¿IFE = INE?

No y sí. No, porque el Instituto Nacional Electoral es, constitucionalmente, una persona moral distinta de la que sustituye, y si bien las diferencias empiezan con las denominaciones, éstas se continúan en las atribuciones. Sí, porque conserva notables y obvias similitudes con su antecesor, como sucede con todo descendiente directo de figuras electorales previas. El cambio de nombre, en el que pareciera que simplemente se sustituyó la palabra “federal” por la de “nacional”, tiene un sentido jurídicamente concreto: lo “federal” le hacía ser competente sólo en las elecciones de ese orden y, por tanto, estar imposibilitado para participar como organizador en elecciones estatales y municipales; ahora, lo “nacional” representa la modificación de nomenclatura que le da participación directa en los procesos locales. En efecto, de un tiempo para acá el legislador ha reservado el uso de la expresión “nacional” para expedir normas o crear instituciones –o ambas cosas a la vez- que dan potestad y jurisdicción en todo el territorio de la República, como acaba de pasar con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que extinguió a todos los códigos procedimentales de los Estados.

El INE es diferente porque: será garante de la paridad de género en las postulaciones a cargos de elección popular; administrará el tiempo que le corresponde al Estado en la radio y la televisión; vigilará y aplicará los procedimientos electorales federales y locales; estará de facultado para presentar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión; y porque nombrará y removerá a los integrantes de los organismos públicos locales. Estas dos últimas atribuciones hacen mucha diferencia, y han llevado a no pocos investigadores a cuestionar si ello representa un “recentralización” de potestades en beneficio de la Federación, a costa de las que pertenecían a las entidades federativas, dado que ahora se les retiran. Quienes opinan lo contrario, lo han llamado un nuevo proceso de “refederalización”. ¿Quién tiene la razón? Eso no parece importar políticamente en estos momentos.

A su vez, el INE sigue siendo igual al IFE, en la medida que es también una institución para la organización de procesos electorales; que llevará el registro de los electores; cuidará de los derechos, obligaciones y prerrogativas de los sujetos que intervienen –ciudadanos y partidos políticos-; y, en suma, será la autoridad que tendrá a su cargo la jornada electoral, resultados preliminares y fiscalización de recursos de los partidos políticos nacionales, que desde ahora requerirán un mínimo de votación de tres por ciento del total de votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, para que no les cancelen el registro. Y sobre todo, sí se parece y a la vez no; porque el órgano máximo de dirección del INE –su Consejo General- se forma por un presidente y diez consejeros, de los cuales cuatro repiten como tales, dos provienen de la estructura del hoy abrogado IFE y los restantes cinco son “fuereños”. Por lo demás, personal, edificios, oficinas y estructuras organizacionales siguen siendo las mismas, y ya se verán los ajustes que se hagan en los reglamentos, manuales y lineamientos que se autoricen. Así que todo nuevo y todo igual. ¿Será así en todo?…ummm.