Nuevo Gobierno, Nuevo Pacto

Notable por donde se quiera ver fue el contenido del discurso del Presidente Peña, el consiguiente nombramiento del Gabinete (iniciado desde la madrugada del 1 de diciembre), y la firma del Pacto por México. No hay manera de observar estos tres eventos de manera aislada, porque son parte de una misma estrategia: Gobernabilidad, fundad en la acción político-social, la acción legislativa y la acción financiera. Del discurso destacan los mensajes que fijan el posicionamiento del nuevo gobierno federal: un Programa Nacional de Prevención del Delito, que reconoce en éste un origen multicausal, donde lo nuevo es el señalamiento oficial de que las políticas públicas a seguir no se pueden reducir a la simple acción policíaca -que ha mostrado su total insuficiencia, por no decir fracaso- instruyéndose a varias dependencias (Gobernación, Hacienda, Desarrollo Social, Educación y Salud) a diseñar e instrumentar el programa, lo cual es una nueva forma de afrontar la gravedad del problema, bajo la consideración de que sus causas provienen de la desigualdad educativa, de la desigualdad en el acceso al empleo, y de la inequidad en los beneficios y satisfactores que el Estado debe proveer a los grupos sociales más vulnerables o marginados, que provocan una masa de desheredados que son la potencial y probada fuente de alimentación de la conducta delictiva. En esto encuentra su lógica el anuncio del desistimiento público de la controversia constitucional que el gobierno anterior -¡qué paradoja!- había planteado en contra de la Ley General de Víctimas, reconociendo la deuda del Estado con éstas y, por tanto, el imperativo de aplicar una ley que provea a las víctimas de garantías básicas ineludibles; al igual que la propuesta de contar con un código penal y un código de procedimientos penales unificado en toda la República, para evitar punibilidades diferentes en delitos iguales, punto sobre el que correrá mucha tinta de los especialistas sobre su conveniencia o no, pero que tiene el mérito de afrontar una problemática que se ha extraviado en disquisiciones teoréticas, desconectadas de la realidad social que son la base material que deben fundar las formalidades legales. Especial dedicatoria tiene la reforma educativa para la instauración del Servicio Profesional de Carrera Docente, basado no en la compra o herencia corrupta de plazas, sino en la permanencia en el empleo docente con base en el trabajo y en el mérito. Completa el cuadro la cruzada Nacional contra el Hambre, el Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia, el Sistema de Seguridad Social Universal, la creación de infraestructura ferroviaria, el acceso de todos a la banda ancha y la liberalización de la señal televisiva. A su vez, el nuevo gabinete contrasta con el anterior: se observa más oficio y experiencia, porque se recurre a administradores públicos probados, sin lugar a la improvisación. Cuando menos este es el mensaje que se lanza con los secretarios del despacho nombrados. El tiempo probará su funcionamiento. Por cuanto al Pacto por México, mucho habría que decir de su contenido dividido en tres ejes rectores y cinco acuerdos, la mayoría de los cuales deberán pasar por las cámaras legislativas (un 65% aproximadamente). Lo verdaderamente notable es que lo hayan firmado todos los partidos políticos: los de derecha, de centro y de izquierda (la más numerosa). Éxito político inicial, que requerirá de mucha deliberación y negociación política. Ojalá.