Los Presidentes y la Iniciativa en materia de Contabilidad Gubernamental de Trámite Preferente

Acordada con el Presidente electo Peña Nieto, el Presidente Calderón envió, también con carácter preferente, la iniciativa para modificar la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a fin de facilitar la forma en que se entrega y publicita toda la información público-financiera del país, haciéndola más accesible a los órganos de fiscalización y a la sociedad, según consta en su exposición de motivos. La propuesta apunta la idea de hacer homogénea y “transparente” la información presupuestal, desde el origen del proceso presupuestario hasta la rendición de cuentas de su ejercicio, añadiendo medidas para que esté a disposición de todo ciudadano que la solicite; obligaciones todas, además, de las que deberán responder federación, entidades federativas y municipios, ordenándose su difusión plena en internet, sin restricción de ningún tipo, con lo que prácticamente se acabaría con los criterios generales de reserva y confidencialidad que en materia de fiscalización han privado hasta nuestros días, que impedían conocer la información financiera fiscalizable antes de la presentación oficial de cuentas públicas a los congresos federal o estatales. Al efecto, se hace obligatorio para todos los entes fiscalizables: sujetarse a las normas y formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); publicar en internet la información que da cuenta de las operaciones financieras de manera trimestral, y mantener durante al menos seis ejercicios fiscales (6 años, pues) disponible toda la mencionada información. En suma, sin excepción alguna, todos los ingresos, obligaciones de garantía o pago (deuda pública) o pasivos de cualquier tipo, prioridades de gasto, programas y aplicación de recursos por cualquier forma que se haga, deberán publicarse conforme a los criterios, normas y formatos del CONAC, y además federación, estados (incluido Distrito federal) y municipios deberán difundir toda esta masa de datos financieros en internet, pero de forma accesible para los ciudadanos. Esto supone que, con independencia de las muy técnicas clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica y geográfica con que las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos se elaboran (hasta ahora reservada sólo para iniciados), deberá utilizarse un lenguaje, si no coloquial, asequible para toda persona, es decir, para el ciudadano común interesado en saber qué se hace con el dinero público a cuya formación contribuye con sus impuestos, y con la suma de impuestos que pagan todos los demás contribuyentes. En la propia iniciativa se otorga un carácter fundamental a la evaluación del desempeño de servidores públicos y programas, la cual, incluso, deberá difundirse en internet antes de que se presenten los proyectos de presupuesto de egresos de cada año y, además, deberá publicitarse la evolución de ese desempeño cada tres meses. De aprobarse estas modificaciones, los gobiernos federal, local y municipales deberán registrar ante la Tesorería de la Federación y de los órganos de fiscalización, las cuentas bancarias productivas en que se depositan y manejan todos los recursos financieros fiscalizables. Al parecer, se trata de una verdadera revolución en materia de gasto público y fiscalización superior, que buscaría acabar con la opacidad sufrida en materia de gasto público en los últimos años. ¿Se aprobará esta reforma?