La
realización de la prueba “Enlace” (bloqueada en al menos cinco estado); las
movilizaciones de maestros disidentes en contra de ella; las manifestaciones
políticas de reclamo de la líder del mayor sindicato de educadores de América
Latina –y jefa política del PANAL- respecto de la actuación de la ex Secretaria
de Educación Pública y ahora candidata a la Presidencia de la República por
Acción Nacional; o las muy recientes declaraciones del candidato presidencial
del Revolucionario Institucional sobre el papel rector del estado en materia
educativa, con independencia de la relación entre el sindicato magisterial y
sus agremiados; todo en combinación con las acusaciones del presidente Calderón
por el cierre de escuelas en Oaxaca, fundadas en “chantaje” o “capricho”, en
unión de sus expresiones en pro de la evaluación universal docente y las
dificultades de aplicación de la citada prueba Enlace, colocan en el centro de
la polémica pública y del debate político el campo de la educación en México.
En este ámbito no hay
recurrencias o estacionalidades, porque ha sido permanente y socialmente
conflictivo debido a la dimensión de los factores que intervienen de diversa
forma: a) millones de educandos de todos los niveles, b) cifras también
millonarias las del número de profesores, c) miles de escuelas, y d) un peso
enorme en el porcentaje del gasto público de la federación: Para 2012, el
presupuesto aprobado es de $3 billones 707 mil millones de pesos, de los cuales
532 mil millones constituyen el presupuesto educativo –el más alto de la
historia- que representa el 19% del
gasto programable federal y el 33% del gasto en desarrollo social (que incluye
salud, asistencia social, infraestructura social e hidráulica, urbanización,
vivienda y protección ambiental).
Conforme
al censo de 2010, de la población de 6 a 14 años, 18.7 de 19.8 millones asisten
a la escuela, es decir, 94 de cada 100; de los jóvenes de 15 a 19 años, que generalmente
cursan algún año de educación media y media superior (bachillerato o preparatoria
y carreras técnicas), sólo el 53 % asiste a la escuela; y, hay 3.5 millones de
personas de 20 años y más que asisten a la escuela, o sea, 5 de cada 100
habitantes en este enorme rango de edad. Por su parte, las
cifras de analfabetismo muestran que 6 de cada 100 hombres y 8 de cada 100
mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir.
Si consideramos que hoy día,
como lo informa el INEGI, 40.1 por ciento de mujeres y el 40.8 por ciento de
hombres están en la escuela, es decir, menos de la mitad de la población total,
aún así, frente al total de población de 113 millones de habitantes en nuestro
país conforme al censo de 2010, resulta que más de 45 millones de personas se
encuentran cursando alguna modalidad educativa. Los datos duros son elocuentes
y enuncian porque la educación constituye un enorme campo complejo, de
implicaciones políticas y sociales conocidas en buenas dosis, pero también
desconocidas o sin correlacionar en muchas otras. Se entiende así porque el
discurso político de presidente, candidatos y líderes magisteriales se escucha
o manifiesta con diferencias o enfrentamientos frecuentes y muchas menos
coincidencias; en contraste con la aparente “poca voz” de estudiantes y padres
de estudiantes. Dato este último, preocupante ¿o no?
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