El Conflicto Político

En una amplia tradición o enfoque de las Ciencias Políticas, se coloca al conflicto político en el centro de la gestión social, y como fuentes generadoras de él al poder, los recursos, las características sociodemográficas y culturales de los individuos –sobre todo si alcanzan el rango de identidades–, las ideas y los valores. Así inician tanto Sodaro como Colomer sus respectivos textos, en el ámbito del realismo político, para desbrozar el contenido de los términos sociedad, política, poder y demás “grandes temas” asociados. Bajo los enfoques de corte empirista, resulta básica la premisa de que el conflicto político es producto de la existencia de las desigualdades entre individuos y grupos; por tanto, la política sería una práctica o actividad colectiva cuyo propósito sería regular conflictos entre grupos y alcanzar soluciones –en forma coactiva, si es necesario– que permitan a la comunidad subsistir y desarrollarse. Sólo hay política en relación con otros; y si el núcleo de la política es relacional, todo conflicto y solución políticas siempre son colectivas, y nunca individuales.

Pero el empleo de elementos de coercibilidad o coacción, para resolver el conflicto político, no significa llanamente el uso libérrimo de la fuerza. En toda sociedad existen siempre grupos humanos numerosos que asumen posiciones comunes o discrepantes, conforme a la teoría del interés en juego, pero en el marco de una estructura de reglas, procedimientos e instituciones, para el objetivo de tomar decisiones aplicables por la autoridad estatal. Existen niveles de conflicto político, en atención al número de personas involucradas, importancia o urgencia del asunto a resolver, donde la interacción de sujetos ubicados en una determinada problemática adquiere relevancia según la proximidad o inminencia de sucesos o acciones que pongan en riesgo la seguridad física o el bienestar material de los afectados. Es como si el conflicto fuera “la fuerza motriz de la política”; entonces, potencialmente puede volverse violento, sangriento o llegar al extremo de la guerra. Es decir, puede ir desde de lo comunitario y subnacional, hasta la esfera nacional o mundial: desde el pandillerismo, invasiones, tomas de calles, enfrentamientos de sectas; hasta la guerrilla, las guerras civiles o intestinas, y las guerras entre bloques de países.

En todos estos casos, la “solución” o “arreglo” se cifra en criterios de posibilidad o atemperamiento del “conflicto”, aunque ello no signifique resolver el fondo del problema inmediatamente, porque requiere de una consecución de pasos a seguir en el mediano y largo plazos. Por ejemplo, el combate a la narcodelincuencia o delincuencia organizada necesita de una política pública en materia de seguridad que permita abatir, paulatinamente, la incidencia de secuestros, robos, homicidios y trasiego de estupefacientes. En muchos países, como el nuestro, es un clamor social y un conflicto político a la vez; involucra a los tres órdenes de gobierno, al sector urbano donde habita el 70% de la población y se expresa en cifras e índices que se busca reducir. La política logra resolver el conflicto, cuando las expectativas sociales de mejora en todos estos rubros se vuelven realidad, es decir, cuando se modifican las condiciones existentes y se perciben así en el ánimo colectivo. Que las cifras delictivas bajen, no es un asunto de escepticismo u optimismo, es una necesidad ¿No?

