuntó el turno “a Comisiones” de la Minuta del Senado relativa a la reforma laboral, después de la aprobación del decreto, pero con modificaciones, por el Pleno de los Senadores. Previo a la sesión de este martes, se dijo que, ante la falta de regulación de la gestión legislativa que deben seguir las iniciativas de trámite preferente enviadas por el Ejecutivo federal, no queda más que encontrar en la propia Constitución Federal las bases del proceso legislativo a las que deberá sujetarse la Minuta del Senado, que modificó y adicionó artículos al proyecto de decreto autorizado inicialmente por los Diputados. Unos señalan que ya perdió el carácter de preferente y otros dicen que lo retomó. Las votaciones diferenciadas y la interpretación diversa han terminado desnudando, en nuestra opinión, el verdadero sentido político de la reforma laboral, que exhibe el protagonismo ausente de negociación o cabildeo político que caracterizó el sexenio del Presidente de la República, al parecer empeñado en “madrugar”, antes de irse, a la administración que le sucederá. En esta lógica no es difícil comprender, por ejemplo, las propuestas del actual Ejecutivo ante el Senado, para sustituir a 2 Ministros de la Suprema Corte de Justicia y un miembro del Consejo de la Judicatura Federal… que finalizarán su encargo el 30 de noviembre, al mismo tiempo que el propio Presidente. Simplemente no ha lugar a propuesta alguna, porque todavía no concluyen. Es como si el Presidente que inicia funciones el 1 de diciembre le dijera al que se va, que desde ahora le envía los nombramientos de los nuevos secretarios del despacho. Todo a su tiempo, esa es la regla política fundamental, es decir: el ejercicio del poder político, pero reglado por la norma constitucional. Volviendo al asunto del trámite legislativo de la reforma laboral, ¿qué dice el hoy famoso artículo 72, inciso E, de la Constitución Federal? Veamos:

“E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.”¿Así o más fácil?

La reforma laboral: Comisiones Legislativas y Pleno

La reforma laboral vivió este lunes la aprobación en comisiones del dictamen relativo y hoy martes (ayer) su discusión plenaria por los Senadores. Los Diputados aprobaron la reforma con el voto de PRI y PAN, sobre todo; pero éste último, en la Cámara de Senadores, varió su criterio y se unió al PRD para proponer modificaciones al dictamen, que no prosperaron en las comisiones legislativas senatoriales, las cuales respetaron la minuta enviada por los Diputados. Así pasó el dictamen al Pleno. Del total de los 128 Senadores, el PRI tiene 54, el PVEM 7 y Nueva Alianza 1, que iban en favor del dictamen aprobado en Comisiones; mientras que el PAN con 38, PRD 22, PT 5 y Movimiento Ciudadano 1, tenían una mayoría de 66 votos en contra. El debate se centró en las disposiciones relativas a transparencia y democracia sindical que antes comentamos, en nuestra colaboración del 19 de octubre pasado. Si al momento de publicarse este artículo, ya se conocen los resultados de la votación (aprobando el dictamen en sus términos, o devolviéndolo con cambios a la Cámara de Diputados), no resulta ociosa la valoración del trasfondo del dictamen legislativo, más allá de las normas legales y reglamentarias que rigen el debate, la votación y la aprobación de decretos que modifican ordenamientos legales.

Así que por cuanto a régimen, reglamentos y prácticas parlamentarias, no habría nada de fondo que discutir. En cambio, el sentido del debate radica en la iniciativa de origen enviada por el Presidente, anunciada sagazmente como novedosa y democrática para el ámbito sindical. Sin entrar aún en valoraciones éticas, habría que señalar al menos un gazapo, como prueba de que nunca existen normas ideológicamente neutras, sino propuestas cargadas de la intención política de quien las presenta. A los sindicatos afines al PRI o al PRD se les puede acusar exactamente de los mismos vicios o aciertos, en esto no hay diferencia, sino distinta cobertura numérica de agremiados; mientras que el PAN no tiene un solo sindicato en su favor, por su acentuada postura pro empresarial a ultranza. En tanto que en el PRI y el PRD, los sindicatos constituyen factores reales de poder de peso indiscutible, en el PAN no tienen representación ni funcionalidad y se podría decir que ni sentido.

La iniciativa tiende, entonces, a “golpear” o “calentar”, como se dice en el argot político, uno de los sectores reales de fuerza de estos partidos. Los trabajadores son un tema que no interesa al PAN, las cifras sobre la caída real y constante del salario de estos últimos doce años lo demuestran. La iniciativa presentada al final de las administraciones panistas lo evidencia: ¿por qué hasta ahora? porque de lo que se trata es de ganar en la ley lo que no se pudo obtener en la acción política o proselitista, es decir, votos, socavando las bases políticas de sus dos contrarios que los enviaron al tercer lugar de la votación nacional. El verdadero análisis estaría en saber cuál es el cálculo político del PRD para “cachar” una desbandada de agremiados de otros sindicatos en favor de los “suyos”…a partir de una iniciativa panista!... Ahora bien, si se trata de discutir en verdad sobre democracia sindical, no sirve una iniciativa cargada de los mismos defectos acomodaticios que dice combatir. ¿o no?

