El
reconocimiento del poder postmoderno -simultáneamente concentrado en una
pequeña clase dominante y, a la vez, desglosado en miles de pequeños
empresarios, grupos y ciudadanos-, donde el Estado ya no es el único que
detenta el monopolio de la fuerza física, traería la consecuencia indeseada,
pero lógica, de que grupos proscritos por la ley, como los cárteles de narcotráfico
regional, nacional y transnacional, detentarían de facto el control de la
fuerza física en su zona territorial de influencia, como se ha podido observar
en otros países (Colombia, Venezuela) y también en Estados como Michoacán, en
México, donde es público y notorio que las fuerzas estatales (ejército, marina
y policías) buscan recuperar los espacios que representan la base de la
actividad económica que sostiene a ese tipo de delincuencia organizada. Por
supuesto, lo relevante no es que el Estado siga siendo más fuerte que las
suborganizaciones legales o ilegales, sino que abiertamente le disputen lo que
en materia constitucional se denomina “imperium” (poder de mando sobre las
personas) y “dominium” (poder de mando sobre las cosas).
En
el orden supranacional, Wallerstein reconoce como factores de poder contemporáneos
–postmodernos, diríamos nosotros siguiendo a Wolin– a dos fenómenos reales: la
globalización (tratados de libre comercio americanos, europeos y asiáticos) y
el terrorismo (en los mismos continentes), donde se ve “el primero rebosante de
esperanzas y, el segundo, de peligros temibles”, pero cuyo significado requiere
cuestionarse, para comprenderlo sin parcialidad. El primero es legal,
avasallador y transnacional; el segundo es ilegal, destructivo y, también,
transnacional; pero ambos se mueven manifiestamente en el terreno de la
realidad social presente y, al parecer, futura. Así, entonces, siguiendo la
línea de nuestro artículo anterior y de éste, el constitucionalismo tradicional,
que admite la identidad Constitución=Estado Nación, estaría sobrepasado por una
realidad social más amplia y compleja que aquella en la que la unidad nacional
era la máxima expresión de la organización política.
Curiosamente,
una fórmula clásica del siglo XIX debida a Ferdinand Lasalle, ¿Qué es una
Constitución?, parece cobrar nuevo significado: una Constitución es la suma de
los factores reales de poder, vertidos en una hoja de papel. Por tanto, como lo
criticara ese autor, en su tiempo: ¿Debemos permitir el reconocimiento de los
nuevos factores reales de poder y constitucionalizarlos? Esto que pareciera una
broma de “mal gusto constitucional”, no lo es tanto, o: ¿Qué no se discute y
pretende legalizar la producción, tráfico y consumo de estupefacientes? ¿Qué en
algunos países no se promueve y practica el terrorismo como una acción casi de
política exterior? ¿Qué no hay quien dice que, en nuestro país, representantes
del narcotráfico fueron al Senado de la República? Estos son los dilemas fácticos
que se enfrentan en el plano teórico constitucional. Por cuerda separada,
Ferrajoli ha denominado “poderes salvajes” a la manipulación de la información,
la despolitización masiva, la primacía de los intereses privados, la crisis de
la participación política, la disolución de la opinión pública y el patrimonialismo.
Luego: ¿Cómo debe ser la Constitución Postmoderna? P. D. Felicidades a don
Froylán Flores Cancela, justo y merecido.
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