La
muy reciente resolución senatorial americana que, técnicamente, impide el “precipicio
fiscal” en EUA, alivia el impacto negativo que podría haber tenido en la
economía mexicana el quiebre impositivo y la recesión en ese país, en el
sentido de que todo fenómeno económico en EUA afecta al resto del mundo y,
particularmente, a México, cuya economía se encuentra enormemente
“norteamericanizada”, en la medida que geopolítica, industrial y
comercialmente, la producción de bienes y servicios de América del Norte
–Canadá, EUA y México- se ha ido integrando en un entramado complejo de
interdependencia económica a la manera de un bloque, contractualmente
reconocido en el comercio exterior como TLC. Que no nos correspondan los
mejores beneficios o condiciones que resultan del mismo, es asunto diferente
que no elimina esa realidad global. Hacia el interior, el panorama inmediato
parece caminar, si por ello entendemos que las situaciones de fuente política dan
contenido a la economía nacional. En efecto, en su amplitud, el concepto
“Gobierno” implica la actividad que despliegan el Legislativo, el Ejecutivo y
el Judicial, a los que se suman los organismos autónomos de orden electoral, de
fiscalización, de derechos humanos y de acceso a la información, porque éstos
son entes estatales que contribuyen a “formar gobierno”, debido a la lógica de
los frenos y contrapesos que resultan de la interacción entre poderes públicos
y entes autónomos, según sus respectivas competencias. Nuestro país tiene,
constitucionalmente, un régimen presidencial, lo cual significa que el
Ejecutivo federal es un poder fuerte y, por tanto, es característico que de
éste provengan las políticas públicas, la mayoría de las iniciativas
legislativas y la acción administrativa general en la que incluye la relación
con las entidades federativas y municipios del país. Que nuestro sistema y
régimen políticos, como en EUA, sean de predominancia presidencial no nos hace
mejor ni peores, como tampoco a los de orden parlamentario (Inglaterra,
clásicamente) o semiparlamentario o semipresidencial (Francia, clásicamente),
sencillamente es un dato formal y a la vez fáctico que caracteriza nuestra
realidad actual y que procede de un proceso histórico concreto; es, sin
embargo, el modo en que interactúan nuestras instituciones públicas con la
sociedad entendida en términos nacionales y regionales, la que resulta objeto
de toda atención. Y en este punto, el año nuevo abre con varias reformas de
impacto estructural: la reforma laboral, la reforma educativa y la reforma
administrativa, a la espera de la reforma fiscal y electoral que deben caminar
en este año. Parece que la prioridad del nuevo gobierno es hacer política,
porque de otro modo no se entienden los acuerdos gubernamentales y
parlamentarios que han cuajado en las reformas señaladas. No sin ironía se ha
dicho que después de un gobierno de “ocurrencias” (Fox) y otro de “cuates”
(Calderón), ahora estamos en un gobierno de “políticos experimentados” y que
eso explica las reformas logradas. Puede ser; aunque todo indica que la acción
política ha dado primacía al cálculo de alcanzar los acuerdos posibles y no los
de carácter ideal o unilateral, y si algo muestran las reformas es que las
partes involucradas, en atención a su peso específico, han presionado y cedido para
alcanzar lo posible. “Todos juegan”, pero no hay “toma todo”. Así vamos…por
ahora.
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