El Congreso de la Unión y sus Comisiones Legislativas

En sistemas políticos presidencialistas competidos, que dan lugar a Ejecutivos pertenecientes a un partido político y a Congresos o Parlamentos en los que el partido que ganó la presidencia no tiene la mayoría absoluta (mitad más uno de las curules), el trabajo interior de las asambleas de diputados y senadores adquiere importancia vital, porque por regla general todo nuevo gobierno necesita convertir en leyes las líneas programáticas con que plantea gobernar, es decir, dirigir la administración pública a su cargo, dado que toda norma aprobada está imbuida del sentido y orientación político ideológica que le imprimen los autores de las iniciativas de origen. Hay consenso en la teoría y praxis del Estado, al señalar que si sus elementos son población, territorio y “poder”, este último se manifiesta en la hechura de leyes, debido a que la ley es una manifestación objetiva de la capacidad del Estado (fuerza, poder y autoridad), que tiene la atribución constitucional –función Legislativa- de crear o modificar la legislación que los poderes Ejecutivo, Judicial y organismos autónomos, están obligados a aplicar. Pero a no ser en textos especializados, poco se publicita sobre la manera en que las asambleas políticas proceden interiormente a organizar el trabajo legislativo para producir sus leyes y decretos, o adoptar acuerdos, o sea, para producir el “poder” del Estado. Nuestra cotidianeidad hace que lo más cercano a los congresos o parlamentos se encuentre en la prensa escrita, televisiva o electrónica, como vivencia noticiosa del día anterior que, en todo caso, reviste la limitante de atender al conocimiento superficial de sus funciones y de sus anécdotas, exabruptos, desaguisados y reyertas internas, que también son ciertas. Pero la verdadera praxis parlamentaria se sustenta en el sistema de comisiones o comités, que son órganos entre los que se distribuyen las tareas legislativas, como instrumentos de competencias específicas. Toda vez que, por regla general, el trabajo de estas antesalas del debate parlamentario se sujetan a las mismas normas que rigen la discusión plenaria de los proyectos preparados antes en comisiones, presidir éstas se convierte no sólo en mera retórica; antes bien, constituyen espacios de poder efectivo, dado que sus órganos directivos –Presidentes, sobre todo- poseen facultades concretas que pueden hacer prosperar un proyecto o desestimarlo, y también debido a que la enorme mayoría de las iniciativas, por exigencia legal y reglamentaria, primero debe turnarse “a Comisiones” para después discutirse y aprobarse en los plenos camerales. A esta dinámica se han sujetado las recientes iniciativas de trámite preferente –la laboral y la de contabilidad gubernamental- y se sujetarán las demás –como la de dotar de autonomía constitucional al IFAI. Por ello, no es casual que justo en estos momentos diputados federales y senadores debatan sobre a qué grupos parlamentarios (entiéndase, partidos políticos) corresponderá cuál comisión, debido a que se distribuyen según el porcentaje de curules que cada uno detenta. Eso explica el famoso “cabildeo” para integrarlas, puesto que el acuerdo que en cada Cámara legislativa se logre deberá aprobarse por sus respectivos plenos, y en asambleas donde nadie tiene mayoría absoluta la negociación es la regla primaria a seguir. Se trata, ni más ni menos, de la distribución del poder político en su forma de función legislativa…Estratégico ¿verdad?

Cannabis índica, legalización y adicción

Enormemente diversas son las opiniones, consideraciones y valoraciones, médicas, psiquiátricas, sociales, políticas, jurídicas y económicas, que con acentuadísima intensidad han convertido el asunto de la permisividad del consumo de la cannabis índica o marihuana, en una tremenda plaza pública de debate internacional. El tema es de total polémica y no hay posiciones intermedias: unos quieren legalizarla y otros proscribirla, apoyándose en opiniones que van desde lo ligero a lo serio, tanto entre Tirios como entre Troyanos. Al parecer, lo único cierto es que nadie puede hacer predicciones positivas o negativas sobre las consecuencias de autorizar su producción, comercio y consumo, porque éste último no se da en forma aislada. La última noticia de impacto internacional es que dos estados de la Unión Americana –Washington y Colorado- autorizaron su consumo con fines “recreativos”: what ever that means (lo que eso quiera decir), y ya antes se había autorizado su uso con fines medicinales en otros estados de esa nación. Como antes Holanda en Europa, EUA pone nota y precedente en el tema, porque este país es el principal consumidor de sustancias prohibidas consideradas adictivas o dañosas para la salud física y mental de las personas. De las consecuencias negativas que entraña la química de estas sustancias para la condición bio-psico-social de las personas, no existe duda científica sobre el particular, y la discusión sobre su consumo por millones de personas no elimina esa realidad, pero si la lleva al plano del éxito o fracaso de los estados nacionales y de las políticas públicas prohibitivas o punitivas hasta ahora ensayadas. Considerada una droga “blanda” -y antesala para el tránsito hacia drogas “fuertes”- sus efectos y consumo dependen de factores de asiduidad, variedad de cannabis, edad, cantidad y creciente tolerancia al consumo, y clínicamente no existe un solo estudio que concluya que su consumo es inocuo: más tarde o más temprano la adicción que produce tiene consecuencias, y tan sólo las neurológicas se consideran irreversibles. En contraste, se argumenta que aquellas sustancias socialmente permitidas, como el alcohol y el tabaco, tampoco son inocuas, pero que los efectos de su consumo “normal” (what ever that means) no son significativos para la salud y la conducta social de fumadores, bebedores y tampoco lo sería para los “canábicos”. Pero si se usa al alcohol y al tabaco como referentes válidos para pensar en las consecuencias de la “democratización” de las adicciones, que deja la responsabilidad de su consumo a las personas y relaja la responsabilidad del Estado en el campo de la salud y educación públicas, el comparativo tendría sus bemoles, porque los accidentes y muertes causadas por tabaco y alcohol son impresionantemente altas y, hoy día, el único dato cierto proviene del pasado: conocemos qué pasó con la prohibición del alcohol y después con su legalización, que dio lugar a una industria multimillonaria mundial que ni Al Capone hubiera siquiera imaginado. Nadie puede saber qué pasaría si la legalización de la marihuana se generalizara, sólo sabemos lo sucedido con la liberalización de sustancias vecinas adictivas, antes prohibidas. Tratándose de consumo de alcohol, tabaco, cannabis, cocaína, heroína y drogas semejantes, al parecer lo único en que todos estaríamos de acuerdo es en que “business are business”, or not?

