Gobierno y Estado de Derecho

El Gobierno en sentido extenso significa, políticamente, la suma de las tres funciones del Estado (legislativa, ejecutiva y judicial), expresadas en la acción práctica, paralela o simultánea, de los denominados tres poderes públicos. A su vez, quienes laboran al servicio de cualesquiera de estos poderes, es decir, los servidores públicos, se encuentran dotados de imperium (potestad de mando sobre las personas) y dominium (poder jurídico sobre las cosas) sólo por virtud de los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios que rigen la conducta de quienes son contratados por el Estado para el fin de desempeñar alguna de esas funciones estatales. Que las atribuciones de los entes estatales y las facultades de los funcionarios públicos requieran fundarse en leyes previas para motivar su actuación, es el presupuesto de todo gobierno que se precie de adscribirse al llamado Estado de Derecho, porque en éste gobernantes y gobernados se conducen, los primeros, únicamente en los términos que la ley les autoriza (lo que no está puesto en ley debe entenderse como negado) y, los segundos, con criterio de máxima libertad (en tanto no se afecte a terceros o al interés general). Don Luis Recaséns Siches se ha referido a este tema de manera muy didáctica, al recordarnos, en tiempos de Federico II de Prusia, al molinero cuyo predio era cruzado por una corriente de agua que antes atravesaba una finca colindante. El dueño de ésta, enemistado con el molinero, desvió la corriente para impedirle beneficiarse de ella. El molinero demandó a su vecino ante un juez y, después, ante un tribunal de más jerarquía; pero ambas instancias desestimaron su demanda, en virtud de no estar prevista legalmente sanción alguna para tal abuso. El molinero acudió al propio Federico II y éste, considerando injusta la resolución, revocó por sí mismo la sentencia y arrestó a los magistrados. Recaséns concluye que el monarca actuó en forma justa, pero arbitraria, puesto que su decisión no se basó en una ley válida, sino en una decisión personal fundada en su investidura monarcal. El ejemplo que utiliza Recaséns Siches le sirve para ilustrarnos la diferencia entre el mandato arbitrario y el mandato jurídico, es decir, entre el mandato basado en un mero acto de fuerza y el fundado en una norma válida.

Cuando autoridades o particulares actúan por la fuerza y fuera de la ley para resolver asuntos o conflictos, se rompe el deber ser necesario para preservar la convivencia pacífica, debido a que las normas jurídicas son convenciones humanas y existe siempre la posibilidad de que gobernantes y gobernados no las acaten. Pues bien, hoy día, a las nociones Gobierno y Estado de Derecho se han sumado las de Gobernabilidad y Gobernanza, con el fin de destacar que para el proceso de gobernar no basta sólo tener legitimidad de cargo y de actuación (gobernabilidad), sino que se necesita de la competencia o capacidad directiva de los gobiernos y su vinculación con los ciudadanos y las organizaciones sociales (gobernanza). Por ello, siempre será socialmente refrescante que un gobierno postule la Gobernanza como su regla de acción, asumiéndose como agente de dirección para impulsar, democráticamente, un nuevo tipo de prestaciones gubernamentales que requieren de las capacidades sociales, entendidas como cogobierno y autogobierno participativo de los ciudadanos. Vale la pena.