Resulta notablemente preocupante el clima electoral de inequidad que genera
la conducta del Presidente de la República –constitucionalmente, jefe de estado
y jefe de gobierno-, a quien, desde que asumió el cargo, las más diversas voces
y plumas le reclaman insolvencia política e incapacidad personal para estar a
la altura del cargo que ocupa, empeñado en actuar más como si fuera un
presidente de partido –que ya lo fue-, en cuanta elección federal o local se ha
celebrado durante su mandato. En el rosario de comentarios, se incluyen los
relativos a intromisiones en su propio partido, nepotismo en la designación de
candidatos (el caso de su hermana, malograda excandidata a la gubernatura de
Michoacán) y manoseo en la elección de consejeros y funcionarios partidistas del
PAN. En ese terreno, la crítica política seria se ha apoyado en el análisis y
la conclusión informada que caracterizan al periodismo profesional, sin que
necesariamente ello sea equivalente de la denominada prueba jurídica, útil para
procedimientos administrativos o penales de conclusión judicial. Sin embargo,
dos determinaciones del Instituto Federal Electoral, una en 2010 y otra apenas
la semana pasada de este abril de 2012, que tienen la calidad legal de
evidencia documental emitida por una institución pública de orden y competencia
federal, han puesto nuevamente en el debate nacional el acento sobre la
protección constitucional de que goza el Presidente de la República frente a
casi cualquier presunción de comisión de delitos, en este caso electorales. En
2010, durante el proceso electoral en 15 entidades federativas, el Presidente
Calderón, desde entonces en campaña, hizo y transmitió anuncios y mensajes
sobre inseguridad y logros en materia de salud. Ahora en 2012, el IFE determinó
que el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, violó otra vez la
ley electoral federal (Cofipe), al distribuir, mediante del Sistema de
Administración Tributaria, cartas firmadas por él cuyo contenido (con alusión
expresa a obras y acciones gubernamentales) genera inequidad en la contienda electoral.
A confesión de parte, relevo de pruebas, reza un viejo adagio jurídico. Pero, más
allá de que el Presidente sólo puede ser acusado, durante su mandato, por
traición a la patria y delitos graves, y de que esa protección se agota con el
término de su mandato –después de lo cual puede ser acusado y procesado como
cualquier ciudadano-, es decir, más allá de las consecuencias jurídicas debidas
a la conducta desplegada por el Titular del Ejecutivo Federal, a las que habría
que sumar la violación a su protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución
General de la República, es grave que el Presidente Calderón –no el abogado
Calderón-, muestre una conducta carente de mesura política. Con la actuación
que le atribuye pública y oficialmente el Instituto Federal Electoral, el
presidente Calderón se nos muestra falto de la altura constitucional que se
exige de todo jefe de estado, y carente de la sensibilidad social necesaria
para mantener en la mira el costo histórico que ha tenido para los habitantes y
ciudadanos de este país el camino a la democracia. La determinación del IFE parece
confirmar que hace buen rato el Presidente cambió la brújula nacional por la
partidaria, y sin conocimiento de la verdad de un antiguo axioma político: el
gobernante gobierna para el presente; el estadista lo hace para el futuro.
miércoles, 25 de abril de 2012
miércoles, 18 de abril de 2012
Soberanía y Expropiación
La “soberanía” es un concepto de expresión socio-histórica y, por supuesto,
jurídico-constitucional. En el primer sentido, se liga con los de nación,
patria y matria, que dan contenido al “ser nacional”; en tanto que, en el
segundo, refiere al principal atributo de todo Estado que se refleja en los
principios de independencia e impenetrabilidad que poseen los elementos que lo estructuran:
población, territorio y legislación. Cuando a propósito de la firma del Tratado
de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, vigente desde el 1° de
enero de 1994, el entonces primer ministro de este último país, Jean Chrètien, en
visita oficial al nuestro, fue recibido también en el Congreso de la Unión, después
de un cuidado discurso diplomático en el Palacio Legislativo de San Lázaro, fue
interpelado por algunos legisladores para preguntarle si el TLC no significaba
pérdida de soberanía para México, y contestó algo como esto: “cada vez que se
firma un tratado entre dos o más países, se cede un cierto monto de soberanía”,
y se sorprendía de que esta sencilla realidad fuera motivo de debates
acalorados entre nosotros. Pero el día de ayer, la Presidenta de Argentina, Cristina
Fernández de Kirchner, anunció que su gobierno procedía a la expropiación de la
petrolera Repsol-YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales, antes petrolera
estatal argentina, se privatizó en 1999 al venderse a Repsol, petrolera
española). Frente a un serio déficit energético y con reclamos sobre falta de
inversión de la empresa española a la que se culpa del descenso en la
producción de hidrocarburos, la mandataria de Argentina dijo que “la
expropiación busca dar al país libertad sobre su política energética” y que
“YPF es de toda la nación”. Para su decisión, la Presidenta de Argentina se
fundó en su calidad de Jefa de Estado, es decir, de representante de los
intereses nacionales frente al entorno político y económico exterior. En
realidad, con independencia de la información que empieza a fluir a favor o en
contra de la medida expropiatoria, estamos asistiendo a una situación que
reedita el viejo debate sobre la soberanía de los Estados Nacionales, vivido en
1939 en México (creación de Pemex) y en Brasil en 1953 (creación de Petrobras).