Seguridad pública en México

“Heriberto Lazcano Lazcano (El Lazca) fue abatido. Luego, se confirma que sí era él. Luego, se robaron su cadáver”. Esta información se dio en menos de 24 horas, entre este lunes y martes, como una “perla” posiblemente representativa de la realidad de la seguridad pública en México, cuya lectura abre otra vez la suspicacia popular sobre la veracidad de los datos que se informan, o cómo se preservan las evidencias obtenidas o la incertidumbre generalizada sobre cuál fue o cuál es el diseño de la política pública nacional en materia de seguridad pública; pero, sobre todo, sobre cuál debe ser, en lo futuro, la política pública a seguir en este campo fundamental y estratégico para la vida nacional, en su más amplio sentido social. No en balde para Max Weber la seguridad era la primera tarea que un Estado Nacional debe brindar a su población. El aforismo sigue siendo un aserto irrebatible, que la realidad actual nos confirma en cada noticia de cobertura nacional que se da por cuanto a las cabezas de la delincuencia organizada y narcotráfico “transnacional” que caen, y la acción de llevar la contabilidad de cuántos delincuentes afamados han caído respecto de un total respecto del que se pueda obtener un porcentaje. Una especie de índice de éxito o fracaso medido por el número de “capos” muertos o apresados, como resultado de búsquedas o enfrentamientos que tienen más sabor a contingencia que a estrategia. ¿Y cuando se roban el cadáver de alguno, cómo lo contabilizamos? ¿Cómo éxito o fracaso? ¿Y si mañana aparece el cuerpo o si nunca? La seguridad pública es muchísimo más que algún dato bizarro, exótico o kafkiano, como el sucedido. Por el contrario, estudios sólidos la señalan como uno de los tres desafíos más importantes de la agenda gubernamental, es decir, de la nuestra, la de México, y que no se puede circunscribir a la esfera policíaca porque sus orígenes y consecuencias son de naturaleza estructural. Multifactorial es el término empleado para  aludir a sus orígenes: desigualdad económica, marginalidad, adicciones, desempleo, influencia negativa de los medios de comunicación, relajamiento de la disciplina social, infraestructura urbana inadecuada, deficiencia de los servicios vitales, falta de alternativas culturales, artísticas y deportivas para los jóvenes, falta de arraigo en su localidad y pérdida del sentido de pertenencia. De aquí se derivan los aspectos de necesaria interrelación de una política integral conformada no sólo por aspectos concretos de la seguridad pública y la capacidad de respuesta de las instituciones (política reactiva), sino el involucramiento de ejes de desarrollo social, participación ciudadana, procuración e impartición de justicia, combate a la corrupción e impunidad (política ofensiva). ¿Lugares comunes? Sí, pero ¿cuáles de estos tópicos se han abordado o trabajado “comúnmente”, para concebir el problema como algo más allá de policías que atrapan cadáveres de “narcos”, o de cadáveres de “narcos” que se les escapan a los policías? En su tiempo, Einstein, desesperado, preguntaría a Freud el por qué de las guerras a escala mundial, y éste respondería con la conceptualización de que además del instinto de amor (eros), existiría también el instinto de muerte (thanatos) que lleva a la autodestrucción de la especie, en ausencia de modelos, formas o medidas de reconducción social. ¿Qué hacer?

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz

Este lunes se dio la aprobación congresional, en su segunda fase, de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, como organismo autónomo del Estado que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, presupuestal y de gestión, para cumplir con su cometido de atender y proteger la integridad de los periodistas, así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión. En la Constitución de Veracruz, se ubicará en una nueva fracción V del artículo 67. Su aprobación se dio por unanimidad de 47 de 50 diputados, que hace previsible su aprobación rápida, por la mayoría de los ayuntamientos veracruzanos, como requisito último para su publicación. En efecto, el 7 de junio de este año, con motivo de las agresiones y ataques a comunicadores en la entidad, el Ejecutivo local anunció la remisión de la iniciativa para contar con un organismo que diera atención y protección a los periodistas, llevándola a rango constitucional, dándole amplias facultades en la materia y “ciudadanizando” la integración de su órgano de gobierno. Por su parte, en fecha posterior, el Congreso de la Unión aprobaría la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada el 25 de junio de este año. Al respecto, no faltó quien, con desconocimiento del régimen instituido por uno u otro ordenamiento, opinara que la reforma constitucional veracruzana era una simple copia de la federal; sin embargo, hoy día el examen comparativo entre ambas realidades jurídicas deja al descubierto las diferencias estructurales que se pueden apreciar no sólo en su denominación, sino en la integración de sus respectivos órganos de gobierno y atribuciones. Mientras que el Mecanismo federal es operado por la Secretaría de Gobernación y en su junta de Gobierno tienen presencia cuatro secretarías (vid. arts. 4, 5, 9, 11 y 17 de la ley federal); en Veracruz, el diseño constitucional es justamente inverso, porque la Comisión se integrará por: cuatro periodistas; dos propietarios o directivos de medios de comunicación; dos representantes de organizaciones no gubernamentales y un académico dedicado a tareas de enseñanza, difusión o investigación, quienes aprobarán todas las medidas, acuerdos y protocolos de atención, apoyados por un Secretario Ejecutivo, y a los que se sumarán los responsables de la comunicación social y de la procuración de justicia en el estado, sin embargo estos tres últimos sólo con derecho a voz pero sin voto. Así que la federación optó por controlar el órgano de los periodistas, en tanto que en Veracruz se optó por sustantivar absolutamente la presencia de éstos. Lo más sobresaliente es que, desde junio, han trabajado libremente 8 conocidos comunicadores que gozan de verdadera representatividad y dos destacadas académicas universitarias, para el fin de elaborar el proyecto de ley que regularía la Comisión Estatal, y proponer su aprobación mediante el derecho de iniciativa del Ejecutivo. Así que mientras que la federación escogió el control soterrado del órgano federal de los periodistas; Veracruz se decidió por un órgano estatal de ciudadanos calificados para dar atención y protección a los periodistas en el Estado. Mucha diferencia ¿verdad?

