2012: Elección Total. ¿Y qué pasa con las elecciones locales en Veracruz? (Tercera y última parte)

Como se comentó en las dos entregas anteriores, entre aspiraciones y postulaciones de candidatos, y “carreteras electorales” con baches y desperfectos, transitaremos por el proceso electoral federal que formalmente inició en octubre de 2011 y que tendrá su punto culminante el día de la jornada electoral el primer domingo de julio de 2012, a la que seguirán las inconformidades electorales que se controviertan judicialmente, porque, literalmente, puntos sensibles como los de publicidad, gasto de campañas y sanciones, se encuentran a interpretación tanto del Instituto Federal Electoral como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin posibilidad de solución hasta entonces no se apertura un nuevo proceso de reforma que, en todo caso, de darse servirá para los comicios federales de 2015.

Por lo que hace a las elecciones locales, la historia electoral reciente de Veracruz ha pasado por su propia problemática. En efecto, durante el proceso legislativo de reforma integral a la Constitución de Veracruz, vigente a partir del 4 de febrero de 2000, las diferencias sustanciales se encontraban en seis artículos, entre los que destacaba el numeral 21, que regulaba la composición del Congreso y los principios de representación política (mayoría relativa y representación proporcional). El asunto esencial consistía en que la Iniciativa del Ejecutivo dejaba a la ley ordinaria la posibilidad de desarrollar las previsiones constitucionales, en relación con la fórmula electoral para la distribución de escaños; mientras que la propuesta del Partido de la Revolución Democrática era que se mantuvieran en las disposiciones constitucionales las premisas fundamentales de distribución de escaños. En ese punto, la negociación técnico-jurídica arrojaba, como único referente asequible, emular la fórmula electoral contenida en la Constitución federal; sin embargo, lo que resultó fue una redacción confusa del contenido de ese artículo 21, de la cual surgió la problemática que hasta hoy día no ha podido resolverse en la legislación local, y ha tenido que ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial el que ha dirimido, circunstancialmente y con diferencia de criterios, las soluciones en las elecciones de 2003, 2004, 2007 y 2010, para la distribución de las curules de representación proporcional, debido a la deficiente redacción del dispositivo constitucional, escrito sin cuidar ni modelar sus posibilidades de aplicación, e introducido durante el debate mismo como propuesta de adición al artículo 21 del Dictamen de Ley a discusión.

Felizmente, la semana pasada el Ejecutivo Estatal ha tenido el tino político y jurídico de enviar una iniciativa de modificación a la Constitución del Estado que, entre otros dispositivos, propone una reforma acertada y equilibrada del consabido artículo 21 de la constitución local, tomando como modelo la constitución federal, lo cual significa que, en Veracruz, después de casi 12 años, por fin se tendrá una mejor “pista comicial”, de buena “amplitud” y “peralte”; de lo contrario, sin el impulso legislativo para hacerlo, continuarán los inevitables ejercicios de interpretación judicial en cada elección local. Bienvenida la reconstrucción positiva de los cimientos de nuestra “autopista electoral”.

2012: Elección Total (2)

Como es natural, las aspiraciones y postulaciones de candidatos presidenciales son las que atraen la mayor atención noticiosa, a la caza de sus yerros o defectos, y se presta menor atención a la congruencia de la propuesta política y de gobierno que cada candidatura partidaria ofrece. Pero menos atención todavía tiene la “autopista” sobre la que se desliza toda elección federal, de corte eminentemente jurídico, cuyos datos “duros” están formados por la legislación electoral tanto de orden administrativo como jurisdiccional. Construida realmente en la década de los noventas del siglo anterior, esta carretera muestra baches y desperfectos que asombrosamente suscitan muy poca curiosidad pública, con excepción de los especialistas o estudiosos que tampoco son realmente muchos. Después de la reforma política de 1977, atribuida legítimamente a la inteligencia de Don Jesús Reyes Heroles, que apertura el sistema de partidos, la representación política en el Congreso de la Unión y en los ayuntamientos del país, casi diez años después el Código Electoral de 1986 no pasaba la prueba de las elecciones de 1988 y, con la “caída del sistema” en los comicios federales de ese año, su suerte jurídica quedaba echada ante la crisis de legitimidad política con que inició el nuevo sexenio de gobierno federal. Por ello, bajo la tutela de Fernando Gutiérrez Barrios, entonces Secretario de Gobernación, en 1989 empezaban los trabajos políticos de cabildeo y acercamiento, sustancialmente con el Partido Acción Nacional, para evaluar las condiciones político-jurídicas para impulsar una nueva normativa electoral acordada.

