martes, 29 de mayo de 2012

Exámenes toxicológicos a funcionarios en Veracruz




Notable por cualquier ángulo que se le quiera ver, resulta el decreto firmado este lunes 28 de mayo, por el titular del Poder Ejecutivo de Veracruz. Y no sólo por la medida administrativa que se instruye, dirigida a los servidores públicos de las dependencias centralizadas y entidades paraestatales de la administración estatal, sino también por la invitación hecha por el Gobernador del Estado a las autoridades de otros poderes públicos, ayuntamientos y organismos autónomos del Estado, para instaurar en sus propias jurisdicciones medidas de similar aplicación, específicamente dirigidas a los denominados funcionarios o servidores públicos de confianza que ocupan los niveles jerárquicos de mandos medios y superiores. Se trata del dictado de una disposición superior -acto administrativo unilateral, válido, ejecutivo y ejecutable, que se ordena en ejercicio de autoridad- para que quienes ocupan los cargos de jefe de departamento hasta llegar a los de secretario de despacho, o equivalentes, se sujeten a “exámenes médicos o de laboratorio de carácter toxicológico”, necesarios para asegurar que su desempeño público no se vea afectado o influenciado por el consumo de fármacos, drogas o sustancias prohibidas por la ley.

Si en el plano teórico-jurídico nos encontramos ante la presencia de un ejercicio puro de derecho público-administrativo, en el plano social asistimos a la puesta en práctica de una muy larga y discutida idea en medios de todo tipo: la garantía de que quien actúa como agente del Estado, se encuentra libre del consumo, adicción o dependencia activa de cualquier sustancia prohibida, que pueda alterar o afectar su desempeño en la prestación de servicios públicos, dado que estos últimos deben prestarse de manera que se ajusten a características de regularidad, continuidad, uniformidad y permanencia, porque se orientan sustancialmente a la satisfacción de necesidades de interés general o fundamentales. Que los servidores públicos se encuentren en condiciones objetivas de aptitud, para cumplir con las necesidades del propio servicio público, es lo menos que se ha dicho con intensidad durante la última década, tanto en el ámbito nacional como en el local; pero que el máximo representante del Poder Ejecutivo –en nuestro caso, el Gobernador Duarte- se tome a sí mismo como sujeto de la idéntica obligación que impone a sus funcionarios y empleados del primer círculo y subsecuentes jerarquías, tampoco tiene precedentes de ningún tipo y así lo afirma en su decreto: “es convicción del titular del Poder Ejecutivo del Estado que, justamente, el Gobernador de Veracruz es el primer servidor público que debe someterse responsablemente a toda prueba de confianza en la prestación del servicio público, incluyendo las de orden médico y de laboratorio, de carácter toxicológico, para garantizar debidamente a la sociedad veracruzana, que se encuentra apto para el ejercicio del cargo y libre de dependencias o adicciones de fármacos, drogas o sustancias prohibidas por la ley, que pudieran afectar o poner en duda su desempeño”. Nada que añadir a esta medida refrescante, sobre todo a la luz de la máxima política en la democracia: toda convivencia humana libre supone el principio de que “el poder debe controlar al poder”.