Autonomía constitucional al IFAI

La iniciativa para dotar de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), presentada en el Senado de la República por legisladores del PRI y del PVEM, constituye –junto con la laboral y la de contabilidad gubernamental y transparencia- la tercera propuesta de importancia que está en el Congreso de la Unión. Su aprobación no sólo llevaría a que el IFAI lograra autonomía de gestión, técnica y financiera, sino a un muy diferente ejercicio de protección de este derecho previsto en el artículo 6° de la Constitución Federal. Ante todo, resolvería el debate sobre las atribuciones del IFAI para hacer valer sus determinaciones por parte de los sujetos obligados, y le daría los “dientes y garras” necesarios para proteger este derecho. En efecto, a la fecha se ha discutido, incluso en los tribunales, sobre las capacidades del IFAI en esta materia. Creado como organismo descentralizado de la administración pública federal, cuando alguna de sus resoluciones ha ordenado a ciertas autoridades que entreguen la información solicitada, éstas la han negado aduciendo que ciertos bloques de datos constituyen información confidencial o de acceso restringido, cuestión que en algunos sonados casos se ha judicializado ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque, se argumenta, el IFAI es sencillamente un organismo gubernamental de naturaleza administrativa y, por tanto, en un sistema republicano no compete a él la definitividad de sus decisiones, sobre todo cuando se afectan a terceros o autoridades, puesto que la decisión de todo ente público administrativo se sujeta al control de los Tribunales. Pero es el caso que  ninguna ley establece qué tribunal puede conocer de estos asuntos, y ante la circunstancia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que las decisiones del IFAI no deben controvertirse, la iniciativa propone solucionar el asunto dando las bases constitucionales de actuación del IFAI, bajo el conocido aforismo de que una vez adquirido ese rango, sencillamente “la constitución no es inconstitucional”, por aplicación llana del principio lógico de identidad y de contradicción en materia jurídica. Por eso es que en la reforma se propone que el IFAI sea la única instancia ante la cual se dirima las peticiones, negativas y revisiones -con exclusión de la Corte por ser el máximo órgano de control constitucional- y, por tanto, el IFAI tendría la facultad de iniciar acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes que vulneren el derecho de acceso a la información o la protección de datos personales. De elevarse a rango constitucional, existiría el IFAI con un número de comisionados aumentado a siete miembros, y plena autonomía para resolver en cuáles casos y ante qué peticiones las autoridades de los poderes Legislativo, Judicial, entidades federativas, órganos autónomos y organismos federales, deberán entregar la información solicitada por cualquier ciudadano, y sin ninguna dilación ni controversia, salvo aquella sobre la que la propia ley establezca reserva, pero ya no sujeta a la voluntad o discrecionalidad interpretativa de algún servidor público. Trátase de poner orden en una materia harto discutida que exige mayor efectividad para la protección del derecho humano de acceso a la información. Ahora, la iniciativa está en las comisiones legislativas del Senado, para su análisis y dictamen… todo un paquete ¿Cómo pasará la prueba legislativa?

Los Presidentes y la Iniciativa en materia de Contabilidad Gubernamental de Trámite Preferente

Acordada con el Presidente electo Peña Nieto, el Presidente Calderón envió, también con carácter preferente, la iniciativa para modificar la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a fin de facilitar la forma en que se entrega y publicita toda la información público-financiera del país, haciéndola más accesible a los órganos de fiscalización y a la sociedad, según consta en su exposición de motivos. La propuesta apunta la idea de hacer homogénea y “transparente” la información presupuestal, desde el origen del proceso presupuestario hasta la rendición de cuentas de su ejercicio, añadiendo medidas para que esté a disposición de todo ciudadano que la solicite; obligaciones todas, además, de las que deberán responder federación, entidades federativas y municipios, ordenándose su difusión plena en internet, sin restricción de ningún tipo, con lo que prácticamente se acabaría con los criterios generales de reserva y confidencialidad que en materia de fiscalización han privado hasta nuestros días, que impedían conocer la información financiera fiscalizable antes de la presentación oficial de cuentas públicas a los congresos federal o estatales. Al efecto, se hace obligatorio para todos los entes fiscalizables: sujetarse a las normas y formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); publicar en internet la información que da cuenta de las operaciones financieras de manera trimestral, y mantener durante al menos seis ejercicios fiscales (6 años, pues) disponible toda la mencionada información. En suma, sin excepción alguna, todos los ingresos, obligaciones de garantía o pago (deuda pública) o pasivos de cualquier tipo, prioridades de gasto, programas y aplicación de recursos por cualquier forma que se haga, deberán publicarse conforme a los criterios, normas y formatos del CONAC, y además federación, estados (incluido Distrito federal) y municipios deberán difundir toda esta masa de datos financieros en internet, pero de forma accesible para los ciudadanos. Esto supone que, con independencia de las muy técnicas clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica y geográfica con que las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos se elaboran (hasta ahora reservada sólo para iniciados), deberá utilizarse un lenguaje, si no coloquial, asequible para toda persona, es decir, para el ciudadano común interesado en saber qué se hace con el dinero público a cuya formación contribuye con sus impuestos, y con la suma de impuestos que pagan todos los demás contribuyentes. En la propia iniciativa se otorga un carácter fundamental a la evaluación del desempeño de servidores públicos y programas, la cual, incluso, deberá difundirse en internet antes de que se presenten los proyectos de presupuesto de egresos de cada año y, además, deberá publicitarse la evolución de ese desempeño cada tres meses. De aprobarse estas modificaciones, los gobiernos federal, local y municipales deberán registrar ante la Tesorería de la Federación y de los órganos de fiscalización, las cuentas bancarias productivas en que se depositan y manejan todos los recursos financieros fiscalizables. Al parecer, se trata de una verdadera revolución en materia de gasto público y fiscalización superior, que buscaría acabar con la opacidad sufrida en materia de gasto público en los últimos años. ¿Se aprobará esta reforma?

