miércoles, 19 de diciembre de 2012

Colaborar es el verbo


Estamos alejados ya desde hace más de medio siglo de la idea original debida a Montesquieu de que la relación política entre los entes estatales –entiéndase, relación de poder- se funda en su división o separación, la cual fue sustituida por la de “colaboración”. En efecto, la noción original de este pensador, adoptada casi universalmente hoy día, es la de que toda construcción republicana requiere de dos elementos: a) Uno teórico, en el sentido de concebir al Estado como un poder indiviso, cuyo ejercicio o manifestación sin embargo se puede distribuir en la forma de función legislativa, administrativa y jurisdiccional (coloquialmente, los tres “poderes” legislativo, ejecutivo y judicial); y, b) la condición de la temporalidad en el ejercicio de los cargos públicos o del Estado que puede ocupar cualquier ciudadano, en oposición a la herencia o perpetuidad como criterios patrimonialistas para el ejercicio del poder. Esta es la base del sistema (relación entre los entes estatales) y del régimen (relación del gobierno con los ciudadanos) que está en la base del constitucionalismo occidental que postula las diversas formas de Estado (federal o centralista) y las de Gobierno (república o monarquía), cuyo entrecruce da lugar a una amplia tipología de notas para caracterizar a tal o cual formación política.

Traemos a colación estos supuestos fundamentales de las democracias de hoy, porque este es el segundo lunes en que el Presidente Peña da a conocer medidas importantes colaborativas para afrontar las propuestas de gobierno anunciadas en su discurso con motivo de la toma de posesión, y en el Pacto por México. Todo gobierno entrante tiene para sí, casi siempre, un bono de confianza que se apoya en la esperanza de mejorar o en la desesperación de lo sucedido antes, o en ambas cosas. El tamaño de ese bono es de muy difícil medición y las encuestas no se muestran todavía muy útiles para dimensionarlo, y tampoco puede asimilarse llanamente a una simple equivalencia con el número de votos obtenidos en la elección pasada. Sólo el tiempo y los resultados efectivos marcarán nuestra inclinación por la esperanza o por la desesperación social.

Pero el hecho de anunciar acciones de colaboración entre los diversos entes que integran la administración pública federal, y de ésta con los poderes legislativo y judicial; así como de colaboración del gobierno federal con los otros dos órdenes de gobierno (entidades federativas y municipios), deja la impresión de que existe una concepción política clara de la necesidad de un ejercicio colaborativo del poder, entendido como sistema, que permita dar sentido a las acciones de gobernabilidad y gobernanza en beneficio de la población, entendidas como régimen.

En efecto, el ensayo anunciado del Plan Anticrimen y de los seis Ejes contra la Inseguridad, fundado en la participación de los Gobernadores en coordinación con la Secretaría de Gobernación, para tratar el muy complejo fenómeno de la seguridad pública, procuración de justicia y regionalización del enfoque en cinco demarcaciones geográficas, así como la creación de la Comisión Intersecretarial de Prevención del Delito y la formalización de la Gendarmería Nacional, parecen abonar a la construcción de una política pública amplia que deberá combatir no sólo al delito, sino a la par evitar la improvisación y casuismo que han sido un cáncer de la acción gubernamental. Ojalá.

miércoles, 12 de diciembre de 2012

Reforma Educativa Nacional


Este lunes conocimos la iniciativa presidencial para reformar el artículo 3° de la Constitución Federal, como primera acción elaborada al amparo político del Pacto por México, cuyos firmantes –dirigentes partidistas y líderes parlamentarios- estuvieron también en el acto en que el Presidente Peña anunció oficialmente su remisión al Congreso de la Unión. El suceso es políticamente simbólico y administrativamente sencillo: en el primer caso, expresamente se dice que se trata de reafirmar (asumir) la rectoría del Estado en este campo (que se había perdido) y de retomar el control educativo; por cuanto al segundo, trátase de la obligación de los docentes de examinarse, para lo cual se crea un ente público autónomo como responsable de la evaluación magisterial que tendrá carácter obligatorio, en la medida en que autoridad, sindicato y maestros no formarán parte de él, evitando ser juez y parte en el proceso de evaluación. De 1993 a 2012, como señala la exposición de motivos de la iniciativa presidencial –que casi nunca es leída-, han crecido notablemente las obligaciones del Estado consignadas en el 3° constitucional, en la forma del derecho dogmático o humano a recibir educación (preescolar, primaria y secundaria), conforme a principios de laicismo, progreso científico, democracia, nacionalismo, mejor convivencia, “aprecio y respeto por la diversidad cultural, por la igualdad de la persona y por la integridad de la familia bajo la convicción del interés general de la sociedad y los ideales de fraternidad y la igualdad de derechos”. Esta combinación de obligaciones estatales, derechos humanos e ideales públicos declarados constitucionalmente, en los hechos han resultado de muy dificultosa realización, porque los principales actores de la denominada experiencia educativa (maestros y alumnos) han estado supeditados a los vaivenes de la relación entre administradores educativos y líderes magisteriales, muchas veces caprichosa, veleidosa y llena de desencuentros. Y esto último constituye el vector político más importante, porque el sindicato de maestros agrupa a un millón y medio de ellos, y nadie duda que constituye un factor real de poder en el ámbito de la política pública educacional. Por eso la iniciativa presidencial debe observarse bajo la óptica de un riesgo calculado, que se hace evidente al buscar y lograr el apoyo político de los principales partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, sin los cuáles no es posible aprobar la reforma constitucional. La jugada es políticamente eficiente, porque el apoyo congresional calificado que se requiere le otorgaría a esta reforma política y educativa, ulteriormente, un enorme grado de legitimidad, que literalmente pondría contra la pared pública a quien se opusiera a ella, porque ¿quién puede estar en contra de que “el imperativo de la calidad debe alcanzar a todos los niños y jóvenes” o de que se debe institucionalizar la “evaluación educativa” o de que se requiere la “creación de un servicio profesional docente” o de “una instancia experta” que sea el “órgano normativo nacional”? Después del orden constitucional, la reforma político educativa devendrá reforma administrativa, y no deja de ser sorprendente y dramática la primera medida administrativa a cumplir: un censo educativo que dé cifras para dimensionar el tamaño de la tarea educativa de medir y evaluar alumnos, maestros, escuelas, directores y servicios educativos. ¿Ahora sí se podrá?

