Presidente en campaña

Resulta notablemente preocupante el clima electoral de inequidad que genera la conducta del Presidente de la República –constitucionalmente, jefe de estado y jefe de gobierno-, a quien, desde que asumió el cargo, las más diversas voces y plumas le reclaman insolvencia política e incapacidad personal para estar a la altura del cargo que ocupa, empeñado en actuar más como si fuera un presidente de partido –que ya lo fue-, en cuanta elección federal o local se ha celebrado durante su mandato. En el rosario de comentarios, se incluyen los relativos a intromisiones en su propio partido, nepotismo en la designación de candidatos (el caso de su hermana, malograda excandidata a la gubernatura de Michoacán) y manoseo en la elección de consejeros y funcionarios partidistas del PAN. En ese terreno, la crítica política seria se ha apoyado en el análisis y la conclusión informada que caracterizan al periodismo profesional, sin que necesariamente ello sea equivalente de la denominada prueba jurídica, útil para procedimientos administrativos o penales de conclusión judicial. Sin embargo, dos determinaciones del Instituto Federal Electoral, una en 2010 y otra apenas la semana pasada de este abril de 2012, que tienen la calidad legal de evidencia documental emitida por una institución pública de orden y competencia federal, han puesto nuevamente en el debate nacional el acento sobre la protección constitucional de que goza el Presidente de la República frente a casi cualquier presunción de comisión de delitos, en este caso electorales. En 2010, durante el proceso electoral en 15 entidades federativas, el Presidente Calderón, desde entonces en campaña, hizo y transmitió anuncios y mensajes sobre inseguridad y logros en materia de salud. Ahora en 2012, el IFE determinó que el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, violó otra vez la ley electoral federal (Cofipe), al distribuir, mediante del Sistema de Administración Tributaria, cartas firmadas por él cuyo contenido (con alusión expresa a obras y acciones gubernamentales) genera inequidad en la contienda electoral. A confesión de parte, relevo de pruebas, reza un viejo adagio jurídico. Pero, más allá de que el Presidente sólo puede ser acusado, durante su mandato, por traición a la patria y delitos graves, y de que esa protección se agota con el término de su mandato –después de lo cual puede ser acusado y procesado como cualquier ciudadano-, es decir, más allá de las consecuencias jurídicas debidas a la conducta desplegada por el Titular del Ejecutivo Federal, a las que habría que sumar la violación a su protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, es grave que el Presidente Calderón –no el abogado Calderón-, muestre una conducta carente de mesura política. Con la actuación que le atribuye pública y oficialmente el Instituto Federal Electoral, el presidente Calderón se nos muestra falto de la altura constitucional que se exige de todo jefe de estado, y carente de la sensibilidad social necesaria para mantener en la mira el costo histórico que ha tenido para los habitantes y ciudadanos de este país el camino a la democracia. La determinación del IFE parece confirmar que hace buen rato el Presidente cambió la brújula nacional por la partidaria, y sin conocimiento de la verdad de un antiguo axioma político: el gobernante gobierna para el presente; el estadista lo hace para el futuro.