Hoy
día la Constitución Federal usa los nombres Estados Unidos Mexicanos,
República, Nación Mexicana, pueblo mexicano y México; pero el Presidente
Calderón acaba de revivir, como no queriendo, su propuesta de cambiar el nombre
del país: México, en lugar de Estados Unidos Mexicanos. Desde el 22 de enero de
2003, siendo diputado federal, Felipe Calderón propuso una iniciativa en ese
sentido; después lo hizo el diputado federal Raymundo Cárdenas Hernández, del
PRD, el 22 de agosto de 2007. Sobre el particular, intelectuales e
investigadores de talla se han manifestado de diverso modo. Por ejemplo, en
septiembre de 2008, algunos de éstos señalaron lo siguiente: Roger Bartra decía
que sí se debe cambiar porque así nos “hemos llamado” desde hace mucho tiempo;
Carlos Monsiváis dijo que sí “para no perder la costumbre histórica”; Elena
Poniatowska también estuvo de acuerdo, para no parecernos a Estados Unidos (de
América); Juan Villoro expresó que sería sensato porque ese es su nombre
histórico; Denisse Dresser opinó que la propuesta es simplemente “pequeña,
chata e irrelevante”; en cambio, Enrique Semo se opuso porque “desde el Acta
Constitutiva de 1824 el nombre de nuestra República es el de Estados Unidos
Mexicanos” y eso no es “fruto de un capricho o de una casualidad”. Por encima
de todas estas opiniones, brilla intensamente el detallado y erudito estudio de
Gutierre Tibón, el escritor ítalo mexicano autor de “Historia del nombre y de
la fundación de México”, quien desbroza no sólo la etimología de la palabra
“México”, sino que hace una interpretación nueva y sorprendente, acudiendo a
los elementos esotéricos, mitológicos, arqueológicos, geológicos,
antropológicos, toponómicos y, por supuesto, histórico sociales, involucrados
en el conocimiento de las raíces profundas de la mexicanidad. Tibón abreva en
Durán, Sahagún, Tezozómoc y Chavero, así como en Hermann Beyer, Antonio Caso,
Eduardo Seler, Ángel María Garibay y Miguel León-Portilla, para llevarnos de
Aztlán a México Tenochtitlan; de Anáhuac a Nueva España; y también al nombre de
“México” en las diversas lenguas indígenas mesoamericanas; en suma, del mito y
la magia a la historia de la fundación del nombre y del lugar “México”, al que
González y González incorporaría las dimensiones de matria y patria al aludir a
nuestro país. Si Semo se muestra contrario a “cambiar” el nombre de Estados
Unidos Mexicanos por el de México, don Edmundo O´Gorman detallaría el origen
legítimo y la autenticidad de la formación histórica del nombre “Estados Unidos
de Mexicanos”. Recuerdo, en mi opinión, que, desde diciembre de 1993, el gran
constitucionalista mexicano, don Antonio Martínez Báez, habría zanjado toda
discusión: “se habla de introducir el nombre de ‘México’ en nuestra
Constitución. Como si México no se llamara por muchos conceptos ‘México’…está
desde su nacimiento dando…sustancia, esencia, a nuestro Estado… México califica
a los Estados Unidos Mexicanos o los adjetiva. Tenemos ya el nombre de México”.
Con su agudeza, don Antonio haría una analogía mordaz con dedicatoria: “¿es
necesario que se consignen en la Constitución los colores del pabellón
nacional? No, porque están ahí ya ¿Quién es el valiente que pide que se cambien
los colores de la bandera? ¿O que tengamos una estrella abajo del águila o que
seamos una estrella de un pabellón extranjero?”. ¿Qué opinará Mr. Calderón?
miércoles, 28 de noviembre de 2012
miércoles, 21 de noviembre de 2012
Reorganización administrativa federal en puerta
Dos
iniciativas recientemente presentadas en el Congreso de la Unión han sido
objeto de comentarios diversos. Por un lado, la creación del organismo autónomo Comisión Nacional Anticorrupción,
presentado en el Senado de la República; y, por otro, modificaciones a la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal. Ambas provienen de los grupos
parlamentarios del PRI y PVEM -entiéndase del próximo Presidente de la
República, EPN-, atendiendo a una distinta forma de concebir la administración
pública. En este tipo de propuestas se pueden apreciar siempre las diferentes
concepciones que sostienen los partidos políticos. Como desde siempre se sabe
en la teoría público administrativa, no existen normas neutras porque toda
disposición está imbuida del sentido que le imprime su autor o iniciador, más
allá de los criterios de técnica legislativa empleados para su creación,
reforma o derogación. Se trata de una idea distinta del ejercicio legítimo del
poder a partir de la norma positiva que atribuye tales o cuales deberes o
facultades públicas. En el rango constitucional, la creación de un organismo
autónomo para combatir la corrupción resulta ambiciosa, en la medida que a ella
se sujetarían ahora los gobiernos federal, estatales y municipales, debido a
que se propone una importantísima concentración de atribuciones, dotado de
“dientes y garras” para llamar a cuentas a funcionarios “traviesos” u “ovejas
descarriadas” que no gustan de conjugar el verbo “regresar”. La iniciativa
reconoce, expresa e inusitadamente, la evolución negativa del Índice de
Percepción de la Corrupción en México entre 2001 y 2011, elaborado por
Transparencia Internacional. Propuesto como un órgano técnico-profesional, lo
veremos convertirse desde el principio, indudablemente, en un órgano de control
político, administrativo y económico. Si cuaja en el Congreso de la Unión y se
legitima en su funcionamiento, constituirá un verdadero parteaguas dentro de
los modelos de revisión y control gubernamental, que hará palidecer
indiscutiblemente a las entidades de fiscalización superior del país. En tanto
que en el campo legal, la reforma administrativa es, quizá, el proyecto de mayor
envergadura desde 1976 para reordenar las instituciones de carácter centralizado,
desconcentrado y paraestatal. Armonía, orden, coordinación, organización,
control gubernamental, son algunos de los términos utilizados en la iniciativa,
es decir, lo que se considera faltó a la actual administración federal. Este es
siempre el mensaje que todo régimen entrante hace saber al régimen saliente, en
forma de impulso legislativo para la redistribución de la función
administrativa entre los entes estatales instituidos o por institucionalizar.
Los motivos señalados son: búsqueda de una sólida coordinación
del gabinete, nuevo
esquema de organización para la seguridad interior y la protección de la
población, impulso integral a las políticas sociales, nuevo
sistema de control gubernamental para vigilar la gestión y manejo de recursos,
lo cual se traduce en reformas a las atribuciones de la
Secretaría de Gobernación y desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública,
reformas a la Secretaría de Desarrollo Social, creación de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y extinción de la Secretaría de la
Función Pública cuyas funciones se redistribuyen entre otras dependencias.
Veremos que resulta de la “licuadora” legislativa ¿qué saldrá aprobado?
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