Reformas estructurales. Primer ciclo

La aprobación de la reforma constitucional en materia energética, coronó un conjunto de modificaciones denominadas estructurales, producidas por un doble acuerdo sucesivo: el acuerdo político denominado Pacto por México; y el acuerdo parlamentario representado por las votaciones de mayoría calificada en las cámaras del Congreso de la Unión. En términos amplios, ambos acuerdos forman parte de la estrategia política del gobierno de la república, consensada o negociada con las principales fuerzas político-electorales del país. El reformismo gradual –o, simplemente, gradualismo– al que en otras ocasiones nos hemos referido, parece seguir confirmándose como una lógica de la política interior mexicana durante un periodo que alcanza ya 35 años, si se toma como punto de partida la inflexión histórico-social representada por la reforma política de 1977. Ésta habría permitido que la reforma del Estado de nuestro tiempo tuviere un contenido más amplio: reforma educativa, reforma fiscal, reforma política y reforma energética, que han significado la modificación de varias disposiciones constitucionales.

Si se calculan bien los efectos de este conjunto de reformas, podremos apreciar que no será la actual administración federal la que verá los esperados positivos resultados que se pretenden de este gradualismo reformador. Es decir, el primer ciclo o fase ha culminado, después del primer año de gobierno con nuevas disposiciones constitucionales a tono con el planteamiento anunciado desde el principio. Sobremanera, la importancia de este paso radicaba en la necesidad de formar la voluntad política suficiente para materializar la decisión parlamentaria y, en seguida, promover la aprobación de las legislaturas locales. Cumplidas las premisas de esta fase inicial, el segundo ciclo se conformará por las reformas legales que desarrollen las nuevas disposiciones constitucionales, como ya sucedió, por ejemplo, en materia de educación, aunque sigue estando pendiente la armonización de la legislación educativa de los Estados. Reglamentar los rubros sobre instituciones y procedimientos electorales federales, su engarce obligado con los procesos electorales locales, así como la reelección permitida para legisladores y munícipes, conjuntamente con las propias necesarias para los hidrocarburos y la electricidad, anuncian, comparativamente con el ciclo anterior, un “menor” esfuerzo político, pero una “mayor” aplicación técnico-legislativa.

Las reformas constitucionales, con todo y su efecto re-estructurador, siempre son técnicamente menos difíciles; empero, su reglamentación lo es más por el detalle y precisión con el que deben legislarse ordenamientos totalmente nuevos. Este segundo ciclo, también verá el desarrollo legal de las disposiciones en materia de transparencia y del nuevo ente facultado para ello, así como del campo que ahora se llama de la “anticorrupción”, dado que ambos rubros provienen, a su vez, de sendas reformas constitucionales. Considerada producto de una sola estrategia, la reglamentación será compleja y polémica –según el cristal político que usa cada fuerza representativa para impulsar su ideario propio–, en los temas educativo, fiscal, electoral, energético, de transparencia y contra la corrupción. Se espera que el segundo ciclo concluya durante el año 2014, antes de las elecciones de 2015. ¿Será?