Política y (Medio) Ambiente

Toda política pública en materia ambiental es un espacio informado por criterios administrativos, ecológicos y socioeconómicos. Lejos estamos de los esquemas unidireccionales que a fines de la década de los 60´s del siglo XX, enfatizaban únicamente el vector ecológico como sustrato de “lo ambiental”, “lo biótico” y del “equilibrio”, si bien el romanticismo original permitió traer al espacio público la discusión de temas como la contaminación del aire, del agua, del suelo y del subsuelo. Las investigaciones sólidas iniciadas realmente en la década siguiente, su politización social en los 80´s y el desarrollo de investigaciones de campo interdisciplinarias desde los 90´s hasta nuestros días, marcaron el sentido de nuevos esquemas conceptuales y metodológicos para acercarse al conocimiento y resolución de la problemática ambiental como objeto de estudio complejo, multifactorial y multivariable, tal como hoy mismo se presenta tanto en el imaginario social como en el realismo público. No hay duda, el tema ha sido publicitado, reclamado, estudiado, legislado y desarrollado como política pública sustantiva para cualquier administración nacional, estatal o municipal. Zonas de contaminación fuerte en nuestro país, como la ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, adquirieron la categoría de problemática ambiental extrema, que trajo consigo la necesidad de investigaciones “de cuenca” y “de región”, porque las delimitaciones político-administrativas no coinciden con las del hábitat ecológico formado por sistemas y subsistemas de flora y fauna. Se han usado indistintamente los conceptos “medio ambiente” y “ambiente”, tanto en los estudios especializados como en la legislación de la materia, lo cual no debe amilanar a nadie, porque estamos ante un campo de estudio evidentemente en construcción, en el que desde hace unos quince años empezó a privar una idea o premisa fundamental: para cuidar algo, primero hay que conocerlo y comprender su dinámica. “Conocer” y “comprender” pertenece a los especialistas: ingenieros, biólogos, químicos. Pero “cuidar” nos compete e involucra a todos, y a esto se le ha llamado “corresponsabilidad social y humana”. Los primeros tienen las dificultades propias del método científico, hay que observar, experimentar y generalizar. Los segundos, es decir, todos nosotros, ciudadanos y gobierno, tenemos nuestras propias tareas: educación (formal, no formal e informal), concientización (familiar y comunitaria) y construcción de políticas públicas (medio) ambientales pensadas de manera integral y regional –holística, la nombran los conocedores-, porque en el constructo “ambiente” caben, al menos, dos bloques inevitablemente interconectados y que se influyen mutuamente, en términos sistémicos: el ambiente o medio natural; y el ambiente o medio social, proveniente de la actividad socioeconómica construida por el ser humano. Ambos “medios ambientales” interactúan y se afectan, de modo que cuando priva el “ambiente natural”, este es visto como fuerza incontenible y, entonces, el “medio social” aparece como algo frágil y delicado. Cuando se invierten los papeles, se invierten los adjetivos del problema. ¿Por qué? Porque son indisolubles y esta es la óptica que ha permeado en las esferas social, política, legislativa y administrativa. Debemos insistir en dar continuidad a esta visión ambiental. ¿O no?

Política y Energía

Cuando estos dos conceptos se relacionan dan lugar a una noción compuesta: política pública en materia energética. Esto es, la adopción de la energía como un campo que cae dentro de la actividad del Estado y, por tanto, como un objeto considerado de orden público e interés social, cuyo método se despliega mediante la elaboración de planes o programas para administrar todos aquellos recursos naturales susceptibles de ser aprovechados en términos económicos, sobre los cuales tiene preeminencia el Estado, en razón de que poseen un carácter estratégico, geopolítico y financiero tan importante, que con toda verdad se afirma que en la energía administrada públicamente por el Estado, se deposita buena parte de la Soberanía de cualquier país. Si bien esta es una característica estructural de todos los Estados Nacionales formados desde hace poco más de 200 años, el simple recuerdo de la crisis petrolera de principios de los años 70’s del siglo pasado –crisis energética, por supuesto– que trajo consigo la elevación estratosférica de los precios del petróleo, y que alteró dramáticamente la industria en todo el mundo por la subida de los precios de todos los productos encadenados fabrilmente con los hidrocarburos, colocó en un primerísimo plano de discusión pública el cuestionamiento sobre la conservación o pérdida de soberanía cuando no se cuenta con los recursos naturales que caben dentro del concepto Energía: petrolera, nuclear, eólica, solar, eléctrica, térmica, hidráulica, por citar las más importantes. Nunca fue casual y siempre ha sido políticamente deliberada la asunción, en todos los diseños constitucionales modernos, de disposiciones normativas fundamentales para asegurar la propiedad e intervención del Estado, tratándose de recursos naturales prioritarios y estratégicos, sobre los que, por supuesto, se extienden criterios de seguridad nacional. Este es el contexto en el que el pasado lunes el Presidente de la República promulgó las leyes secundarias que integran la denominada Reforma Energética. Consta en la página habilitada por el gobierno de la República que el paquete legislativo, una vez efectuada previamente la reforma de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, se integró por 21 leyes que se pueden agrupar en 9 bloques, que tuvieron como objeto de regulación prioritaria la producción y el aprovechamiento de los hidrocarburos y la electricidad. Esta reforma es una de las 11 “reformas estructurales” que resultaron del llamado “Pacto por México”, que fue la estrategia acordada con los diferentes partidos políticos nacionales y sus respectivos grupos parlamentarios, para producir una verdadera “inflexión legislativa” que en alrededor de 20 meses provocó una ruptura total con el pasado reciente. Pactada en el nivel constitucional y desarrollada en las diversas leyes aprobadas o modificadas, sus secciones son históricamente elocuentes: energética, telecomunicaciones, competencia económica, financiera, hacendaria, laboral, educativa, penal, amparo, electoral y transparencia. Histórico no significa bueno o malo, sino inflexión o ruptura en la larga duración del siglo XX mexicano hacia el joven siglo XXI. Los beneficios o maleficios que las diferentes fuerzas políticas han externado sobre el contenido, posibilidades o limitaciones de esta compleja reforma estructural inician la prueba de fuego de las predicciones. ¿Cuáles serán las acertadas?

