El lunes de esta semana empezó con declaraciones importantes, sino es que claves, para comprender la acción política que se emprenderá en los próximos días y semanas. Enrique Peña Nieto ha anunciado la presentación de dos iniciativas por conducto de los legisladores del grupo parlamentario del PRI que, de lograrse, se constituirían en el preludio de un conjunto de reformas estructurales largamente reclamadas. En el plano constitucional, se propone la autonomía plena del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), y la eliminación de prácticamente todas las reservas de ley (aunque se mantendrían en asuntos seguridad nacional y datos personales, o cuando lo determinara la Suprema Corte de Justicia), sujetando a los tres poderes federales, así como a organismos de estados y municipios, a la esfera de competencia del IFAI, y sus resoluciones serían inatacables; es decir, un verdadero ombudsman en materia de derecho de acceso a la información pública, con atribuciones para aplicar sanciones administrativas (desde multas hasta remoción del cargo) y promover denuncias penales. Correlativamente, porque así lo son estas materias, se plantea la extinción de la Secretaría de la Función Pública, en reconocimiento de que no vigila ni controla nada desde hace más de 25 años, desde que era Contraloría General de la República, a no ser a uno que otro funcionario menor despistado o ignorante de las más elementales responsabilidades en el servicio público, pero nunca asuntos importantes, a no ser para encubrir, no obstante notables casos de corrupción en diferentes dependencias y entidades federales (Lotería Nacional, Pemex, CFE, Issste, Imss; ni para qué seguirle: impunidad llana). En su lugar, se propone la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, integrada por cinco ciudadanos, con autonomía constitucional para fincar responsabilidades administrativas y penales, dotándola de facultades de investigación amplias para sancionar a los servidores públicos de los tres poderes federales, de los estados y de los municipios, y también a los ciudadanos involucrados (esto último toda una novedad). Estaríamos, tanto en materia de acceso a la información como en lo relativo a responsabilidades en el servicio público, ante dos instituciones colegiadas de naturaleza constitucional, con verdaderos “dientes y garras” para dar eficacia a sus decisiones, como lo ha dicho el equipo de transición del Presidente Electo. Por su parte, López Obrador se separó “sin ruptura” del PRD, PT y MC, para seguir su camino con el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), actualmente asociación civil, en la previsible ruta de su conversión en un nuevo partido político. Se declara en desobediencia civil y contrario a un régimen que califica de antidemocrático (al actual gobierno y al que todavía no empieza). Derrotado en la elección federal y vencido en el interior del que fuera el partido que lo hizo Jefe de Gobierno del Distrito Federal, fijó su postura en contra de cualquier reforma laboral, fiscal o de privatización energética que afecte “los intereses del pueblo”. Este discurso y seis años parecen poco tiempo para formar un partido político competitivo hacia el 2018, o muchos para un cuasi-eterno candidato cuyo desgaste personal o su accionar político, es más que evidente. Así pintan el Gobierno y su Oposición más dura en los próximos años. Nuevos inicios.
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