¿IFE = INE?

No y sí. No, porque el Instituto Nacional Electoral es, constitucionalmente, una persona moral distinta de la que sustituye, y si bien las diferencias empiezan con las denominaciones, éstas se continúan en las atribuciones. Sí, porque conserva notables y obvias similitudes con su antecesor, como sucede con todo descendiente directo de figuras electorales previas. El cambio de nombre, en el que pareciera que simplemente se sustituyó la palabra “federal” por la de “nacional”, tiene un sentido jurídicamente concreto: lo “federal” le hacía ser competente sólo en las elecciones de ese orden y, por tanto, estar imposibilitado para participar como organizador en elecciones estatales y municipales; ahora, lo “nacional” representa la modificación de nomenclatura que le da participación directa en los procesos locales. En efecto, de un tiempo para acá el legislador ha reservado el uso de la expresión “nacional” para expedir normas o crear instituciones –o ambas cosas a la vez- que dan potestad y jurisdicción en todo el territorio de la República, como acaba de pasar con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que extinguió a todos los códigos procedimentales de los Estados.

El INE es diferente porque: será garante de la paridad de género en las postulaciones a cargos de elección popular; administrará el tiempo que le corresponde al Estado en la radio y la televisión; vigilará y aplicará los procedimientos electorales federales y locales; estará de facultado para presentar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión; y porque nombrará y removerá a los integrantes de los organismos públicos locales. Estas dos últimas atribuciones hacen mucha diferencia, y han llevado a no pocos investigadores a cuestionar si ello representa un “recentralización” de potestades en beneficio de la Federación, a costa de las que pertenecían a las entidades federativas, dado que ahora se les retiran. Quienes opinan lo contrario, lo han llamado un nuevo proceso de “refederalización”. ¿Quién tiene la razón? Eso no parece importar políticamente en estos momentos.

A su vez, el INE sigue siendo igual al IFE, en la medida que es también una institución para la organización de procesos electorales; que llevará el registro de los electores; cuidará de los derechos, obligaciones y prerrogativas de los sujetos que intervienen –ciudadanos y partidos políticos-; y, en suma, será la autoridad que tendrá a su cargo la jornada electoral, resultados preliminares y fiscalización de recursos de los partidos políticos nacionales, que desde ahora requerirán un mínimo de votación de tres por ciento del total de votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, para que no les cancelen el registro. Y sobre todo, sí se parece y a la vez no; porque el órgano máximo de dirección del INE –su Consejo General- se forma por un presidente y diez consejeros, de los cuales cuatro repiten como tales, dos provienen de la estructura del hoy abrogado IFE y los restantes cinco son “fuereños”. Por lo demás, personal, edificios, oficinas y estructuras organizacionales siguen siendo las mismas, y ya se verán los ajustes que se hagan en los reglamentos, manuales y lineamientos que se autoricen. Así que todo nuevo y todo igual. ¿Será así en todo?…ummm.

Constitución, Constitucionalismo y Constitucionalidad

Estos tres términos se relacionan estrechamente, pero tienen un significado propio. Hoy día existe la idea común de que la Constitución es la ley fundamental de un país, un pueblo o una nación, que de manera escrita establece los derechos de las personas y organiza el gobierno. De ahí sus sinónimos de Carta Magna, Ley Superior, Ley de Leyes, etc. En la tradición americana, de la que proviene el sentido de la Constitución mexicana o la de cada uno de los Estados de nuestra Federación, a nosotros nos resulta muy familiar la expresión de Thomas Paine: “Una constitución no existe más que cuando la puede uno meter en su bolsillo”. Desde las constituciones de la antigüedad, griegas o romanas, pasando por las constituciones medievales hasta las modernas, el concepto ha mudado su significado de manera notable, de forma que la famosa constitución griega de Clístenes, del siglo V a. C., no es lo mismo que la todavía más famosa Carta Magna inglesa de 1215, y mucho menos se parece a las modernas constituciones americana de 1787 o la francesa de 1791.  En la tradición europea, Lasalle acuñó, en el siglo XIX, la expresión de que la Constitución es “la suma de los factores reales de poder, vertidos en una hoja de papel”.

El constitucionalismo, en cambio, es una línea de pensamiento político que postula el acotamiento o fijación de límites al ejercicio del poder público, al tiempo de establecer como núcleo superior e impenetrable a los derechos humanos frente a la conducta de la autoridad arbitraria. Y como esto se logra mediante el consentimiento social expresado en un pacto político escrito, entonces el constitucionalismo, como aspiración y método político social, tiene al instrumento “constitución” como su objeto, porque en él colma el fin que persigue de instaurar las fronteras del poder público instituido. Entonces, si la constitución es un documento garante de derechos humanos y organización política, su método de expresión por excelencia es el derecho; en cambio, el constitucionalismo es un ideario que, con constitución escrita o sin ella, posee un carácter valorativo y de posicionamiento y, por tanto, su forma expresiva fundamental es la praxis política.

