La Independencia de México

Cuando el 24 de agosto de 1821, nuestros independentistas suscribieron con los representantes de la corona española los Tratados de Córdoba, se cumplían casi once años de lucha desde la noche del 15 y la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en que se dio lo que conocemos como el “grito” de Don Miguel Hidalgo en Dolores, Guanajuato, con el llamado de las campanas que tañeron y que desde entonces volvemos a escuchar cada año en la capital del país y las de los Estados. La conmemoración que celebramos tiene, además, un profundo sentido histórico y social de proporciones continentales, porque a partir de 1810 en adelante, se dio el proceso de independencia de México, y también el de la gran mayoría de los países de hispanoamericanos o latinoamericanos. Todos los historiadores contemporáneos de esta enorme región, constituida en el tiempo y en el espacio durante los últimos doscientos cuatro años, la ven como un movimiento tan repentino, violento y universal, que una población de diecisiete millones de personas, que tenían por hogar cuatro virreinatos que se extendían desde California hasta el Cabo de Hornos, desde la desembocadura del Orinoco hasta las orillas del Pacífico, se independizó de la corona española en un lapso de no más de quince años. Casi para finalizar la guerra independentista y continental, Simón Bolívar expresó, en su discurso de la Angostura de 1819, el trasfondo de las nuevas nacionalidades americanas en formación: “no somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles. Americanos por nacimiento y europeos por derechos, nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer, contra la oposición de los invasores [españoles]…así, nuestro caso es el más extraordinario y complicado”. En México la independencia fue más dura y violenta, por la centenaria condición económica de ser la más valiosa de las posesiones españolas, y por el largo y fuerte proceso cultural de toma de conciencia de sí, que se expresaba en el sentido de identidad, pertenencia y orgullo de los criollos y mestizos que no dudaban en llamarse a sí mismos americanos, para diferenciarse de españoles y europeos. Al poco tiempo de iniciada la guerra de independencia, Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron fusilados. Decapitados, sus cabezas enjauladas fueron expuestas durante diez años en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato. Pero su muerte, en lugar de disuadir, fue el acicate que alimentó la fiebre independentista que continuaron José María Morelos y Pavón, Matamoros, Negrete, Nicolás Bravo, Ignacio Rayón, Francisco Javier Mina, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Cuando los mexicanos decimos que nuestro valor supremo es la soberanía nacional, no decimos un mero eufemismo, sino una verdad tinta en sangre, porque el inicio de nuestra vida independiente tampoco fue fácil, y durante muchas décadas enfrentamos guerras injustas, invasiones y ocupaciones militares, que pusieron en riesgo nuestra supervivencia como nación independiente e, incluso, debimos superar guerras fratricidas que nos dividieron, nos debilitaron y que retardaron nuestra integración y progreso como nación. Por supuesto que tenemos motivos para conmemorar nuestra independencia.

Libertad de Cátedra

Característicamente, es el artículo 3º de la Constitución Federal el que establece, en su fracción VII, la disposición de que universidades e instituciones de educación superior que gozan de autonomía, en la realización de sus fines, deberán respetar “la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas”, y que el trabajo que desempeña su personal académico tiene un carácter especial, en concordancia con los fines de esas instituciones. Por ser un derecho humano que debe interpretarse “favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia” (artículo 1 de la constitución federal), esta previsión se ha hecho extensiva a las actividades que diversas personas, individualmente consideradas o formando parte de órganos colegiados, realizan en materia de enseñanza, examen, concurso, deliberación, oposición y ulterior calificación, con las modalidades que se adopten en las leyes específicas. También llamado derecho humano o garantía de libertad académica -o de investigación-su práctica o asunción abarca toda participación en cuerpos u órganos profesionales que tengan funciones que se asimilan a las antes enunciadas. Este derecho se asemeja a la libertad de expresión en la medida que encierra un derecho de opinar y una suerte de “fuero”, que involucra protectoramente la técnica o método de exposición; pero que nunca puede entenderse como una prerrogativa sin fronteras, dado que encuentra sus límites en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y en el derecho a la propia imagen personal.

