Tanto el ministro José Ramón Cossío D.
como el especialista Samuel González Ruiz, han alertado, respectivamente, sobre
la “tormenta (judicial) perfecta” (en alusión a la severísima tormenta de 1991 en
el Atlántico Norte) o el “stall” (aludiendo a la pérdida de sustentación en
aviones), en que pueden caer la federación y las entidades federativas, como
consecuencia de las reformas constitucionales del sistema de seguridad y
justicia en nuestro país. La preocupación resulta del conjunto de materias
involucradas: penal (juicios acusatorios); oral mercantil; justicia para
adolescentes; jueces de ejecución de sentencias; narcomenudeo; sentencias de
cortes internacionales contra del Estado mexicano; tribunales que conozcan de
competencia económica; desarrollo procesal de las acciones colectivas; y juicio
de amparo y protección de los derechos humanos. De no darse las adecuaciones
necesarias en forma razonada, puede acontecer un duro trastorno del sistema de
justicia, que traería daño a los derechos de las personas y situaciones de
desgobierno como su efecto más inmediato.
Este escenario no es hipotético.
Ahora mismo la reforma policial no avanza después de miles de millones de pesos
invertidos; la reforma judicial sobre justicia oral no se ha generalizado y en
los estados donde rige tiene diversos problemas, como en Chihuahua, con la
paradoja de que los Estados que no están sujetos a la reforma judicial
continúan manteniendo una situación de equilibrio, salvo los lugares donde se
está desarrollando la guerra entre bandas de delincuencia organizada, como
Tamaulipas, Guerrero, Michoacán o Nuevo León; la reforma a la ejecución penal
no se ha aplicado; la reforma en materia de derechos humanos no avanza; tampoco
existe capacitación para los jueces estatales en aquello que los conocedores
llaman “control difuso de la constitucionalidad y la convencionalidad” en
relación con la nueva interpretación del artículo 133 de la Constitución; y
todo esto ante la realidad de una
infraestructura judicial incapaz e inconexa. Recordemos que ya en entre 1993 y
1996, se tuvieron decisiones reactivas, sin mando y sin control, con “huelga de
brazos caídos”, que produjeron graves situaciones de incremento de violencia.
El problema es complicado, porque se
ha calculado que tan sólo para cursos de formación, se requeriría de cuando
menos 6 meses para capacitar en materia de derechos humanos a todos y cada uno de
los aproximadamente 6,000 ministerios públicos, 400,000 policías y 30,000 jueces,
de carácter federal, estatal y municipal. La conclusión asusta por su simpleza:
pareciera que en el pasado reciente no se tuvo plan ni piloto para las reformas
constitucionales en materia de seguridad y justicia, como si se hubiera volado
sin instrumentos. Pero ya están hechas y, por tanto, partiendo del reconocimiento
de estas condiciones reales, lo que de inmediato se requiere es un muy amplio
programa de capacitación para quienes operarán las reformas. Debemos estar a
tiempo.
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