Democracia y Poder Social

Cada vez que usamos el sustantivo “democracia”, aparecen varios adjetivos que pueden resumirse en tres especies: democracia directa, democracia representativa y democracia participativa o semidirecta. Estas expresiones, junto a la de “ciudadanía”, tienen tal historia e intimidad política, que hoy día todo sistema democrático se funda en el principio de que son los ciudadanos quienes, al accionar en un “plano de coordinación política -como sujetos activos del Estado- proceden a la renovación de los poderes públicos mediante elecciones periódicas”. Desde los griegos antiguos sabemos que la democracia directa es un imposible histórico, porque no podemos reunirnos varios miles o millones de ciudadanos, en una asamblea, a deliberar sobre asuntos públicos. Por ello, en la larga duración, se llegó a la idea de la democracia representativa, es decir, la que se practica mediante representantes populares que actúan a nombre de los ciudadanos que los eligen y, en efecto, el “mandato representativo” da lugar a los actuales sistemas electorales que vemos accionar cada vez que asistimos a las elecciones periódicas.

Si la “democracia” es un método que se funda en criterios de universalismo y naturalismo, y en elementos de legalidad y legitimidad; entonces “la ciudadanía” es el “poder social” que, al hacerse más fuerte, produce la vigorización del régimen democrático. ¿Cómo robustecer el “poder social”, es decir, la capacidad de expresión política de los ciudadanos? Pues bien, la teoría y la práctica enseñan que esto se logra mediante ejercicios de “democracia participativa”, es decir, de figuras como las del referéndum, plebiscito o iniciativa popular. En América Latina, sólo México y República Dominicana no tienen formas de democracia participativa en sus constituciones nacionales. De ahí la importancia de la reforma que debate nuestro Congreso Federal. El retraso es notable, si consideramos que al menos 23 estados de la República Mexicana (incluido Veracruz) han adoptado formas de participación por las que, en lugar de la elección de personas, los ciudadanos deciden en pro o en contra de una medida legislativa (el referéndum) o de una de naturaleza administrativa (el plebiscito); o convienen en enviar, de manera directa, iniciativas de ley o de decreto a los congresos (iniciativa popular). Sólo que el “poder social” no llega de manera automática a la “ciudadanía”, una vez instaurado en la norma superior, tiene que ejercitarse.

Sin duda, el mejor dato de sensibilidad política y social que podemos obtener de la multitud de encuestas efectuadas, es la de que el sistema de representación política está en crisis. Por ejemplo, una mezquina e inacabada reforma política hizo que la privatización o no del petróleo mexicano, y su debate legislativo, se diera en los intramuros de la sede legislativa nacional, sin compartir la decisión final con los ciudadanos mediante un referéndum que le diera legitimidad al resultado. ¿Qué hubiéramos decidido los mexicanos si nos hubieran preguntado sobre estas medidas legislativas? Sólo lo sabremos cuando “ellos” amplíen los instrumentos reales de participación política, y “nosotros” adoptemos estos ejercicios de expresión social.