El desvanecimiento de las fronteras nacionales, observable en el campo de la
información y la comunicación electrónica, en los fenómenos intensos de
migración internacional, en la transnacionalización de las empresas y, por
supuesto, en la globalización económica de naturaleza multinacional, constituyen
un complejísimo macrofenómeno que muestra la acentuación de las diferencias
entre los países económicamente periféricos y los países centrales industrializados;
al contrario, el estatismo siempre ha sido acusado como la causa de la falta de
productividad y competitividad de las empresas públicas, sobre todo del sector
energético. Sin embargo, la soberanía sigue siendo un atributo constitucional
que superlativamente se materializa en acciones expropiatorias por razones de
utilidad o interés público. Al caso, Pemex tiene una participación de 9.49% en
Repsol, lo cual no justifica que el Presidente Calderón, como Jefe del Estado
mexicano, critique a su homóloga argentina, a la luz del artículo 89 de nuestra
constitución federal que ordena respeto a la autodeterminación de los pueblos y
no intervención (fracción X). ¿Quién nos metió en este pleito entre España y
Argentina?
martes, 10 de abril de 2012
El peso electoral de las entidades federativas
El padrón electoral nacional que registra el Instituto Federal Electoral
alcanza prácticamente la cifra de 85 millones de electores, pero quienes
efectivamente están inscritos y cuentan con credencial para votar son 79.5
millones de electores, de los cuales poco más de 41 millones (51 %) son mujeres
y también poco más de 38 millones (48 %) son hombres, que potencialmente podrán
sufragar en la jornada electoral de julio próximo. Casi el 50 % del total de
electores se ubica entre los 20 y 39 años de edad, en tanto que el 10%
corresponde a mayores de 65 años. Asimismo, debido a que se eligen presidente
de la república, diputados (500) y senadores (128) –separadamente de elecciones
locales a gobernador, diputados y ediles- el IFE emitirá más de 200 millones de
boletas electorales. De este conjunto de información electoral, un dato ineludible
es el relativo a las entidades federativas que concentran el mayor número de
electores: Estado de México (11 millones); Distrito Federal (7.5 millones);
Veracruz (5.7 millones); Jalisco (5.6 millones); Puebla (4.1 millones). Estas
cinco entidades, actualizaciones más, actualizaciones menos, representan el 40
% del padrón electoral, cuestión que todos los partidos políticos nacionales y
sus respectivos candidatos, con sus grupos de trabajo, registran con sumo
cuidado, por constituir una verdadera reserva electoral que, tan sólo
cuantitativamente, deja ver los verdaderos fieles de la balanza y la razón de
que sus territorios y habitantes sean visitados como objeto de especial
atención en materia de campañas políticas, por el peso electoral de cada una que
indiscutiblemente influirá de manera definitiva en la elección “total” federal
de este año.