miércoles, 16 de mayo de 2012

De la intercampaña al interdebate




Dado que al Instituto Federal Electoral (IFE), en ausencia de toda norma, le dio por inventar el concepto “intercampaña” para calificar al periodo situado entre las precampañas y el día anterior al inicio de la campañas de los candidatos federales (del 16 de febrero al 29 de marzo de este año), mediante un acuerdo de facto disfrazado de juridicidad; me atrevo a nombrar como “interdebate” –sobre todo por no ser autoridad electoral- al periodo que transcurrirá entre el primero y el segundo debate de los candidatos a la Presidencia de la República. Del debate inicial mucho se ha dicho y escrito, con razones e inclinaciones de todo tipo, pero lo expresado por y entre los aspirantes en el debate de esa noche -vía propuesta; vía respuesta; o vía contraataque- constituye el guión que todos ellos, sin excepción, han tratado de ampliar en sus mítines, spots, universidades y diversos espacios públicos. Y no podía ser de otra manera, porque: ¿A quién se le pudo ocurrir que los asuntos de interés nacional pueden debatirse con suficiente seriedad en lapsos de minuto y medio, o de dos o tres minutos? … Pues al IFE, que le ha dado por descargar culpas atribuyendo temas, preguntas y tiempos a los partidos políticos, o los defectos de producción y “sorpresas” en la transmisión al prestador de estos servicios. ¿Alguien tiene duda de que el segundo debate también será “de cartón”? ¿O es que habrá otras modificaciones para permitir una interacción y discusión de ideas más abierta y directa? El formato aprobado por el IFE no funciona, como tampoco funcionan muchas otras cosas en esa institución, atemorizada de sí misma, de su debilitada legislación y de la falta de imaginación responsable para intentar encauzar los encuentros entre candidatos, hacia un ejercicio de verdadera plaza pública. No es casual que todos los aspirantes comparecientes hayan tenido problemas de “timing”, es decir, dificultad para administrar la duración de sus participaciones, sujetas al rígido formato previamente aprobado. Dos o más veces, cada uno de ellos, no logró concluir sus comentarios, a no ser como un eco final jocoso y, después de una hora de debate, lo más sintomático de estas dificultades de tiempo, que sólo pueden resolver quienes laboran diaria o periódicamente frente a cámaras por tiempos estrictamente acotados, fue la circunstancia de que uno de los candidatos, por cuidar su tiempo, ¡terminó varios segundos antes su intervención!, produciendo titubeos de cámaras y de la moderadora. Esta última, por cierto, siempre sonriente, exhibió el encargo neutral de administrar los tiempos, o sea, la forma…en demérito del fondo, de la sustancia esperada como propuesta, del contenido programático de las ideas que después de la toma de protesta de quien asuma la presidencia, se deberán traducir en acciones y plan de gobierno. A la moderadora –“Lupita”, como todos la llamaron- no es posible reclamarle nada, porque simplemente no estaba en sus capacidades ni posibilidades alterar nada. Luego entonces, hay que voltear la vista hacia el IFE y preguntarle ¿qué va a cambiar en el segundo debate? porque a nadie conviene lo sucedido. Dicho de otro modo: si lo secundario cambiará (el productor renunció y tampoco repetirá la edecán), entonces ¿por qué no hacer cambios sustanciales para una verdadera confrontación de ideas?

martes, 8 de mayo de 2012

El Primer Debate de Candidatos a la Presidencia




Pues sí, el debate es el tema. Como tópica desahogada en su primera fase este pasado domingo 6 de mayo, el debate caminó previamente por la ruta de la puesta de acuerdo entre los partidos políticos, sobre contenidos, tiempos y sorteos, así como respecto del formato y la participación de los candidatos en su papel literal de actores políticos. Como tal, el debate evidenció constantes presentes en encuentros de este tipo: los extremos son generalmente los más afectados, porque el candidato puntero en las encuestas está prácticamente en el límite máximo de la intención del voto a su favor, es decir, estadísticamente tiene poco o nada que ganar y mucho que perder, circunstancia que lo hace objeto natural de los ataques u objeciones de los contendientes a la zaga; en tanto que el candidato colocado con las menores posibilidades estadísticas, tiene todo que ganar y poco o nada que perder. Por supuesto no hay observaciones infalibles, simplemente esta es una tendencia dominante registrada en diversos estudios que, sobre todo, la sociología americana ha realizado desde mediados de la década de los 60´s del siglo pasado, respecto de situaciones de contienda o discusión electoral semejante.

En nuestro contexto, el primer “extremo” se actualizó en la persona de Enrique Peña Nieto, atacado tanto por Josefina Vázquez Mota como por López Obrador; en tanto que en el otro extremo estuvo, solitario, Gabriel Quadri. Las encuestas de MILENIO-GEA/ISA de los días lunes 7 y martes 8 de mayo, reportan que Peña Nieto se mantuvo en 47%; Vázquez Mota pasó de 27 a 26%; López Obrador se mantuvo en 24 %; y Quadri subió de 1.4 a 3.2%. A la pregunta ¿quién ganó?, los breves números de apenas dos días indican que el candidato del PRI se mantuvo con sus expectativas altas; la candidata del PAN es la única que disminuyó sus números; el candidato del PRD también se mantuvo; y el candidato del PANAL subió notoriamente de la zona de pérdida de registro a la de conservación de registro como partido político nacional. En el horario de transmisión televisiva, el rating o teleaudiencia lo tuvo el programa “Pequeños gigantes” de Televisa, seguido del debate con 10 puntos, mientras que el partido de futbol Morelia-Tigres transmitido por TV Azteca tuvo 9 puntos; es decir, en promedio, el debate fue visto por 5.5 millones de personas. Por tanto, el perdedor fue el debate mismo, porque del gran total del rating tuvo sólo 1/3 de la teleaudiencia. Preocupante pues que el IFE se comporte festivo ante esto y que, por otra parte, tenga que hacer declaraciones y disculpas públicas por el affaire de la ahora famosa edecán, al parecer única ganadora de la transmisión del debate si sólo al rating ampliado nos atenemos.