El Presidente y la Iniciativa Laboral de Trámite Preferente

En el epílogo de su sexenio, el Presidente Calderón envió una iniciativa en materia laboral, con calidad de “preferente”, que es el término con el que ahora la Constitución Federal dispone, en el penúltimo párrafo de su artículo 71, que se deben tratar las iniciativas (hasta dos) que el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión presente el Presidente de la República “para trámite preferente”-o hasta dos pendientes de dictamen que, con ese carácter hubiere presentado en periodos anteriores. La preferencia significa que en un plazo no mayor a 30 días naturales, la iniciativa “preferente” debe discutirse y votarse por el pleno de la Cámara en que se hubiere presentado o, si no fuere así, “la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno”. Si el proyecto de ley o decreto fuere aprobado, “pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas”. Por su materia y trámite preponderante, el camino de la iniciativa seguirá cuatro posibilidades: a) Se dictamina en sus términos, positivamente, por las comisiones legislativas a que fue turnada; luego, se discute y aprueba por el pleno, y pasa a la colegisladora; 2) Se dictamina con cambios en comisiones, se discute y aprueba por el pleno, y va a la colegisladora; c) Se discute y no logra mayoría de votos en comisiones legislativas y, por tanto, ya no se debate en el Pleno cameral; y, e) No se dictamina en un plazo de 30 días y, sin más se somete al pleno el cual aprueba o rechaza. Por cuanto a su sustancia, la iniciativa apunta que la reforma laboral es insoslayable, urgente, y que esta materia ha estado en el debate público los últimos quince años, porque el comportamiento de la economía y la creciente demografía en nuestro país, indican situaciones de crisis y mayor competencia por los puestos de trabajo. Así, según la iniciativa, modernizar la Ley Federal del Trabajo permitiría generar más empleos y regularizar aquellas relaciones laborales que hoy se desarrollan en la informalidad; al tiempo que se introduciría mayor certeza jurídica a los sectores productivos, particularmente en el ámbito de la impartición de justicia y la conciliación, para garantizar el equilibrio entre los factores de la producción. Por tanto, se proponen nuevas modalidades de contratación, períodos de prueba, contratos de capacitación inicial y para el trabajo de temporada, con el propósito de atender las circunstancias que privan en el mercado de trabajo; reglamentar el outsourcing (subcontratación de personal) para evitar la evasión y elusión del cumplimiento de obligaciones fiscales y patronales; acotando a un año el pago de salarios caídos. Además de proponer procedimientos sumarios para resolver controversias laborales, la iniciativa se orienta de lleno a verificar nuevas reglas para la tramitación de las demandas de titularidad de contrato colectivo de trabajo, y la representación de los trabajadores mediante voto libre, directo y secreto para el recuento de los trabajadores en los conflictos de huelga y titularidad de contrato colectivo de trabajo y administración de contrato ley, a la par que se hace pública toda la información de los registros de los sindicatos. De ser así, las reformas laborales actualizarían situaciones inéditas que involucrarían a trabajadores, sindicatos y patrones. ¿Pasará la prueba legislativa?

Peña Nieto y López Obrador: caminos diferentes

El lunes de esta semana empezó con declaraciones importantes, sino es que claves, para comprender la acción política que se emprenderá en los próximos días y semanas. Enrique Peña Nieto ha anunciado la presentación de dos iniciativas por conducto de los legisladores del grupo parlamentario del PRI que, de lograrse, se constituirían en el preludio de un conjunto de reformas estructurales largamente reclamadas. En el plano constitucional, se propone la autonomía plena del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), y la eliminación de prácticamente todas las reservas de ley (aunque se mantendrían en asuntos seguridad nacional y datos personales, o cuando lo determinara la Suprema Corte de Justicia), sujetando a los tres poderes federales, así como a organismos de estados y municipios, a la esfera de competencia del IFAI, y sus resoluciones serían inatacables; es decir, un verdadero ombudsman en materia de derecho de acceso a la información pública, con atribuciones para aplicar sanciones administrativas (desde multas hasta remoción del cargo) y promover denuncias penales. Correlativamente, porque así lo son estas materias, se plantea la extinción de la Secretaría de la Función Pública, en reconocimiento de que no vigila ni controla nada desde hace más de 25 años, desde que era Contraloría General de la República, a no ser a uno que otro funcionario menor despistado o ignorante de las más elementales responsabilidades en el servicio público, pero nunca asuntos importantes, a no ser para encubrir, no obstante notables casos de corrupción en diferentes dependencias y entidades federales (Lotería Nacional, Pemex, CFE, Issste, Imss; ni para qué seguirle: impunidad llana). En su lugar, se propone la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, integrada por cinco ciudadanos, con autonomía constitucional para fincar responsabilidades administrativas y penales, dotándola de facultades de investigación amplias para sancionar a los servidores públicos de los tres poderes federales, de los estados y de los municipios, y también a los ciudadanos involucrados (esto último toda una novedad). Estaríamos, tanto en materia de acceso a la información como en lo relativo a responsabilidades en el servicio público, ante dos instituciones colegiadas de naturaleza constitucional, con verdaderos “dientes y garras” para dar eficacia a sus decisiones, como lo ha dicho el equipo de transición del Presidente Electo. Por su parte, López Obrador se separó “sin ruptura” del PRD, PT y MC, para seguir su camino con el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), actualmente asociación civil, en la previsible ruta de su conversión en un nuevo partido político. Se declara en desobediencia civil y contrario a un régimen que califica de antidemocrático (al actual gobierno y al que todavía no empieza). Derrotado en la elección federal y vencido en el interior del que fuera el partido que lo hizo Jefe de Gobierno del Distrito Federal, fijó su postura en contra de cualquier reforma laboral, fiscal o de privatización energética que afecte “los intereses del pueblo”. Este discurso y seis años parecen poco tiempo para formar un partido político competitivo hacia el 2018, o muchos para un cuasi-eterno candidato cuyo desgaste personal o su accionar político, es más que evidente. Así pintan el Gobierno y su Oposición más dura en los próximos años. Nuevos inicios.

