Notable
por cualquier ángulo que se le quiera ver, resulta el decreto firmado este
lunes 28 de mayo, por el titular del Poder Ejecutivo de Veracruz. Y no sólo por
la medida administrativa que se instruye, dirigida a los servidores públicos de
las dependencias centralizadas y entidades paraestatales de la administración
estatal, sino también por la invitación hecha por el Gobernador del Estado a
las autoridades de otros poderes públicos, ayuntamientos y organismos autónomos
del Estado, para instaurar en sus propias jurisdicciones medidas de similar
aplicación, específicamente dirigidas a los denominados funcionarios o
servidores públicos de confianza que ocupan los niveles jerárquicos de mandos
medios y superiores. Se trata del dictado de una disposición superior -acto
administrativo unilateral, válido, ejecutivo y ejecutable, que se ordena en
ejercicio de autoridad- para que quienes ocupan los cargos de jefe de departamento hasta llegar a los de secretario
de despacho, o equivalentes, se
sujeten a “exámenes médicos o de laboratorio de carácter toxicológico”,
necesarios para asegurar que su desempeño público no se vea afectado o
influenciado por el consumo de fármacos, drogas o sustancias prohibidas por la
ley.
Si en el plano
teórico-jurídico nos encontramos ante la presencia de un ejercicio puro de
derecho público-administrativo, en el plano social asistimos a la puesta en
práctica de una muy larga y discutida idea en medios de todo tipo: la garantía
de que quien actúa como agente del Estado, se encuentra libre del consumo,
adicción o dependencia activa de cualquier sustancia prohibida, que pueda
alterar o afectar su desempeño en la prestación de servicios públicos, dado que
estos últimos deben prestarse de manera que se ajusten a características de regularidad,
continuidad, uniformidad y permanencia, porque se orientan sustancialmente a la
satisfacción de necesidades de interés general o fundamentales. Que los servidores
públicos se encuentren en condiciones objetivas de aptitud, para cumplir con
las necesidades del propio servicio público, es lo menos que se ha dicho con
intensidad durante la última década, tanto en el ámbito nacional como en el
local; pero que el máximo representante del Poder Ejecutivo –en nuestro caso,
el Gobernador Duarte- se tome a sí mismo como sujeto de la idéntica obligación
que impone a sus funcionarios y empleados del primer círculo y subsecuentes
jerarquías, tampoco tiene precedentes de ningún tipo y así lo afirma en su
decreto: “es convicción del
titular del Poder Ejecutivo del Estado que, justamente, el Gobernador de
Veracruz es el primer servidor público que debe someterse responsablemente a
toda prueba de confianza en la prestación del servicio público, incluyendo las
de orden médico y de laboratorio, de carácter toxicológico, para garantizar
debidamente a la sociedad veracruzana, que se encuentra apto para el ejercicio
del cargo y libre de dependencias o adicciones de fármacos, drogas o sustancias
prohibidas por la ley, que pudieran afectar o poner en duda su desempeño”. Nada
que añadir a esta medida refrescante, sobre todo a la luz de la máxima política
en la democracia: toda convivencia humana libre supone el principio de que “el
poder debe controlar al poder”.
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