miércoles, 5 de diciembre de 2012

Nuevo Gobierno, Nuevo Pacto


Notable por donde se quiera ver fue el contenido del discurso del Presidente Peña, el consiguiente nombramiento del Gabinete (iniciado desde la madrugada del 1 de diciembre), y la firma del Pacto por México. No hay manera de observar estos tres eventos de manera aislada, porque son parte de una misma estrategia: Gobernabilidad, fundad en la acción político-social, la acción legislativa y la acción financiera. Del discurso destacan los mensajes que fijan el posicionamiento del nuevo gobierno federal: un Programa Nacional de Prevención del Delito, que reconoce en éste un origen multicausal, donde lo nuevo es el señalamiento oficial de que las políticas públicas a seguir no se pueden reducir a la simple acción policíaca -que ha mostrado su total insuficiencia, por no decir fracaso- instruyéndose a varias dependencias (Gobernación, Hacienda, Desarrollo Social, Educación y Salud) a diseñar e instrumentar el programa, lo cual es una nueva forma de afrontar la gravedad del problema, bajo la consideración de que sus causas provienen de la desigualdad educativa, de la desigualdad en el acceso al empleo, y de la inequidad en los beneficios y satisfactores que el Estado debe proveer a los grupos sociales más vulnerables o marginados, que provocan una masa de desheredados que son la potencial y probada fuente de alimentación de la conducta delictiva. En esto encuentra su lógica el anuncio del desistimiento público de la controversia constitucional que el gobierno anterior -¡qué paradoja!- había planteado en contra de la Ley General de Víctimas, reconociendo la deuda del Estado con éstas y, por tanto, el imperativo de aplicar una ley que provea a las víctimas de garantías básicas ineludibles; al igual que la propuesta de contar con un código penal y un código de procedimientos penales unificado en toda la República, para evitar punibilidades diferentes en delitos iguales, punto sobre el que correrá mucha tinta de los especialistas sobre su conveniencia o no, pero que tiene el mérito de afrontar una problemática que se ha extraviado en disquisiciones teoréticas, desconectadas de la realidad social que son la base material que deben fundar las formalidades legales. Especial dedicatoria tiene la reforma educativa para la instauración del Servicio Profesional de Carrera Docente, basado no en la compra o herencia corrupta de plazas, sino en la permanencia en el empleo docente con base en el trabajo y en el mérito. Completa el cuadro la cruzada Nacional contra el Hambre, el Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia, el Sistema de Seguridad Social Universal, la creación de infraestructura ferroviaria, el acceso de todos a la banda ancha y la liberalización de la señal televisiva. A su vez, el nuevo gabinete contrasta con el anterior: se observa más oficio y experiencia, porque se recurre a administradores públicos probados, sin lugar a la improvisación. Cuando menos este es el mensaje que se lanza con los secretarios del despacho nombrados. El tiempo probará su funcionamiento. Por cuanto al Pacto por México, mucho habría que decir de su contenido dividido en tres ejes rectores y cinco acuerdos, la mayoría de los cuales deberán pasar por las cámaras legislativas (un 65% aproximadamente). Lo verdaderamente notable es que lo hayan firmado todos los partidos políticos: los de derecha, de centro y de izquierda (la más numerosa). Éxito político inicial, que requerirá de mucha deliberación y negociación política. Ojalá.