jueves, 28 de enero de 2016

Administración Pública y Servicio Público


Tanto el concepto de Administración como el de Servicio, en el ámbito público, parecen tener un significado obvio y común para todos nosotros; sin embargo, cuando se pregunta a cualquier ciudadano o, incluso, a profesionistas y a empleados públicos, la supuesta claridad de los conceptos se difumina en nociones de mayor o menor generalidad o de carácter intuitivo. Así, se tiende a pensar que la administración pública es equivalente a la idea de poder ejecutivo o gobierno central, o gobierno a secas. Idea que proviene de que estamos acostumbrados a tratar con servidores públicos que desempeñan su función en distintas dependencias. Por supuesto que son servidores públicos y que trabajan en la administración pública, tanto federal como estatal o municipal; pero no son los únicos, ni tampoco los más importantes. Por ejemplo, legisladores, jueces y secretarios de despacho son todos servidores públicos, porque sus tareas y responsabilidades están orientadas, por ley, a la atención de asuntos colectivos o comunitarios que nos importan a los ciudadanos, sólo que cada órgano o área tiene una función en particular, de modo que podríamos decir que el servicio o tarea pública que realizan estas personas que pertenecen a la estructura del Estado, es, respectivamente, la de: administrar el proceso legislativo para la elaboración de leyes; administrar la impartición de justicia; o, administrar la ejecución y prestación de diversos servicios públicos. En consecuencia, el concepto de administración es amplio y aplicable a las funciones legislativa, judicial y ejecutiva que desarrollan los órganos estatales que tienen estas funciones, y también para los que se denominan organismos autónomos del Estado, porque en el fondo de la palabra administración existe la condición ineludible de que estos administradores públicos administran lo ajeno. En efecto, con independencia de funciones, todo refiere a bienes y tareas públicas, o sea, colectivas, o sea, que no pertenecen a ninguna persona privada o particular, sino que en su sentido más puro y real son del pueblo. También por eso es que al administrador público se le denomina servidor público. Dicho de otro modo, el servidor público es toda aquella persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de carácter público, donde público significa: que trabaja o labora en alguno de los denominados poderes u organismos autónomos del Estado; que cobra o se le paga con dinero público proveniente de los impuestos que los ciudadanos enteran al fisco, sea por lo que ganan, sea por lo que compran (los conocidos ISR e IVA); y que tiene la obligación de atender u orientar al ciudadano que acude a ellos. Cuando cualquier administrador o servidor público se olvida de algunos de estos elementos, indefectiblemente termina haciendo mal su trabajo y, en consecuencia, prestando un mal servicio que da lugar a esa palabra que se ha convertido en sinónimo de prepotencia y abuso: burócrata. Nuestro país y sus administradores y servidores públicos requerimos devolverle el sentido de responsabilidad y privilegio que significa servir a nuestros conciudadanos y administrar la cosa pública. Es imperativo ¿No?

jueves, 21 de enero de 2016

Investigación social y acción de gobierno


Tanto en el origen como en el desarrollo moderno de diversas disciplinas, como la psicología, la demografía, la historia o el derecho, casi resulta inevitable encontrar una postura de divorcio o disociación entre la investigación social y la acción de gobierno, como si se tratara de ámbitos totalmente separados sin posibilidad de nexo en común. Por ejemplo, cuando en su primera obra Freud pidió “permiso de pasar al terreno de la Psicología”, lo hizo porque la teoría y práctica neurológicas de entonces, útiles para explicar las parálisis motrices orgánicas, no daban elementos para comprender la génesis y manifestación de las parálisis histéricas en términos neurofisiológicos. Su maestro, el neurólogo Charcot, le habría dicho que aunque una teoría sea buena, eso no impide que existan hechos reales que ella no puede explicar. El método clínico de investigación psicoanalítica de Freud, impactó fuertemente las ideas gubernamentales de su tiempo y llevó a la creación de hospitales públicos para un tratamiento más adecuado de las psicosis en hombres y mujeres. De otra parte, en la Historia, Hobsbawm ha dicho que lo cierto es que Roma venció a Cartago y no al revés, significando que los hechos históricos son datos provenientes de la realidad, y que a medida que el historiador se acerca al presente depende más de la prensa diaria, estudios económicos, compilaciones estadísticas y publicaciones de los gobiernos nacionales y de las instituciones internacionales, para nutrir la investigación social histórica y, con ello, contrastar las acciones gubernamentales del pasado con las del presente, para proyectar soluciones en el futuro que corrijan los errores de antes. Por su parte, en la Demografía, su acelerada sistematización y notable expansión, ha dado lugar a una gran producción de datos sobre la población mundial y también la de los niveles continental, nacional o regional, donde las expresiones numéricas están presentes, mediante tasas y fórmulas demográficas, para el cálculo de los volúmenes de demanda de servicios públicos. ¿Por qué es importante la investigación social para el ciudadano medio? Porque el conocimiento sobre la vida en común permite dimensionar necesidades y explorar soluciones. Si se hubiera hecho antes, no tendríamos problemas de cupo en las universidades públicas, o desempleo, o déficit en los servicios de salud y vivienda. En consecuencia, el quehacer gubernamental y la acción pública deben aprovechar los resultados de la investigación social, porque ésta es la materia prima de toda política pública que tiene como mira el bienestar general, entendido como el goce o disfrute de los satisfactores básicos para la vida y la convivencia humanas, en forma colaborativa, cuya base real no puede ser otra cosa sino el conocimiento objetivo suficiente que proviene de la realidad social, a la manera de bases de datos, índices o tasas, que suponen recopilación de información, tratamiento, ordenación y elaboración de indicadores, así como su interpretación para calibrar diversas aristas de la problemática social y permitir una mejor vida en común. ¿Qué, de plano, es muy difícil?

