miércoles, 26 de septiembre de 2012

Los Presidentes y la Iniciativa en materia de Contabilidad Gubernamental de Trámite Preferente

Acordada con el Presidente electo Peña Nieto, el Presidente Calderón envió, también con carácter preferente, la iniciativa para modificar la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a fin de facilitar la forma en que se entrega y publicita toda la información público-financiera del país, haciéndola más accesible a los órganos de fiscalización y a la sociedad, según consta en su exposición de motivos. La propuesta apunta la idea de hacer homogénea y “transparente” la información presupuestal, desde el origen del proceso presupuestario hasta la rendición de cuentas de su ejercicio, añadiendo medidas para que esté a disposición de todo ciudadano que la solicite; obligaciones todas, además, de las que deberán responder federación, entidades federativas y municipios, ordenándose su difusión plena en internet, sin restricción de ningún tipo, con lo que prácticamente se acabaría con los criterios generales de reserva y confidencialidad que en materia de fiscalización han privado hasta nuestros días, que impedían conocer la información financiera fiscalizable antes de la presentación oficial de cuentas públicas a los congresos federal o estatales. Al efecto, se hace obligatorio para todos los entes fiscalizables: sujetarse a las normas y formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); publicar en internet la información que da cuenta de las operaciones financieras de manera trimestral, y mantener durante al menos seis ejercicios fiscales (6 años, pues) disponible toda la mencionada información. En suma, sin excepción alguna, todos los ingresos, obligaciones de garantía o pago (deuda pública) o pasivos de cualquier tipo, prioridades de gasto, programas y aplicación de recursos por cualquier forma que se haga, deberán publicarse conforme a los criterios, normas y formatos del CONAC, y además federación, estados (incluido Distrito federal) y municipios deberán difundir toda esta masa de datos financieros en internet, pero de forma accesible para los ciudadanos. Esto supone que, con independencia de las muy técnicas clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica y geográfica con que las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos se elaboran (hasta ahora reservada sólo para iniciados), deberá utilizarse un lenguaje, si no coloquial, asequible para toda persona, es decir, para el ciudadano común interesado en saber qué se hace con el dinero público a cuya formación contribuye con sus impuestos, y con la suma de impuestos que pagan todos los demás contribuyentes. En la propia iniciativa se otorga un carácter fundamental a la evaluación del desempeño de servidores públicos y programas, la cual, incluso, deberá difundirse en internet antes de que se presenten los proyectos de presupuesto de egresos de cada año y, además, deberá publicitarse la evolución de ese desempeño cada tres meses. De aprobarse estas modificaciones, los gobiernos federal, local y municipales deberán registrar ante la Tesorería de la Federación y de los órganos de fiscalización, las cuentas bancarias productivas en que se depositan y manejan todos los recursos financieros fiscalizables. Al parecer, se trata de una verdadera revolución en materia de gasto público y fiscalización superior, que buscaría acabar con la opacidad sufrida en materia de gasto público en los últimos años. ¿Se aprobará esta reforma?