Nueva Legislatura Federal (tercero y último)

La nueva LXII Legislatura del Congreso de la Unión inició sus trabajos con los datos concurrentes del desechamiento de los recursos promovidos por los partidarios de Andrés Manuel López Obrador en contra de la elección presidencial, la entrega de la constancia de presidente electo a Peña Nieto, la presentación del sexto y último informe de gobierno del presidente Calderón Hinojosa, las primeras manifestaciones de los legisladores de izquierda en el salón de sesiones y en la tribuna de la cámara federal de diputados en oposición a las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el anuncio de esos legisladores de que presentarán denuncias de juicio político en contra de los magistrados de este tribunal, así como la presentación de la iniciativa preferente remitida por el ejecutivo federal en materia laboral. Además de la vía jurídica desahogada en su última instancia por el Tribunal Electoral federal, razones demográficas (población votante de 18 y más años de edad), técnico-administrativas (cambios de domicilio, pérdida o renovación de credenciales para votar), y nivel de abstencionismo, entre otras, dan cuenta del porqué con una votación de 19 millones 158 mil votos (38.20%) Peña Nieto gobernará a una población de más de 110 millones de personas. Y ese volumen de votos añade el criterio de mesura y prudencia con que seguramente se conducirá el nuevo Presidente de México a partir del 1° de diciembre. Las cifras siempre ayudan a dimensionar el tamaño de la acción política. Recordemos que López Obrador obtuvo 15 millones 800 mil (31.59%), Vázquez Mota 12 millones 700 mil (25.41%) y Quadri más de 1 millón 100 mil (2.29%). Nadie que ha ganado la Presidencia de la República en los últimos sexenios, lo ha hecho con votaciones superiores a estas cifras, tanto en números absolutos como relativos. Simplemente, los anteriores han olvidado está condición política y las diferencias y conflictos se han acentuado en diversos campos que requieren de entendimiento y conciliación. Por cuanto a las manifestaciones camerales, no hay nada nuevo, la de diputados es una cámara que se convierte cada vez más en una caja de resonancia del debate nacional y del posicionamiento público. Pero a la vez hay novedades: las protestas interiores, de inicio, han sido intensas pero pacíficas, y la negociación sobre la distribución de comisiones legislativas marcha en términos claros, a la espera de nombres y apellidos. Y en lo que hace a las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, se dirigen de lleno contra el corazón de lo que éste considera que es la fuente del corporativismo: los liderazgos sindicales que afectan los derechos de los trabajadores e impiden la competitividad y productividad en los centros de trabajo. En esa lógica, las reformas propuestas por el Presidente consisten en: voto libre, secreto y directo para los trabajadores; obligación de los sindicatos de someterse a auditorías externas, y rendición de cuentas a los trabajadores sobre cuotas sindicales, entre lo más importante. En este contexto, el Presidente Electo, Enrique Peña Nieto, anunció los nombres de los integrantes de su equipo de transición que trabajarán con los funcionarios salientes calderonistas. Ah, y no tenemos fuga de capitales ni brusca inflación. Indiscutiblemente, a pesar de los pesares, como Nación hemos avanzado hacia un mayor grado de gobierno y civilidad, dentro de nuestra muy joven democracia.

Nueva Legislatura Federal (II)

En 1997 se dio la muy difícil instalación de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, cuando ninguno de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, mediante su respectivos Grupos Parlamentarios, pudo lograr por sí mismo la mitad más uno de los asientos o curules del total de 500 que componen la que en otras latitudes se denomina Cámara Baja. La ausencia de una mayoría absoluta trajo como consecuencia la recomposición de los órganos congresionales internos, la presidencia rotativa de los mismos y la diferenciación entre Presidente de la Mesa Directiva (órgano de representación externa) y Presidente de la Junta de Coordinación Política (órgano de gobierno interior), así como la distribución proporcional de las comisiones legislativas entre las que se divide el trabajo legislativo de dictamen de iniciativas de ley o decreto, atendiendo al porcentaje de legisladores. O sea, simple aritmética de quebrados: numeradores divididos entre denominadores.

La composición heterogénea del Congreso de la Unión, sin mayorías absolutas en ninguna de sus dos Cámaras desde el año 2000, seguirá así al menos otros tres años en la de Diputados y seis años en la de Senadores. Luego entonces las alianzas electorales se transformarán en alianzas parlamentarias para lograr efectividad en la aprobación de reformas legales, pero seguirá siendo mucho más difícil producir mayorías calificadas (2/3 del total de votos aprobatorios en cada Cámara) para lograr reformas constitucionales. A esto se debe que los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN y PRD, principalmente, estén acordando la distribución de los diversos órganos legislativos en ambas Cámaras, conforme a las previsiones que establecen la Ley Orgánica y los Reglamentos de cada Cámara. No hay misterios: pactismo, disenso y ordenamiento parlamentario, son la esencia de la real praxis parlamentaria.

El acuerdo entre legisladores recaerá sobre las posiciones directivas tanto de los respectivos plenos como de sus comisiones, porque, por ejemplo, si bien es cierto que no hay diferencia legal entre las distintas comisiones ordinarias de dictamen, por supuesto que sí la hay por cuanto a su competencia. Póngase de ejemplo representativo el caso de la Cámara de Diputados, que tiene las importantes comisiones “económicas” de  Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública, la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, la de Energía, y la de Economía, o las comisiones “políticas” como Gobernación, Puntos Constitucionales, Seguridad, Justicia, Trabajo, Agricultura y Desarrollo Social. Como dijimos antes, la correlación de fuerzas pasa por la frialdad de los números, porque el piso de la acción parlamentaria se forma por el dato duro de que en la Cámara de Diputados: el PRI tendrá 207; el PAN, 114; PRD, 100; PVEM, 34; PT, 19; MC, 16; y PANAL, 10. En la de Senadores: PRI, 52; PAN, 38; PRD, 22; PVEM, 9; PT, 4; MC, 2; y PANAL, 1. Para ser muy formales, diremos que la Sesión Constitutiva de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión, se efectuará el miércoles 29 de agosto a las 11:00 horas, en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro; en tanto que el inicio de labores reales se dará el 1 de septiembre. Y ahora sí, veremos los primeros escarceos en el mejor reflector nacional: la tribuna legislativa.