El 6 de abril de 1990, con los votos del PRI y del PAN, se reformaban los artículos 5, 28, 35, 36, 41, 54, 60, 73 y 123 de la Constitución Federal, que en conjunto daban como resultado la creación de los organismos electorales administrativos y judiciales, que cuatro meses después, el 15 de agosto de 1990, adquirirían nombre propio (Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral), con la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Cuando alguien quiere saber cuántas reformas políticas menores o mayores ha habido, suele consultarse el tracto seguido por el artículo 41 constitucional federal: después de 1990, éste se reformó el 3 de septiembre de 1993, el 19 de abril de 1994, el 22 de agosto de 1996 y el 13 de noviembre de 2007, en tanto que el nuevo Cofipe es de 2008. La reforma de 1996 fue calificada como la “reforma definitiva”, aunque en materia electoral no existe nada concluido y siempre constituye un expediente abierto. Pero nuestra legislación electoral federal sigue siendo defectuosa. Por ejemplo, en los últimos diez años los dos Presidentes han actuado con franca intromisión en los procesos electorales; a su vez, los organismos electorales han variado sus criterios y hoy mismo resuelven con interpretaciones que no logran unanimidad de opinión entre los contendientes, por cuanto a la aplicación de la ley vigente, simplemente porque: (a) No hay acuerdo para una reforma integral; o (b) a todos los institutos conviene la falta de claridad en la legislación electoral. Por supuesto, la primera hipótesis es verídica y la segunda difícilmente creíble. De lo que no hay duda es que la “pista” jurídica presenta baches, malas reparaciones, en algunas partes ya perdió “asfalto” y rodamos sobe tramos de terracería. ¿Cuándo haremos nuestra autopista electoral duradera y de concreto?

2012: Elección Total

Según datos del Instituto Federal Electoral, a mediados de 2012 acudiremos a las urnas electorales para votar por un Presidente de la República, 128 Senadores y 500 Diputados en el orden federal (300 de mayoría relativa; y 200 de representación proporcional); y se tendrán elecciones locales en 15 entidades federativas: Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Colima, Querétaro, Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Guerrero, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas que, en conjunto, representan la elección de 6 Gobernadores, un Jefe de Gobierno, 347 Diputados locales de mayoría relativa, 232 Diputados locales de representación proporcional, 871 presidencias municipales y 16 jefes delegacionales.

Por su dimensión y volumen, a la suma de las elecciones federales, estatales y municipales que coinciden de este modo cada seis años, se le ha dado en llamar “elección total” -aunque en estricto sentido no sea así- porque se renueva el 100% de los cargos de elección federal, casi el 20% de las gubernaturas o equivalente (el Distrito Federal) y de los legisladores locales, y el 35% de los municipios del país.

Por ello estamos presenciando una agresiva e intensa campaña electoral (para evitar el “pre” que se quiere anteponer a un proceso electoral francamente ya en marcha), entre todos “los colores” contendientes, dado que el “mapa electoral” puede modificarse –según encuestas y preferencias- de manera que la postulación interna de candidatos se convierte en una verdadera elección interna previa sumamente agitada, debido a que está en juego ni más ni menos que el control del Gobierno Federal en sentido amplio, y una muy importante área regional formada de los estados y municipios mencionados.

La inteligencia con que se elijan candidatos, se realicen campañas y se oferten propuestas de nuevo gobierno, producirá el “resultado ganancioso” para alguno de los tres partidos políticos nacionales más grandes (que al corte del día de hoy se presenta, en orden de mayor a menor intención del voto, con la seguidilla PRI-PRD-PAN), o el “tsunami” electoral que afectará a alguno de estos partidos por la consecuente redistribución formal y material del poder político tanto en el centro como en la periferia.

Por supuesto, también se pueden dar diferencias relativas entre las tres fuerzas político-electorales más representativas de nuestro país, si atendemos a la lógica de analistas serios que también argumentan, fundados en datos histórico-electorales duros, que a la “hora” de la elección las diferencias en las estadísticas sobre preferencias comiciales se habrán estrechado, distribuyéndose hacia una cadena PRI-PAN-PRD (también de mayor a menor) más equilibrada, porque introducen la expectativa de “género” que podría suceder con la posible incorporación de una mujer candidata a la Presidencia de la República. Con todo, lo cierto es que las estrategias están marcadas: el PRI, con Peña Nieto, busca conservar la indudable ventaja que tiene hoy por hoy; el PRD, intenta recomponer la figura de López Obrador, para ver si puede “estirar” su imagen; y el PAN, decidirá el candidato (Cordero o Vázquez Mota) que recibirá el apoyo de todo el aparato del gobierno federal para conservar el poder. Pues bien, evidentemente en este 2012 asistiremos a una verdadera Elección Total.