miércoles, 19 de septiembre de 2012

El Presidente y la Iniciativa Laboral de Trámite Preferente

En el epílogo de su sexenio, el Presidente Calderón envió una iniciativa en materia laboral, con calidad de “preferente”, que es el término con el que ahora la Constitución Federal dispone, en el penúltimo párrafo de su artículo 71, que se deben tratar las iniciativas (hasta dos) que el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión presente el Presidente de la República “para trámite preferente”-o hasta dos pendientes de dictamen que, con ese carácter hubiere presentado en periodos anteriores. La preferencia significa que en un plazo no mayor a 30 días naturales, la iniciativa “preferente” debe discutirse y votarse por el pleno de la Cámara en que se hubiere presentado o, si no fuere así, “la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno”. Si el proyecto de ley o decreto fuere aprobado, “pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas”. Por su materia y trámite preponderante, el camino de la iniciativa seguirá cuatro posibilidades: a) Se dictamina en sus términos, positivamente, por las comisiones legislativas a que fue turnada; luego, se discute y aprueba por el pleno, y pasa a la colegisladora; 2) Se dictamina con cambios en comisiones, se discute y aprueba por el pleno, y va a la colegisladora; c) Se discute y no logra mayoría de votos en comisiones legislativas y, por tanto, ya no se debate en el Pleno cameral; y, e) No se dictamina en un plazo de 30 días y, sin más se somete al pleno el cual aprueba o rechaza. Por cuanto a su sustancia, la iniciativa apunta que la reforma laboral es insoslayable, urgente, y que esta materia ha estado en el debate público los últimos quince años, porque el comportamiento de la economía y la creciente demografía en nuestro país, indican situaciones de crisis y mayor competencia por los puestos de trabajo. Así, según la iniciativa, modernizar la Ley Federal del Trabajo permitiría generar más empleos y regularizar aquellas relaciones laborales que hoy se desarrollan en la informalidad; al tiempo que se introduciría mayor certeza jurídica a los sectores productivos, particularmente en el ámbito de la impartición de justicia y la conciliación, para garantizar el equilibrio entre los factores de la producción. Por tanto, se proponen nuevas modalidades de contratación, períodos de prueba, contratos de capacitación inicial y para el trabajo de temporada, con el propósito de atender las circunstancias que privan en el mercado de trabajo; reglamentar el outsourcing (subcontratación de personal) para evitar la evasión y elusión del cumplimiento de obligaciones fiscales y patronales; acotando a un año el pago de salarios caídos. Además de proponer procedimientos sumarios para resolver controversias laborales, la iniciativa se orienta de lleno a verificar nuevas reglas para la tramitación de las demandas de titularidad de contrato colectivo de trabajo, y la representación de los trabajadores mediante voto libre, directo y secreto para el recuento de los trabajadores en los conflictos de huelga y titularidad de contrato colectivo de trabajo y administración de contrato ley, a la par que se hace pública toda la información de los registros de los sindicatos. De ser así, las reformas laborales actualizarían situaciones inéditas que involucrarían a trabajadores, sindicatos y patrones. ¿Pasará la prueba legislativa?


miércoles, 5 de septiembre de 2012

Peña Nieto y López Obrador: caminos diferentes

El lunes de esta semana empezó con declaraciones importantes, sino es que claves, para comprender la acción política que se emprenderá en los próximos días y semanas. Enrique Peña Nieto ha anunciado la presentación de dos iniciativas por conducto de los legisladores del grupo parlamentario del PRI que, de lograrse, se constituirían en el preludio de un conjunto de reformas estructurales largamente reclamadas. En el plano constitucional, se propone la autonomía plena del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), y la eliminación de prácticamente todas las reservas de ley (aunque se mantendrían en asuntos seguridad nacional y datos personales, o cuando lo determinara la Suprema Corte de Justicia), sujetando a los tres poderes federales, así como a organismos de estados y municipios, a la esfera de competencia del IFAI, y sus resoluciones serían inatacables; es decir, un verdadero ombudsman en materia de derecho de acceso a la información pública, con atribuciones para aplicar sanciones administrativas (desde multas hasta remoción del cargo) y promover denuncias penales. Correlativamente, porque así lo son estas materias, se plantea la extinción de la Secretaría de la Función Pública, en reconocimiento de que no vigila ni controla nada desde hace más de 25 años, desde que era Contraloría General de la República, a no ser a uno que otro funcionario menor despistado o ignorante de las más elementales responsabilidades en el servicio público, pero nunca asuntos importantes, a no ser para encubrir, no obstante notables casos de corrupción en diferentes dependencias y entidades federales (Lotería Nacional, Pemex, CFE, Issste, Imss; ni para qué seguirle: impunidad llana). En su lugar, se propone la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, integrada por cinco ciudadanos, con autonomía constitucional para fincar responsabilidades administrativas y penales, dotándola de facultades de investigación amplias para sancionar a los servidores públicos de los tres poderes federales, de los estados y de los municipios, y también a los ciudadanos involucrados (esto último toda una novedad). Estaríamos, tanto en materia de acceso a la información como en lo relativo a responsabilidades en el servicio público, ante dos instituciones colegiadas de naturaleza constitucional, con verdaderos “dientes y garras” para dar eficacia a sus decisiones, como lo ha dicho el equipo de transición del Presidente Electo. Por su parte, López Obrador se separó “sin ruptura” del PRD, PT y MC, para seguir su camino con el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), actualmente asociación civil, en la previsible ruta de su conversión en un nuevo partido político. Se declara en desobediencia civil y contrario a un régimen que califica de antidemocrático (al actual gobierno y al que todavía no empieza). Derrotado en la elección federal y vencido en el interior del que fuera el partido que lo hizo Jefe de Gobierno del Distrito Federal, fijó su postura en contra de cualquier reforma laboral, fiscal o de privatización energética que afecte “los intereses del pueblo”. Este discurso y seis años parecen poco tiempo para formar un partido político competitivo hacia el 2018, o muchos para un cuasi-eterno candidato cuyo desgaste personal o su accionar político, es más que evidente. Así pintan el Gobierno y su Oposición más dura en los próximos años. Nuevos inicios.