Ahora bien, la “constitucionalidad” posee un significado que se implica con los de constitución y constitucionalismo, en la medida en que aquella se asume como un criterio de conformidad con: 1) la letra del texto constitucional; y, 2) con el ideal político que se propone como aspiración ética de organización colectiva de la que brotan los conceptos de Estado y Sociedad. Por ejemplo, alguien puede pedir y promover mayores mecanismos de control sobre los poderes públicos; pero no es sino hasta que esta propuesta se aprueba en los textos constitucionales, que el “constitucionalismo” como aspiración da paso a la “constitución” como norma; y una vez que sucede el acercamiento entre estos dos conceptos y sus contenidos, cada vez que alguien ajusta su conducta a lo dispuesto por la constitución se dice que su actuar posee “constitucionalidad”. Luego entonces, el comportamiento de las personas y el propio de las autoridades siempre tiene como punto común este último aspecto: deseamos un constitucionalismo realizable; queremos que esto se vierta en la letra de la constitución; y, sobre todo, buscamos llenar de constitucionalidad nuestros actos ¿Ok?

Juárez, siempre Juárez

El pasado 21 de marzo conmemoramos el natalicio de Benito Juárez, cuyo papel en la formación del Estado mexicano es innegable. Sea en las versiones de los hombres de su tiempo o en las de nuestros contemporáneos, tirios y troyanos reconocen, con pasión o sin ella, su legado político y jurídico, así como su indiscutible lugar en la historia nacional. Su papel central y decisivo, produjo el alumbramiento del Estado nacional mexicano, antecedido por un tortuoso y largo proceso de gestación iniciado en 1808-1810. Las armas de Juárez fueron la Constitución de 1857, las Leyes de Reforma y una generación de notables pensadores y militares acaudillados por él, que tenían muy clara la convicción de que la prueba histórica que debían afrontar era ideológica y armada. Eso fueron la Guerra de Reforma (1858-1861) y la intervención imperial francesa (1862-1867). Los correligionarios de Juárez fueron Ignacio Ramírez, Santos Degollado, Ignacio Manuel Altamirano, Vallarta, De la Fuente, Iglesias, Zamacona y, por supuesto, Guillermo Prieto, Miguel Lerdo de Tejada y Melchor Ocampo. Krauze los llama “hombres soberbiamente independientes” y nos recuerda la expresión que don Antonio Caso usara para aludir a ellos: “parecían gigantes”. Juárez buscó y ejerció el poder por la vía constitucional, y la muerte le ¿impidió? hacerlo de otra forma como algunos han apuntado. Nació en 1806 y ningún otro héroe, prócer o personaje de la historia nacional tiene esa semblanza admirable y sorprendente que proviene de su condición étnica, marginalidad familiar, esfuerzo personal, educación, carácter y circunstancia histórica, coronando una antología que ha sido gloriada desde el mismo día de su muerte, la noche del 18 de julio de 1872, hasta nuestros días. Zapoteco, pastor de ovejas, estudiante de jurisprudencia (abogado), litigante, regidor, diputado local, diputado federal, servidor público, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, cogobernante de su Estado (en el triunvirato interino de 1846), gobernador, ministro, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, preso político, Presidente de la República. Tremenda biografía. Sería en su último discurso como Gobernador del Estado de Oaxaca, en 1852, en la apertura del primer período de sesiones ordinarias de la X Legislatura del Estado, que acuñaría la expresión: “vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”, que reiteradamente es invocada en la conmemoración de su natalicio, en alusión a lo que él consideraba la responsabilidad en el trabajo público. Juárez vivió sus ideas a cabalidad. Liberal, laico, estoico en su convicción por la ley, serio en el ejercicio del poder y adusto en su persona. Krauze dice que Juárez infundió a la silla presidencial la “sacralidad de una monarquía indígena con formas legales, constitucionales y republicanas”. Fuentes Aguirre (Catón) dice que el mayor acierto de ese “hombre indomable” fue mantener la Presidencia durante la invasión francesa; y, en alusión a su comentario final, prefiero quedarme con la más humana valoración de lo que puede decirse de todo hombre y toda mujer de esfuerzos y convicciones probadas en el curso de sus vidas: a las personas hay que valorarlas, apreciarlas y medirlas por el saldo positivo de vida que resulta de la suma de la grandeza sus aciertos. Nunca se equivoca, el que nunca hace nada: y Juárez hizo mucho.