Estamos
alejados ya desde hace más de medio siglo de la idea original debida a
Montesquieu de que la relación política entre los entes estatales –entiéndase,
relación de poder- se funda en su división o separación, la cual fue sustituida
por la de “colaboración”. En efecto, la noción original de este pensador,
adoptada casi universalmente hoy día, es la de que toda construcción
republicana requiere de dos elementos: a) Uno teórico, en el sentido de
concebir al Estado como un poder indiviso, cuyo ejercicio o manifestación sin
embargo se puede distribuir en la forma de función legislativa, administrativa
y jurisdiccional (coloquialmente, los tres “poderes” legislativo, ejecutivo y
judicial); y, b) la condición de la temporalidad en el ejercicio de los cargos
públicos o del Estado que puede ocupar cualquier ciudadano, en oposición a la
herencia o perpetuidad como criterios patrimonialistas para el ejercicio del poder.
Esta es la base del sistema (relación entre los entes estatales) y del régimen
(relación del gobierno con los ciudadanos) que está en la base del
constitucionalismo occidental que postula las diversas formas de Estado
(federal o centralista) y las de Gobierno (república o monarquía), cuyo
entrecruce da lugar a una amplia tipología de notas para caracterizar a tal o
cual formación política.
Traemos a colación estos
supuestos fundamentales de las democracias de hoy, porque este es el segundo
lunes en que el Presidente Peña da a conocer medidas importantes colaborativas
para afrontar las propuestas de gobierno anunciadas en su discurso con motivo
de la toma de posesión, y en el Pacto por México. Todo gobierno entrante tiene
para sí, casi siempre, un bono de confianza que se apoya en la esperanza de
mejorar o en la desesperación de lo sucedido antes, o en ambas cosas. El tamaño
de ese bono es de muy difícil medición y las encuestas no se muestran todavía
muy útiles para dimensionarlo, y tampoco puede asimilarse llanamente a una
simple equivalencia con el número de votos obtenidos en la elección pasada. Sólo
el tiempo y los resultados efectivos marcarán nuestra inclinación por la
esperanza o por la desesperación social.
Pero el hecho de anunciar
acciones de colaboración entre los diversos entes que integran la
administración pública federal, y de ésta con los poderes legislativo y
judicial; así como de colaboración del gobierno federal con los otros dos
órdenes de gobierno (entidades federativas y municipios), deja la impresión de
que existe una concepción política clara de la necesidad de un ejercicio colaborativo
del poder, entendido como sistema, que permita dar sentido a las acciones de
gobernabilidad y gobernanza en beneficio de la población, entendidas como
régimen.
En efecto, el ensayo
anunciado del Plan Anticrimen y de los seis Ejes contra la Inseguridad, fundado
en la participación de los Gobernadores en coordinación con la Secretaría de
Gobernación, para tratar el muy complejo fenómeno de la seguridad pública,
procuración de justicia y regionalización del enfoque en cinco demarcaciones
geográficas, así como la creación de la Comisión Intersecretarial de Prevención
del Delito y la formalización de la Gendarmería Nacional, parecen abonar a la
construcción de una política pública amplia que deberá combatir no sólo al
delito, sino a la par evitar la improvisación y casuismo que han sido un cáncer
de la acción gubernamental. Ojalá.
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