¿Qué es la Política?

Esta es una pregunta esencial a la que diversos autores se han referido a lo largo de la historia, desde Platón y Aristóteles en Grecia, Polibio y Cicerón en Roma, Maquiavelo y Bodin en el Renacimiento, Hobbes y Locke en el siglo XVII, Rousseau y Montesquieu en el siglo XVIII, hasta llegar a los numerosos autores del siglo XX: Weber, Sabine, Dahl, Chevalier, Arendt, Bobbio, Sartori, Chatelet, Wolin, y un listado abundante de estudiosos, acorde con el desarrollo de las ciencias sociales y la dureza y conflicto mundiales vividos en el último siglo, en que se sufrió el totalitarismo más descarnado y masivo de toda la historia humana, los efectos continentales de la Guerra Fría, así como la llegada de una lógica trasnacional de carácter unipolar y de globalización de la economía, con los problemas de ensamble del respeto a las libertades humanas y del constitucionalismo democrático. ¿Qué es la política? Si bien puede haber cercanía de enfoques, al mismo tiempo que diferencias de orientación, antes de caer en la simpleza evasiva de que la política es el estudio del poder, habría que preguntarse –como lo han hecho algunos destacados autores– sobre la naturaleza o sustancia de ambos conceptos: política y poder. Acudamos a uno de ellos. Hannah Arendt cuestiona la pregunta “¿Qué es la política?” y las respuestas que provienen de la tradición, porque para comprender su sentido debemos intentar saber el sentido de las actividades humanas. En primer lugar, la política no tiene sustancia, no es un “algo” que se pueda tocar o que tenga existencia propia; nace de la pluralidad, de la diversidad, de la convivencia y del conflicto, no del “hombre” sino entre los “hombres”, de esa experiencia de vida que involucra agregados humanos que entablan relaciones de necesidad, caóticas de inicio, a las que le siguen la organización de las acciones que nunca son idénticas o uniformes y, por tanto, poseen características de nacimiento y contingencia que hacen impredecible la acción humana, dado que ésta representa siempre y en cada momento el inicio de una cadena de acontecimientos. Por eso, la libertad humana nace de la pluralidad, y siempre es un elemento frágil que se comparte para crear un espacio público que se nutre de palabras y acciones. Cuando toda esta caracterización se convierte en discurso, se llega a la noción de “Política”, donde lo público significa “mundo común” y, entonces, la esfera pública no se puede desligar de los conceptos de libertad y de igualdad. Esencialmente, la “Política” no es un objeto, sino una relación; y como la “Política” es de naturaleza relacional, toda vez que los hombres no son iguales por naturaleza, se requiere de una institución política que los haga llegar a serlo: las leyes, que constituyen un acto político de creación colectiva que no buscarían reducir la pluralidad en algo idéntico o uniforme, sino generar una igualdad básica entre aquellos que son diversos, para lograr que surja una dimensión de pertenencia y comunidad. Luego, la “Política” es la palabra que utilizamos para referirnos a la interacción y trama de las relaciones de los seres humanos: “La política trata del estar juntos y los unos con los otros de los diversos… el hombre… sólo existe o se realiza en la política con los mismos derechos que los más diversos se garantizan”. La Política es una garantía voluntaria de y para los hombres, y de comprensión de la acción humana plural y diversa. Seguiremos.