Nueva Legislatura Federal (tercero y último)

La nueva LXII Legislatura del Congreso de la Unión inició sus trabajos con los datos concurrentes del desechamiento de los recursos promovidos por los partidarios de Andrés Manuel López Obrador en contra de la elección presidencial, la entrega de la constancia de presidente electo a Peña Nieto, la presentación del sexto y último informe de gobierno del presidente Calderón Hinojosa, las primeras manifestaciones de los legisladores de izquierda en el salón de sesiones y en la tribuna de la cámara federal de diputados en oposición a las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el anuncio de esos legisladores de que presentarán denuncias de juicio político en contra de los magistrados de este tribunal, así como la presentación de la iniciativa preferente remitida por el ejecutivo federal en materia laboral. Además de la vía jurídica desahogada en su última instancia por el Tribunal Electoral federal, razones demográficas (población votante de 18 y más años de edad), técnico-administrativas (cambios de domicilio, pérdida o renovación de credenciales para votar), y nivel de abstencionismo, entre otras, dan cuenta del porqué con una votación de 19 millones 158 mil votos (38.20%) Peña Nieto gobernará a una población de más de 110 millones de personas. Y ese volumen de votos añade el criterio de mesura y prudencia con que seguramente se conducirá el nuevo Presidente de México a partir del 1° de diciembre. Las cifras siempre ayudan a dimensionar el tamaño de la acción política. Recordemos que López Obrador obtuvo 15 millones 800 mil (31.59%), Vázquez Mota 12 millones 700 mil (25.41%) y Quadri más de 1 millón 100 mil (2.29%). Nadie que ha ganado la Presidencia de la República en los últimos sexenios, lo ha hecho con votaciones superiores a estas cifras, tanto en números absolutos como relativos. Simplemente, los anteriores han olvidado está condición política y las diferencias y conflictos se han acentuado en diversos campos que requieren de entendimiento y conciliación. Por cuanto a las manifestaciones camerales, no hay nada nuevo, la de diputados es una cámara que se convierte cada vez más en una caja de resonancia del debate nacional y del posicionamiento público. Pero a la vez hay novedades: las protestas interiores, de inicio, han sido intensas pero pacíficas, y la negociación sobre la distribución de comisiones legislativas marcha en términos claros, a la espera de nombres y apellidos. Y en lo que hace a las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, se dirigen de lleno contra el corazón de lo que éste considera que es la fuente del corporativismo: los liderazgos sindicales que afectan los derechos de los trabajadores e impiden la competitividad y productividad en los centros de trabajo. En esa lógica, las reformas propuestas por el Presidente consisten en: voto libre, secreto y directo para los trabajadores; obligación de los sindicatos de someterse a auditorías externas, y rendición de cuentas a los trabajadores sobre cuotas sindicales, entre lo más importante. En este contexto, el Presidente Electo, Enrique Peña Nieto, anunció los nombres de los integrantes de su equipo de transición que trabajarán con los funcionarios salientes calderonistas. Ah, y no tenemos fuga de capitales ni brusca inflación. Indiscutiblemente, a pesar de los pesares, como Nación hemos avanzado hacia un mayor grado de gobierno y civilidad, dentro de nuestra muy joven democracia.