jueves, 14 de enero de 2016

Población y Política

En las dos colaboraciones anteriores hemos podido exponer la importancia económica y sociológica que se implica con el estado y movimiento de la población. El crecimiento natural (la relación entre nacimientos y muertes) y el crecimiento social (la relación entre inmigrantes y emigrantes) dan pie al perfil y a la dinámica de una población. Por ejemplo, en nuestro país, del mismo modo que el nacimiento se representa con la edad cero, y da lugar a su registro en las estadísticas vitales (el acta de nacimiento); el “nacimiento político” se representa con la población que cumple 18 años de edad, mediante su incorporación o inscripción en el registro federal de electores (credencial para votar con fotografía). En efecto, en su arista política, la población de un país es la base material censal que permite determinar o precisar la población en edad de votar, según la mayoría de edad que la ley constitucional determine (por ejemplo, 18, 20 o 21 años), generalmente aparejada con el derecho a votar (elegir) y ser votado (ser electo) en las elecciones ordinarias periódicas para ocupar los cargos públicos de elección popular. Como se puede apreciar, ningún censo, conteo o reconteo poblacional es, por tanto, neutro; antes bien, las técnicas demográficas y su mayor o menor exactitud para determinar el conjunto potencial de votantes resultan evidentes instrumentos de política pública. Entonces, la población deviene política pública; es decir, la población se convierte en sujeto central de la política pública de un Estado constitucional (que se sujeta al derecho), democrático (donde el pueblo vota y elige a sus representantes), republicano (porque los gobernantes tienen una duración temporal en los cargos públicos) y libre (porque todos ejercemos nuestras libertades con igualdad y equidad).
Pues bien, a partir de la noción demográfica del concepto “población”, se llega a la noción política de “pueblo”, que es la palabra cargada de todo el contenido anterior para significar que: el “pueblo” es la población que constitucionalmente ejerce sus derechos políticos de participar en el gobierno de una nación, cuando adquiere esta capacidad por el simple paso del tiempo y llega a la edad en que obtiene el carácter de ciudadano. Como se ve, los binomios población y desarrollo, población y sociedad, y población y política, son todos parte de un ser bio-psico-social sumamente complejo, que a veces nos parece inexplicable, pero de cuya descripción o pretendida comprensión se llega a un concepto central: el de “persona”. Por eso se dice que la persona no sólo posee un sustrato biológico, sino también que la interrelación entre las personas exhibe su historicidad (la relación social en el tiempo), su socialidad (la relación social en el hoy), su juricidad (su posibilidad de centro de imputación de derechos y obligaciones), y su interioridad (la psiqué, razón, espíritu o alma que se individua en cada uno de nosotros). De nuestra enorme y conflictiva complejidad como personas deriva nuestra profunda riqueza humana. Ese es el quid y el misterio de la vida que tratamos de resolver y proyectar hacia nuestro futuro universal. ¿Podremos?

jueves, 7 de enero de 2016

Población y Sociedad

La dinámica demográfica es el resultado de la interacción entre dos conceptos complejos que poseen una estrecha materialidad y realidad: población y sociedad, que a su vez se implican con la noción de desarrollo que comentamos en la entrega anterior. Dicho de otro modo, cuando se habla de comportamiento demográfico no se puede pensar en demografía pura, sociología pura o economía pura. En efecto, la dinámica de la población pasó por el intento de explicación basado en la teoría de la transición demográfica –que antes que teoría es, más bien, una descripción de variables demográficas–, a partir de la observación de la natalidad, la fecundidad y la mortalidad ocurrida en países europeos centro y noroccidentales, desde el siglo XIX, para señalar que la población crece, inicialmente, por una diferencia entre nacimientos y muertes. Mayores avances de la medicina y en la prevención de enfermedades (vacunación, salubridad general, nuevos medicamentos), mejoras en el ingreso y en las condiciones de trabajo, urbanización y formas de organización social de mayor beneficio colectivo, disminuyeron en conjunto la mortalidad e incrementaron el éxito de los nacimientos; después, la introducción de medidas de control natal, mayor edad al matrimonio, espaciamiento entre hijos de las parejas, entre otros, disminuyeron las tasas de fecundidad y, paulatinamente, al paso de varias generaciones, se llegó a tasas de crecimiento bajas, nulas o negativas, que explican el llamado crecimiento negativo (más muertes que nacimientos, como resultado, por ejemplo, de la decisión libre de las parejas de no tener hijos). Del tiempo en que esos países crecieron y luego moderaron su crecimiento obtuvieron el llamado “bono demográfico”: el saldo positivo de población en edad de trabajar, determinante para una mayor producción de bienes y servicios (riqueza material), que supone el prerrequisito de la existencia de oportunidades de empleo para la sociedad, generadas por el Estado, o auspiciadas o impulsadas por éste. Pues bien, este esquema de transición demográfica se ha traspolado para explicar el comportamiento de países como el de México y comprender, así, el crecimiento considerable de su población durante el último siglo, debido al descenso de la mortalidad y a altos niveles de fecundidad (de 14.3 millones de habitantes en 1920, pasamos a 122 millones en 2015, como antes escribimos). Y también hemos tenido nuestro bono demográfico: las políticas públicas de control del crecimiento poblacional posibilitaron mayores proporciones de población en edad de trabajar productivamente. El problema estructural es que el desempleo ha sido un factor que nos ha afectado por décadas. Así, debido a que las tendencias poblacionales tienen una fuerte y estrecha correlación con los procesos sociales y económicos, hablar de población y sociedad resulta, más que un adorno de información, una necesidad que requiere inscribirse en las políticas públicas de educación, de salud, empleo, vivienda, servicios públicos y sistema general de pensiones y jubilados. No es fácil esta cuestión ¿verdad?