¿Leyes federales, generales o estatales?

Leyes federales, generales, estatales… orgánicas, ordinarias, secundarias. Tales son varias de las formas con que la literatura jurídica se refiere a la naturaleza y denominación de las leyes, y podríamos anotar que todas son ciertas; sólo que unas se utilizan con el sentido de diferencia y otras con el de sinonimia. Cualquier libro introductorio al estudio del derecho apunta que toda ley –atendiendo a su naturaleza- es general, abstracta e impersonal, porque toda ley pretende abarcar todas las situaciones relativas a la materia que regula; por eso la ley no es específica, sino general, no se dedica a tal o cual persona precisa porque es impersonal, no detalla situaciones concretas y por ello su redacción es abstracta. Así que decir que una ley es “general” es una verdad de Perogrullo; es tanto como afirmar que el hombre es “humano” o que el perro es “animal”, o que ambos son mamíferos: es mera obviedad o, simplemente, confundir la “naturaleza” de la ley con su “denominación”. El principio fundamental, como siempre, está en la constitución federal, que la gran mayoría de las veces usa “ley federal” y “ley general” como expresiones equivalentes o sinónimas, y sólo en algunos casos las emplea como nombre propio, “Ley Federal…” o “Ley General…”, para enfatizar su materia. Dado que el Estado mexicano tiene tres órdenes de gobierno –federal, estatal y municipal-, de los cuales sólo los dos primeros expiden leyes, entonces, por su origen, toda ley es federal o estatal. Por eso el artículo 133 de la constitución federal, relativo a la supremacía de las leyes en nuestro país, utiliza expresiones para destacar el origen como el criterio superior que hace la diferencia: “leyes del Congreso de la Unión” (para las federales) y “leyes estatales” (para las de las entidades federativas), pero en ambos casos, todas son leyes generales, abstractas e impersonales. Sempé dice que “Por definición todas las leyes son generales. La distinción entre ley general y especial tiene una utilidad práctica. Sirve para determinar qué ley debe aplicarse al caso concreto, y si se derogó tácitamente o permanece vigente una ley al expedirse una posterior. Pero el empleo del concepto ley general puede dar lugar a confusiones”. López Olvera, citando un criterio muy explorado desde mediados de los 80´s del siglo pasado, apunta: “las leyes expedidas por el Congreso de la Unión tienen el carácter de federales. En época reciente, cuando disposiciones emanadas del propio Congreso dan base para un sistema de concurrencia entre órganos federales, estatales y municipales, se les ha denominado generales…lo anterior no obsta para que el vocablo ´general´ se continúe usando, siguiendo una muy antigua tradición, como sinónimo de federal, entendiéndose con ello que una ley general se aplica en todo el territorio nacional”. Por eso, en diccionarios especializados, que detallan la clasificación de las leyes según diversos criterios, nunca se alude a la diferencia entre leyes federales y generales, porque no tiene ningún sentido más que el de dar nombre propio o especial a un ordenamiento concreto. El brillante constitucionalista y parlamentario mexicano, ya fallecido, Don José Luis Lamadrid Sauza, estimaba vano, superfluo, descuidado y contrario a la técnica legislativo-constitucional, querer diferenciar la naturaleza de una ley “federal” de otra denominada “general”. Interesante, ahora que se armonizan leyes federales y estatales ¿no?