En defensa de los periodistas

Diversas son las situaciones de violencia que el Estado Mexicano y los habitantes y vecinos de las entidades federativas enfrentamos hoy día, cuestión que exige acciones de gobierno para su protección y la de nuestras instituciones públicas y organizaciones civiles, con el fin de garantizar la convivencia social, la calidad de las relaciones humanas y la protección de los intereses más preciados por todos. Por eso, cualquier violación a nuestros derechos fundamentales a estar informados, a manifestar nuestras ideas y a expresarnos libremente, conculca la condición humana, porque la vitalidad de una sociedad proviene de las libertades de sus ciudadanos, a cuya protección el Estado debe acudir con responsabilidad social absoluta, dado que toda persona tiene derecho a opinar y a no ser censurado o molestado por ello, e igual o más libertad posee para investigar y recibir información, así como para difundirla sin limitación de fronteras y por cualquier medio de comunicación. El 7 de junio pasado, en el marco de la conmemoración a la Libertad de Expresión, el Titular del Poder Ejecutivo de Veracruz anunció el envío al Congreso local de la iniciativa para crear, en la Constitución de Veracruz, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, como organismo autónomo del Estado responsable de atender y velar por la integridad personal de los comunicadores, así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión. Y una semana después, el 14 de junio, como prueba triste y mortal del imperativo de contar con una institución protectora, el periodismo mexicano se enlutaba con la muy dolorosa muerte de Víctor Manuel Báez Chino, compañero apreciado de Milenio El Portal Veracruz.

  

Quienes dedican su vida personal y profesional a la comunicación social, son hombres y mujeres cuya actividad los coloca frente a riesgos y vulnerabilidades; y su mayor paradoja ha sido la de tener que “reportear” los casos de pérdida de la vida de sus propios compañeros de profesión. La violencia contra los comunicadores ha sido condenada socialmente y las autoridades constituidas no pueden permanecer indiferentes ante la gravedad de estos hechos, de fuerte impacto en la comunidad. Es en este contexto que debe examinarse la iniciativa del Gobernador de Veracruz, sin precedentes en el derecho nacional o en el de las entidades federativas, sobre todo porque se propone que la Comisión sea un órgano colegiado, con representación sustantiva de periodistas, propietarios o directivos de medios de comunicación; de organizaciones no gubernamentales; de investigadores del ámbito académico; y con participación mínima del gobierno (comunicación social y procuraduría de justicia), pero con la máxima obligación de servir como los principales obligados a acatar las instrucciones de la Comisión, en beneficio de la atención y protección de los periodistas. Es cierto: sólo una institución autónoma, de rango constitucional y con participación de quienes tienen en el periodismo su principal profesión, u objeto de estudio, representa una alternativa real, desde el orden de las instituciones sociales y públicas, para atender y resolver esta problemática indeseable que a todos nos afecta y a todos nos importa. En memoria de Víctor.