Pero más allá de las simpatías políticas de los votantes del país, es grave que la transmisión de un asunto de interés nacional, como es conocer a quienes aspiran a dirigir los asuntos nacionales en los siguientes seis años, fuera boicoteado: en un caso, de manera soterrada (Televisa); y en otro, en franco enfrentamiento (TV Azteca). La Constitución Federal es contundente: las telecomunicaciones a través del espacio nacional corresponden al dominio directo de la Nación (art. 27), y su concesión temporal a particulares no elimina la rectoría del Estado ni su condición estratégica y prioritaria para la soberanía nacional (art. 28)…¿O qué parte de la Constitución no se entiende?

miércoles, 2 de mayo de 2012

1° y 5 de mayo




Mayo es de conmemoraciones significativas para nuestro país, casi tanto como septiembre. De original cuño socialista, el 1° de mayo se festeja como el día internacional del trabajo o de los trabajadores, representativo de la contradicción de intereses entre Capital y Trabajo, hoy día de renovada expresión dada la extensión del concepto “obrero” a todo “asalariado”, o viceversa, que tiene significativos antecedentes seglares impregnados de violencia: el luddismo o destrucción de las máquinas por los obreros ingleses desplazados de las fábricas, con su punto culminante en 1811-1812; el cartismo (Carta del Pueblo, 1837) o petición política de los obreros a la Cámara de los Comunes inglesa, por derechos de sufragio, pago justo y representación política; las revoluciones europeas de 1848, iniciadas en Francia, que provocaron la caída de varias monarquías, aunque de duración efímera; y la simbólicamente histórica muerte de los Mártires de Chicago, que iniciaron su huelga el 1° de mayo de 1886. Estos hechos provocaron, en 1889, la institucionalización internacional del 1° de mayo; pero, en curiosa dialéctica, sólo en Estados Unidos -y Canadá- no se festeja en esa fecha, sino el 1° de septiembre. Actualmente, la manifestación de obreros o asalariados ha cobrado nuevos bríos, frente al fenómeno general de empobrecimiento e, incluso, depauperación de los asalariados de todas latitudes, particularmente cierto en América Latina y no se diga en México, frente a los fenómenos de neoliberalismo y globalización que desde fines de los 80´s del siglo XX, han generado una concentración desigual de la riqueza, sin precedentes relativos ni absolutos en la historia mundial.

En cambio, el 5 de mayo es muy nuestro y muy festejado, con justificada razón histórica. El enfrentamiento de liberales y conservadores durante la década de 1850´s, con proyectos políticos de nación irreconciliables, la expedición de la Constitución del ´57, las diversas revueltas que antes y después de esta fecha produjeron la división de los Estados y del país, y la inmediata Guerra de Tres Años, tuvo como resultado el triunfo del ala liberal, con Juárez a la cabeza del gobierno federal y la plena aplicación de las Leyes de Reforma, promulgadas desde 1859. Con una hacienda pública exhausta, Juárez suspendió el pago de la deuda a usurarios británicos, españoles y franceses. El emperador de este último país, Napoleón III, animado por monarquistas mexicanos residentes en Europa, pretextó la ausencia de pagos para realizar la intervención armada en nuestro país, acompañado de británicos y españoles, aunque estos dos últimos fueron convencidos por el ministro Manuel Doblado, en el puerto de Veracruz, de que la falta de pago era temporal. El 17 de abril de 1862 los franceses avanzaron y el 4 y 5 de mayo el Conde Lorencez era derrotado por Zaragoza. Esto lo sabemos todos, y de ahí a la derrota definitiva del ejército francés y muerte de Maximiliano en 1867; pero menos conocida es la convicción de nuestros historiadores de que, antes de estos hechos, la disputa y desunión internas habían impedido alcanzar la constitución de nuestro ser nacional, y que después de medio siglo de incertidumbres, el verdadero triunfo fue que el 5 de mayo detonó la unión del sentimiento colectivo de mexicanidad con la idea social de nación. Zaragoza habría informado: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Indudablemente.