Nueva Legislatura Federal (I)

Dentro de diez días tendrá lugar la instalación del Congreso General de la Unión y de sus respectivas Cámaras de Diputados y de Senadores. La designación o elección de los coordinadores parlamentarios de los diversos partidos con representación en estas asambleas políticas nacionales, parece sujetarse al camino de la eficacia política y el currículum legislativo, como en el caso de los legisladores del PRI, que tendrán en la presencia del diputado Manlio Fabio Beltrones y del senador Emilio Gamboa Patrón, a dos legisladores natos, negociadores parlamentarios avezados y también de largo andar, en la administración pública, tanto estatal como federal. Intercambian lugares pero mantienen responsabilidades y, todo parece indicar, continuidad política y legislativa, porque son legisladores que prácticamente han asistido a la negociación y aprobación de la legislación federal expedida en la última década. También se les ha denominado “pesos completos” de sagacidad y capacidad probada para los acuerdos intramuros, lo cual hace evidente que el próximo Presidente de la República opta por el cálculo político de la eficacia legislativa para sacar adelante su plan de gobierno, que inevitablemente pasará por la agenda legislativa, habida cuenta de los compromisos públicos asumidos y de aquellos relacionados con la estructuración de los clásicos rubros de: política interior, política exterior, política económica y política social. Por lo que hace a los demás partidos, PAN y PRD conforman la “oposición” que se conducirá conforme a la muy vieja pero absolutamente actual fórmula de que “toda oposición gobierna oponiéndose”. Por el PAN, Luis Alberto Villareal García será el coordinador de su bancada en la Cámara de Diputados. Se trata de un legislador capaz en las lides parlamentarias, abogado, posgraduado, ex diputado federal (2000-2003) y ex senador (2006-2012), que ya fue Presidente de la Mesa Directiva y de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República. Su coequipero en la Cámara Alta será Ernesto Javier Cordero Arroyo, actuario posgraduado, ex secretario de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público, a quien todavía le alcanzó el “dedo mágico” del Presidente Calderón para llegar a la coordinación parlamentaria del PAN, sin ningún antecedente legislativo ni de elección popular, a no ser la caricatura de precandidatura presidencial que protagonizó de forma patética e incolora en su partido, adjetivos estos últimos que parecen pintar su personalidad y la debilidad del liderazgo artificial que le tocará desempeñar, quién sabe por cuánto tiempo. Por el PRD, en la Cámara de Diputados estará como coordinador parlamentario Silvano Aureoles Conejo, ex diputado federal (2000-2003), ex senador (2006-2012) y ex candidato a Gobernador de su Estado, Michoacán, en la última elección local. Ingeniero agrónomo posgraduado, no es ningún improvisado y, antes bien, es un legislador con experiencia que ya se desempeñó como Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República. Su compañero de partido, coordinador del grupo parlamentario en el Senado, será Luis Miguel Barbosa Huerta, abogado, ex diputado federal, de larga práctica partidaria y ducho en las peleas tribales características de la izquierda perredista. En la siguiente entrega veremos la correlación de fuerzas que, en toda acción parlamentaria, pasa por la frialdad de los números.

Olimpiadas

Imposible dejar de referirse a un evento y fenómeno de carácter mundial, de trasfondo económico evidente, e innegable interjuego de elementos políticos y sociales, de igual o mayor impacto. Desde la psicología social, hace ya más de 50 años que las competencias deportivas regionales, nacionales, continentales o las olímpicas, han sido consideradas como una manifestación transformada de los impulsos o instintos “de guerra” que llevan a la ley del más fuerte entre seres humanos y entre pueblos, produciendo en el extremo destrucción masiva de vidas y recursos. Toda competencia deportiva se une a criterios de nacionalismo, provocando una canalización social de las pulsiones humanas originales de dominio y contradominio, hacia formas socialmente admitidas de rivalidad y premio, pero sin muertos ni heridos que lamentar. Las Olimpiadas también han representado la competencia entre modelos políticos opuestos en el pasado todavía reciente, tal como se vivió en la lógica de la guerra fría entre el bloque americano y el bloque ruso, máximos acaparadores del medallero olímpico, sobre todo desde la década de los 50´s del siglo pasado. Capitalismo y comunismo, como formas de expresión política, competían por saber y demostrar cuál garantizaba el mejor tipo de atleta y, por consiguiente, el mejor “hombre de excelencia física”. EUA también competiría con Rusia para arrebatarle la idea del mejor “hombre de excelencia intelectual” que se expresaba en el larguísimo monopolio ruso sobre el deporte-ciencia: el ajedrez. Una vez disuelta la otrora URSS, China tomaría su lugar como contrapeso económico y geopolítico, con su propia concepción de un comunismo al estilo “Mao Tse Tung” recargado con nociones de industrialización y competencia económica sui géneris que la han llevado a una producción material sin precedentes en la historia, aunque la democratización interior de los beneficios es todavía una idea más que una realidad. El éxito de su modelo político-económico se “argumentaría” o reflejaría con el número de medallas olímpicas obtenidas: segundo lugar, después de EUA, pero por encima de Gran Bretaña y Rusia. El medallero, así, resultaría una especie de indicador de las bondades de los sistemas políticos y económicos imperantes en tal o cual nación, o una muestra de la falta de desarrollo o dependencia de quienes no participan de él o lo hacen de manera marginal. Los sociólogos de la escuela de Weber dirían que las olimpíadas habría que entenderlas e implicarlas en la búsqueda del “prestigio” que en toda formación política persiguen sus líderes y dirigentes. Pero no todos se sumergen en estas explicaciones.

Una gran mayoría simplemente vive o siente las medallas como suyas cuando las gana alguien de su mismo país, porque su simbolismo es profundamente catártico: El atleta llora y sus connacionales estallan en júbilo porque los une un sentido de pertenencia, de unidad, de compartimiento de lo común, de aspiración a “lo superior”. Por eso cuando se pierde se tienen sensaciones de tristeza o desencanto colectivo. Ganamos o perdemos todos. Y los estados de ánimo también pertenecen a la realidad, viven dentro de nosotros, y con esos jirones de vida construimos ideales, fe, creencias y convicciones. Felicidades a nuestros olímpicos mexicanos, felicidades por ellos y por nosotros.

