La “soberanía” es un concepto de expresión socio-histórica y, por supuesto,
jurídico-constitucional. En el primer sentido, se liga con los de nación,
patria y matria, que dan contenido al “ser nacional”; en tanto que, en el
segundo, refiere al principal atributo de todo Estado que se refleja en los
principios de independencia e impenetrabilidad que poseen los elementos que lo estructuran:
población, territorio y legislación. Cuando a propósito de la firma del Tratado
de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, vigente desde el 1° de
enero de 1994, el entonces primer ministro de este último país, Jean Chrètien, en
visita oficial al nuestro, fue recibido también en el Congreso de la Unión, después
de un cuidado discurso diplomático en el Palacio Legislativo de San Lázaro, fue
interpelado por algunos legisladores para preguntarle si el TLC no significaba
pérdida de soberanía para México, y contestó algo como esto: “cada vez que se
firma un tratado entre dos o más países, se cede un cierto monto de soberanía”,
y se sorprendía de que esta sencilla realidad fuera motivo de debates
acalorados entre nosotros. Pero el día de ayer, la Presidenta de Argentina, Cristina
Fernández de Kirchner, anunció que su gobierno procedía a la expropiación de la
petrolera Repsol-YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales, antes petrolera
estatal argentina, se privatizó en 1999 al venderse a Repsol, petrolera
española). Frente a un serio déficit energético y con reclamos sobre falta de
inversión de la empresa española a la que se culpa del descenso en la
producción de hidrocarburos, la mandataria de Argentina dijo que “la
expropiación busca dar al país libertad sobre su política energética” y que
“YPF es de toda la nación”. Para su decisión, la Presidenta de Argentina se
fundó en su calidad de Jefa de Estado, es decir, de representante de los
intereses nacionales frente al entorno político y económico exterior. En
realidad, con independencia de la información que empieza a fluir a favor o en
contra de la medida expropiatoria, estamos asistiendo a una situación que
reedita el viejo debate sobre la soberanía de los Estados Nacionales, vivido en
1939 en México (creación de Pemex) y en Brasil en 1953 (creación de Petrobras).
El desvanecimiento de las fronteras nacionales, observable en el campo de la
información y la comunicación electrónica, en los fenómenos intensos de
migración internacional, en la transnacionalización de las empresas y, por
supuesto, en la globalización económica de naturaleza multinacional, constituyen
un complejísimo macrofenómeno que muestra la acentuación de las diferencias
entre los países económicamente periféricos y los países centrales industrializados;
al contrario, el estatismo siempre ha sido acusado como la causa de la falta de
productividad y competitividad de las empresas públicas, sobre todo del sector
energético. Sin embargo, la soberanía sigue siendo un atributo constitucional
que superlativamente se materializa en acciones expropiatorias por razones de
utilidad o interés público. Al caso, Pemex tiene una participación de 9.49% en
Repsol, lo cual no justifica que el Presidente Calderón, como Jefe del Estado
mexicano, critique a su homóloga argentina, a la luz del artículo 89 de nuestra
constitución federal que ordena respeto a la autodeterminación de los pueblos y
no intervención (fracción X). ¿Quién nos metió en este pleito entre España y
Argentina?
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