Por supuesto, los porcentajes de participación/abstencionismo determinarán
el flujo real de votantes. Por ejemplo, el anterior referente de elección
presidencial, en 2006, aporta una cifra de participación efectiva global del
58.5%, respecto de la cual, nuevamente, las tres entidades mencionadas
mostraron porcentajes superiores a la media nacional: Estado de México, 68.27%;
Distrito Federal, 68.05%; y, Veracruz, 60.35%. A lo anterior hay que sumar la
circunstancia de que en las tres primeros entidades –Estado de México, Distrito
Federal y Veracruz- el número de empadronados ha crecido, en conjunto, en más
de medio millón de personas. Dicho de
otro modo, estas entidades poseen el mayor número de empadronados; sus padrones
crecen en tiempos electorales más que los de cualesquiera otras entidades
federativas; sus niveles de abstencionismo son más bajos que la media nacional;
y poseen, conjuntamente, el 30 % de los distritos electorales federales. De las
tres, el Estado de México y Veracruz son gobernados por el PRI, y el Distrito
Federal por el PRD; y si sumáramos los dos restantes, Jalisco es gobernado por
el PAN y Puebla por una alianza de partidos. Así las cifras, resulta estratégicamente
notable saber dónde los partidos políticos estiman tener las fortalezas
electorales que los llevan a diseñar y poner en marcha no sólo una campaña de
corte nacional, sino, al lado de ella, aquellas de verdadero peso específico
estatal, porque los montos de electores empadronados en estas serán determinantes
en la emisión y cómputo del voto. Los números no siempre son fríos, cuando exhiben
el calor de la contienda.
miércoles, 4 de abril de 2012
Inicio de campañas
Los inicios de media noche y horas subsiguientes de las formales campañas
de los candidatos a la Presidencia de la República, tuvieron como preludio no
sólo el fin del periodo de “intercampaña”, sino también la visita papal que dio
a los candidatos publicidad efectiva durante la veda de propaganda electoral;
pero también la realidad del cumplimiento de la cuota de género, so pena de
pérdida de registro vía advertencia del Instituto Federal Electoral, situación
a la que en diversos institutos políticos se le dio un tanto la vuelta,
mediante la postulación de candidatas familiares de los sustituidos, situación
que ya adelanta una más de las situaciones de pasivos normativo-electorales que
tendrán que atender los nuevos diputados y senadores al Congreso de la Unión, a
partir de septiembre de este año.
También en el preludio e inicio de campañas estuvo presente, el miércoles
de la semana pasada, el discurso informativo adelantado de gestión pública que,
en vía de hechos, hizo el Presidente de la República, así como su posterior
entrevista nocturna con periodistas de Televisa y Milenio, a manera de defensa
propia bajo formato de preguntas y respuestas, con extensión de más de una hora
de programa, durante el cual se abordaron puntos álgidos que se reclaman de
este gobierno federal sexenal. También, con el inicio electoral, llegó la
muerte de uno de los más reconocidos constitucionalistas contemporáneos del
ámbito nacional e internacional, el desde ahora académico histórico Dr. Jorge
Carpizo Mc Gregor, con merecido reconocimiento oficial; pero también el
impensado reconocimiento institucional que el gobierno federal hizo al ex
Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que introduce tintes de equilibrio
político en el trato que la Presidencia de la República puede llegar a tutelar,
con madurez y mesura, frente a actores políticos y un periodo que será de
franco enfrentamiento partidario y reclamos personalizados, que llegarán hasta
el día de la elección y su casi segura judicialización.
En el multicitado inicio también están presentes las encuestas de todo
tipo, que invariablemente -puntos más, puntos menos- dan una ventaja
estadística a Peña Nieto sobre Vázquez Mota y López Obrador (consúltese la
encuesta de seguimiento diario de Milenio); cuestión que explica los primeros
ejercicios de mercadotecnia electoral de éstos dos últimos, orientados a
“desbancar” al candidato puntero mediante señalamientos de “defectos”
personales o políticos; aunque al mismo tiempo sorprende que el candidato Quadri
de la Torre –de 0.5 a 0.7 % en la encuesta mencionada- sea quien, sin necesidad
de atacar a nadie dada su rala estadística electoral, justamente esté
realizando una campaña de propuestas específicas. La contienda electoral será
indudablemente competida entre PRI y PAN; traerá la jubilación electoral de
personajes políticos como López Obrador; y ya ¿anuncia? lo que seguirá dentro
de seis años: ¿Margarita Zavala, por confesión de su esposo el Presidente
Calderón? ¿Marcelo Ebrard, por necesaria renovación generacional?...De los
demás extremos no procede mención alguna, porque de quien encabeza preferencias
en toda elección presidencial, por obviedad, no resulta tema a discusión ni de
cálculo político; como tampoco para quien va muy abajo, con preocupaciones
inmediatistas sobre posible pérdida de registro… Este fue el arranque.
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