Democratización vs. Partidización

En uno de sus más famosos “Diálogos” -el de la “República”- Platón apuntaba que uno de los riesgos de la democracia, como forma de gobierno, era el de la partidización, apuntando que el riesgo que se corría al democratizar el poder era que el pueblo y la administración pública podían caer con relativa facilidad en manos de partidos o facciones con intereses parciales y tendencias egoístas. Para argumentar tal posibilidad, puso en boca de Sócrates la discusión, con Polemarco y con Trasímaco, sobre el tema de la Justicia. Platón escribió así, hace alrededor de 2 300 años, quizá, el tratado más antiguo de lo que hoy llamamos ciencia política, mediante el método de examinar los hechos de la realidad política ateniense de entonces, y contrastar esa  situación fáctica con el régimen político ideal de una ciudad-estado construida sobre la virtud del conocimiento racional, donde hubiera “filósofos reyes” que constituyeran una aristocracia o “gobierno de los mejores”. El antídoto para contrarrestar los “defectos” o “desviaciones” de la democracia e impedir una partidización de la política y el gobierno lo encontraba en la educación: educación del ciudadano y educación del gobernante. Luego entonces, antes que los republicanos romanos del siglo II a. C. -y que el cristianismo original del siglo I d. C. fundado en la creencia en un comunismo primitivo o democratización de los “bienes de dios” y de la “comunidad-” Platón había expresado que la mejor forma de evitar la partidización o “tendencionismo” de los “unos cuantos” sobre “los otros muchos”, era la de impulsar una formación o preparación de los habitantes de los “demos” (barrios), tribus y miembros de la “ecclesia” (asamblea). La crítica descontextualizada de Popper contra Platón, no hizo mella tal que hubiere dejado sin contenido a las ideas platónicas, porque hay que tomar éstas en el riguroso contexto de una sociedad civil y política totalmente diferente de la actual o, mejor dicho, de las actuales sociedades occidentales. La democracia como forma de vida o instrumento político, con todos los defectos que pudiéramos señalar, más allá de los expresados por Platón, es hoy, entre nosotros, una mejor opción de vida y de organización civil e institucionalización del poder, que la más acreditada monarquía o el despotismo más ilustrado que se quisiera defender. Nuestro país es un ejemplo vívido de esto. En los últimos 25 años hemos pasado del descrédito y desconfianza en los comicios, a la partidización de sus resultados mediante protestas públicas de todo orden. Platón diría, quizá, que nos hace falta masificar la educación y, muchos de nosotros, tal vez diríamos que tendría razón, pero añadiríamos datos que no tuvo a la mano ese pensador, porque no podía históricamente haberlos tenido. Frente a la partidización política –actitud política extremista, de carácter interesada y exigencia egoísta- que siempre habrá y seguirá habiendo, debemos oponer los mejores argumentos de la democracia para construir una sociedad abierta: reconocimiento de derechos individuales y colectivos fundados en principios de igualdad y equidad (derechos humanos);  instituciones ciudadanizadas y profesionales para resolver nuestros conflictos; y creación y fortalecimiento del mejor árbitro de la democracia: la legalidad, porque ésta se basa siempre en tres premisas humanas fundamentales: Educación, Ley y Libertad.

Nuevo Código Electoral en Veracruz

Toda vez que el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, establece que “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”, y que en Veracruz el proceso electoral para la renovación en 2013 del Congreso local y de los ayuntamientos (ahora con periodos de cuatro años de gobierno), inicia en noviembre de 2012, a iniciativa del Gobernador del Estado tuvo lugar el proceso legislativo por el que se reformó la Constitución del Estado (23 de julio de 2012, Gaceta Oficial) y se aprobó apenas este lunes 30 de agosto la nueva codificación electoral.

La reforma constitucional, de suyo, es importante, porque vino a resolver, entre otras cuestiones, el problema instaurado en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución Local, como resultado de un imperfecto acuerdo político en el año 2000, que provocó una redacción confusa que hizo oscura la base para la distribución de diputaciones plurinominales, al introducir la noción de partido mayoritario sin señalar las reglas para su aplicación, produciendo con ello que en todos los procesos electorales locales sucedidos desde entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hubiera tenido que efectuar un proceso de interpretación prácticamente distinto, porque la confusión llegó a tal extremo que la propia autoridad jurisdiccional no sostuvo un criterio uniforme y, antes bien, lo cambió en tres ocasiones, debido a la deficiente redacción del dispositivo constitucional, que fue escrito sin cuidar ni modelar sus posibilidades de aplicación, e introducido durante el debate mismo de aprobación de la Constitución de Veracruz del año 2000, como propuesta de adición al artículo 21 del dictamen de ley en ese entonces a discusión.

Por eso, en los años de 2004, 2007 y 2010, para la distribución de las curules de representación proporcional del congreso veracruzano, el Tribunal Electoral tuvo no sólo problemas de interpretación, sino de aplicación diversa en cada ocasión. El problema se eludió durante doce años, hasta que ahora hubo la decisión política de resolverlo, como acaba de suceder con la reforma constitucional referida y la expedición del nuevo Código Electoral de Veracruz.

La voluntad política que se concitó no deja de ser notable, porque la ley electoral que regirá en las próximas elecciones de Veracruz fue votada por unanimidad de 49 votos a favor de un total de 50, y ninguna abstención ni voto en contra (sólo un diputado no pudo asistir, por enfermedad y muerte de su padre). Luego entonces, no sólo resulta políticamente evidente que si el acuerdo político es fundamental para la legitimación de las nuevas reglas electorales y la legitimidad del proceso electoral mismo, sino que tan sólo la importantísima corrección técnico-jurídica de orden constitucional y legal que por fin se aprobó, vale con creces el reconocimiento justificado a la aprobación de la normativa electoral en su conjunto, porque desde ahora mismo podremos tener certidumbre y seguridad jurídica en las reglas que regirán nuestros procesos electorales en Veracruz, debido a la consolidación de un criterio unificador. Cosa de voluntad política.