miércoles, 27 de junio de 2012

En la víspera de las elecciones




La elección total a la que acudiremos este próximo 1° de julio, producirá la renovación total de los poderes ejecutivo y legislativo del orden federal, y también tendremos elecciones en quince entidades federativas, donde se elegirán ejecutivos locales, legisladores, ediles y jefes delegacionales. Los candidatos a la Presidencia de la República tuvieron dos debates formales, organizados por el Instituto Federal Electoral, y al menos otros dos en la televisión comercial de las dos mayores televisoras de cadena abierta. Numerosas encuestas dieron cuenta de la intención del voto y apenas la de ayer, en Milenio, informó los datos siguientes: Peña Nieto, 45.5%; López Obrador 26.9%; Vázquez Mota 24.8%; y, Gabriel Quadri, 2.8%.
Plataformas electorales, declaraciones, entrevistas, propaganda oficial, gorras, playeras, prendas, enseres, revistas e impresos diversos, inundaron espacios, calles, bardas, así como ojos y oídos literalmente. En este campo, prácticamente existe un “empate técnico” porque todos los candidatos han logrado comunicar con suficiencia y abundancia -o hasta el hartazgo y la saciedad, según se vea- sus posiciones políticas y propuestas técnicas, en la medida que lo permitieron las condiciones reales de comunicación o información que tienen los diversos medios de difusión o propaganda empleados, todo en proporción a los topes de campaña y financiamiento público al que pudo acceder cada partido político, sustentados en el volumen de votos obtenidos en la última elección federal.
Luego entonces, a la luz de los diferenciales de porcentaje que provienen de las encuestas realizadas, todo pareciera indicar que la elección presidencial estaría resuelta, si nos atuviéramos a las tendencias electorales en las que, puntos porcentuales más o puntos porcentuales menos, hay coincidencia generalizada en que el puntero será el próximo Presidente de la República. En consecuencia, la pregunta más cuidadosa se ubicaría realmente en  el nivel de si esa ventaja porcentual alcanzaría para que el partido político ganador obtuviera la mayoría absoluta en las cámaras legislativas federales, es decir, la mitad más uno de los legisladores en cada caso. Política y socialmente, éste es un dato fundamental porque los último doce años (contados de septiembre del 2000 a agosto de 2012), hemos vivido lo que coloquialmente se conoce como gobierno dividido, es decir, “ejecutivo sin legislativo”, y a esta condición de orden fáctico se le ha atribuido el rezago legislativo y la ostensible mala legislación federal creada sin técnica visible pero con caprichos evidentes en ese lapso, así como las dificultades de construcción y aplicación de políticas públicas de largo aliento, con salvedad de las finanzas públicas que realmente se han beneficiado de los acuerdos constitucionales producidos desde los tempranos años noventa del siglo pasado. Una presidencia del color que sea, sin relación fiduciaria efectiva con las cámaras legislativas con las que debe desarrollar el programa normativo que le dé operatividad a las propuestas de gobierno, previsiblemente padecerá del obstruccionismo que, fundado o no, vivió el actual régimen y cuyo balance sexenal arroja un saldo social, económico y político muy cuestionable. Ya lo sabremos.



ENTIDADES FEDERATIVAS
GOBERNADOR
DIPUTADOS LOCALES

AYUNTAMIENTOS
Campeche

35
11
(municipios)

20
 (juntas municipales)

Colima

25
10

Distrito Federal

1
(Jefe de Gobierno)
35
(Asambleístas)
11
(Jefes delegacionales)

Estado de México


75
125
Guanajuato

1
36
46
Guerrero


46
81
Jalisco

1
39
125
Morelos

1
30
33
Nuevo León


44
51
Querétaro


25
18
San Luis Potosí


27
58
Sonora


33
72
Yucatán

1
25
106
Chiapas

1
40
118
Tabasco

1
35
17
TOTAL
7
550
871
(municipios)

11
(delegaciones DF)
20
(juntas municipales)

902
(total)


lunes, 18 de junio de 2012

En defensa de los periodistas




Diversas son las situaciones de violencia que el Estado Mexicano y los habitantes y vecinos de las entidades federativas enfrentamos hoy día, cuestión que exige acciones de gobierno para su protección y la de nuestras instituciones públicas y organizaciones civiles, con el fin de garantizar la convivencia social, la calidad de las relaciones humanas y la protección de los intereses más preciados por todos. Por eso, cualquier violación a nuestros derechos fundamentales a estar informados, a manifestar nuestras ideas y a expresarnos libremente, conculca la condición humana, porque la vitalidad de una sociedad proviene de las libertades de sus ciudadanos, a cuya protección el Estado debe acudir con responsabilidad social absoluta, dado que toda persona tiene derecho a opinar y a no ser censurado o molestado por ello, e igual o más libertad posee para investigar y recibir información, así como para difundirla sin limitación de fronteras y por cualquier medio de comunicación. El 7 de junio pasado, en el marco de la conmemoración a la Libertad de Expresión, el Titular del Poder Ejecutivo de Veracruz anunció el envío al Congreso local de la iniciativa para crear, en la Constitución de Veracruz, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, como organismo autónomo del Estado responsable de atender y velar por la integridad personal de los comunicadores, así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión. Y una semana después, el 14 de junio, como prueba triste y mortal del imperativo de contar con una institución protectora, el periodismo mexicano se enlutaba con la muy dolorosa muerte de Víctor Manuel Báez Chino, compañero apreciado de Milenio El Portal Veracruz.
  
Quienes dedican su vida personal y profesional a la comunicación social, son hombres y mujeres cuya actividad los coloca frente a riesgos y vulnerabilidades; y su mayor paradoja ha sido la de tener que “reportear” los casos de pérdida de la vida de sus propios compañeros de profesión. La violencia contra los comunicadores ha sido condenada socialmente y las autoridades constituidas no pueden permanecer indiferentes ante la gravedad de estos hechos, de fuerte impacto en la comunidad. Es en este contexto que debe examinarse la iniciativa del Gobernador de Veracruz, sin precedentes en el derecho nacional o en el de las entidades federativas, sobre todo porque se propone que la Comisión sea un órgano colegiado, con representación sustantiva de periodistas, propietarios o directivos de medios de comunicación; de organizaciones no gubernamentales; de investigadores del ámbito académico; y con participación mínima del gobierno (comunicación social y procuraduría de justicia), pero con la máxima obligación de servir como los principales obligados a acatar las instrucciones de la Comisión, en beneficio de la atención y protección de los periodistas. Es cierto: sólo una institución autónoma, de rango constitucional y con participación de quienes tienen en el periodismo su principal profesión, u objeto de estudio, representa una alternativa real, desde el orden de las instituciones sociales y públicas, para atender y resolver esta problemática indeseable que a todos nos afecta y a todos nos importa. En memoria de Víctor.