La libertad de cátedra, en términos del debate contemporáneo, no se estima ya como un derecho exclusivista o intramuros; por el contrario, ha desbordado el ámbito docente o escolar, “adelgazando” sus fronteras, para generalizarse en beneficio de toda persona jurídica, individual o colectiva. Como apunta Madrid, la libertad de cátedra ya no es sólo un ámbito de acción del académico, sino también del alumno, para “exponer su opinión sobre cualquier punto, sin necesidad de que ella se encuentre fundada en ningún parámetro intersubjetivo”, con su complemento del respeto a la opinión diversa o incluso opuesta, porque supone una libertad de interpretación incuestionable, a manera de derecho humano que requiere reconocerse en los ordenamientos constitucionales o legales, para que pueda garantizarse el ejercicio protector de esta libertad ante autoridades o terceros.

En términos estrictos, la libertad de cátedra se opone a todo ejercicio de autoritarismo que enarbole la superioridad de ideas unilaterales, a no ser las fundadas en la admisión de conocimientos ciertos, verdaderos e indiscutibles, pero como esta última no es una característica dominante en el campo del saber, de la enseñanza o de la investigación, este derecho se acerca más bien a una igualdad de “armas” en la libre discusión sobre temáticas cognoscitivas, éticas o de cualquier índole que suponga la expresión de las ideas, que es el único método de cuño democrático, igualitario, ético y humano posible: el respeto a la diversidad, al derecho a disentir y a evitar toda medida de discriminación, coacción o exhibición dolosa, en la manifestación libre de la voluntad interior y exterior de las personas, y de todas las múltiples partes involucradas en una situación o método de intercambio de contenidos culturales por cualquier medio de comunicación. Bien por la universalidad.

Informe presidencial

El artículo 69 de la constitución federal establece la previsión de que: “En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso [1° de septiembre], el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país… Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.” Esta es una disposición añeja, seglar, cuyas raíces se remontan al 4 de octubre 1824, fecha de la primera constitución federal de nuestro país, cuyos artículos 67 y 68 ordenaban que el 1o. de enero el Presidente de la Federación se reuniría con el Congreso General, para pronunciar un discurso que sería contestado, en términos generales, por el Presidente del Congreso. A su vez, el artículo 63 de la emblemática constitución federal de 1857 dispuso la obligación del presidente de asistir a la apertura de sesiones del congreso, y de pronunciar un discurso en que se manifestara el estado que guardara el país, aunque no imponía la obligación de un informe escrito, sino la de expresar en forma oral la situación de la Nación. De modo que el informe escrito data del 5 de febrero de 1917. De entonces a la fecha, esta disposición ha tenido cuatro reformas entre los años de 1923 a 2014, en una ruta que ha llegado a llamarse de desacralización del rito presidencial o de acotamiento de las facultades presidenciales llamadas metaconstitucionales por don Jorge Carpizo; camino inversamente proporcional a la pluralidad política que vivimos, a la ausencia de un partido con mayoría dominante en el Congreso de la Unión, a la explosividad e inmediatez noticiosa o informativa de las redes sociales, y a una mayor y creciente democratización de los espacios públicos, amén de una reformabilidad legal intensa y constante, no exenta de excesos o regresiones que parecen sujetarse a la teoría del péndulo, al que aún le falta tiempo para ir acercándose a un término de movimiento medio más estable. Durante muchos años, el informe, sea escrito u oral, ha sido considerado como el más antiguo medio de toma de cuentas: ante el congreso federal, y ante la población. Sin embargo, siendo cierta esta condición, no pocos estiman que su efectividad sigue siendo relativa. En efecto, como tal, el informe presidencial es un mensaje que extracta una serie de voluminosos anexos que, en conjunto, hoy día requieren un manejo especializado para un análisis mesurado y detallado, que corre a cargo de las comisiones legislativas del congreso de la unión. Por su parte, frente a la población, se sigue teniendo un déficit de información que permita superar el simple efecto publicitario de las “buenas obras”, aunque, en buena lid, esta tarea es muy complicada porque involucra análisis de contenidos, elección de temas prioritarios y aplicación de técnicas de comunicación adecuadas, para interesar al público potencialmente receptor y “anclar” la convicción sobre avances, dificultades o retrocesos, con el fin de concitar una solidaridad social ineludible para resolver los problemas nacionales, en la que se respeten los acuerdos y los disensos básicos. Ojalá.