Telecomunicaciones y Radiodifusión

A partir de la iniciativa enviada por el Presidente de la República al Senado, con el proyecto de ley para reglamentar la reforma constitucional que en materia de telecomunicaciones fuera publicada el 11 de junio de 2013, en el Diario Oficial de la Federación, desde estos días santos, se ha dado expresión a dos tipos de comentarios: 1) La ley supone un “pleito” entre los zares de este negocio, monopolios o duopolios, y el proceso legislativo está contaminado por intereses entre empresas y algunos legisladores; y, 2) La ley conculca el derecho humano de libertad de información y de expresión, porque establece prohibiciones o censuras de contenidos en ciertos casos. No obstante, la discusión real sobre el contenido de la ley está por darse en el espacio legislativo federal, y los argumentos en pro o en contra no serán distintos de lo que ya antes escuchamos o leímos.

La iniciativa parte de los criterios siguientes: el derecho constitucional de acceso a la banda ancha y a las tecnologías de la información; competencia equitativa en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión; fortalecimiento de la rectoría del Estado en este campo; creación de infraestructura para mayor cobertura y penetración de los servicios; y, creación de al menos dos nuevas cadenas de televisión abierta. Señala también que se apoyó en el trabajo conjunto de varias dependencias gubernamentales y en 33 propuestas de actores de la industria y de la sociedad, así como de organismos internacionales. Si bien, la iniciativa promete dividendos macroeconómicos y una importante contribución al producto interno bruto, es evidente que su mayor reto está en convencer a la ciudadanía que no va a recibir directamente ningún beneficio económico, de que sus beneficios reales se reflejarán en una mejor oferta en esta materia –llámense instrumentos o servicios–, pluralidad de opiniones y contenidos y un más amplio y desarrollado derecho a la información y a la libertad de expresión, que favorecerá notablemente la participación democrática y la inclusión social.

Y esto último, en un ambiente de duda y escepticismo al que abonan aquellos partidos o grupos contrarios a la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México, y modificaciones diversas a disposiciones en materia Telecomunicaciones y Radiodifusión, no es un producto difícil de vender.  En efecto, los detractores de esta nueva normativa aducen que se conculcan los derechos a la información y los de libre expresión de las ideas, porque entre sus artículos establecen infracciones y sanciones para quienes hagan mal uso de los diversos medios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como de los instrumentos digitales de transmisión de datos, entiéndase internet, prestadores de este servicio y demás. Así mismo, el conjunto de artículos para garantizar el tránsito entre la legislación actual y la nueva es amplio, y no es precisamente para legos en la materia, sino para conocedores. Al caso,  baste señalar que al lado de las dos nuevas leyes, cuando se hace referencia a que se modifican diversas disposiciones en este campo, se trata ni más ni menos que de reformas a 9 ordenamientos federales. Por supuesto, el debate se espera agrio, complicado y de enfrentamiento entre los grupos parlamentarios de diputados y senadores. Lo veremos por la “tele” ¿Verdad?