Un magnífico académico de universidad, político experimentado también, hace
muchos años gustaba de comentar en el aula una expresión que, no obstante su
actualidad, le parecía haber caído en desuso: cuando se practica política sin
una sólida base jurídica, se corre el riesgo de caer en demagogia. Pues bien,
el juicio de Florence Cassez terminó convirtiéndose en un “caso” jurídico y
también en un “cazo” político. Como caso jurídico se ha desenvuelto siguiendo
la pauta procesal prevista en el derecho positivo mexicano, hasta el punto
conocido de la determinación que asumirá mañana (hoy) la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el añadido de los “alegatos de
oreja” a los que recurren las partes interesadas y sus respectivas defensas,
para agregar aspectos de valor ético o humanos que, sin contrariar la ley, pudieran
aportar perspectiva al criterio judicial. Pero como “cazo” político, es decir,
como recipiente, se ha llenado con toda clase de presiones políticas, tanto
internas como externas a la propia Corte. Si se lee con cuidado el proyecto de
ponencia del Ministro Zaldívar, ahí no se discute sobre la culpabilidad o no de
la Sra. Cassez, que, por lo demás, parece estar suficientemente acreditada,
sino por las maneras desgraciadas (faltas de gracia, pues) con que
intervinieron los agentes policiales en su captura hace ya más de seis años. Si
la Corte o los ministros de esta Sala son congruentes con la postura asumida en
casos precedentes de violación a los derechos de los procesados, nuestros
juzgadores máximos se verán (vieron) ante la disyuntiva de fallar en favor de
la verdad jurídica (que supone el cuidado de las formas legales, entre ellas el
vencimiento procesal) y en contra de la verdad última (que supone criterios de
justicia fundados en hechos realmente acaecidos). Mientras el “caso” se mantuvo
en el ámbito estrictamente jurídico, las diferencias de opinión fueron, han
sido y seguirán siendo menos numerosas, evidentemente porque la discusión se ha
desenvuelto en el campo de la especialidad jurídico-procesal; pero una vez que
se conocieron las implicaciones de responsabilidad (¿abuso de autoridad,
privación ilegal de la libertad?) de los participantes en la detención
televisada (¿recreación, montaje?) de modo que se controvirtiera la verdad
jurídica, todo se volvió un verdadero “cazo” lleno de nombres diversos: Genaro
García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Francisco Javier Garza Palacios (los
tres, ex AFI), actuales funcionarios federales; la Sra. Miranda de Wallace (candidata
PAN, Gobierno DF), Margolis Sobol (empresario de equipos de seguridad); el
Consejero Jurídico de la Presidencia; la SIEDO; y hasta el binomio presidencial
Calderón-Sarkozy, que le dio a este “guiso” de “cazo” mexicano, su “sazón”
internacional. De aquí la inevitable politización de un proceso jurídico que,
de afirmarse mañana (hoy) su endeblez, confirmaría las fallas estructurales de
un sistema policial federal susceptible de padecer deseos personales de fama
pública, ansias de carrera política o expectativas electorales. Pero de negarse
el amparo a la acusada Cassez, la sombra de la presión política y mediática
daría tintes de oscuridad a la impartición y administración de justicia. ¿Quién
gana? Nadie; ¿Quién pierde? Todos nosotros, como personas y como ciudadanos. “Perder-perder”
es la consigna en este “caso” o “cazo”, como se le quiera ver, y sea como sea
que resulte.
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