miércoles, 29 de febrero de 2012

Municipalismo en Veracruz


Cuando se acude a las estadísticas nacionales se sabe que los tres Estados de la Federación con mayor número de Municipios son Oaxaca (570), Puebla (217) y Veracruz (212), que concentran el 40.8% de los Municipios; en tanto que los de menor número son Baja California (5), Baja California Sur (5) y Quintana Roo (8), que juntos representan el 0.73% de la totalidad. Igualmente existen notables asimetrías municipales en aspectos sobre extensión territorial, densidad poblacional, desarrollo económico, grado de marginación y problemática financiera. Pero el municipio mexicano no es sólo cifras, sino ante todo historia, juridicidad y regionalismo, a la vez de cotidianeidad, costumbrismo y crónica. Lejos está ya el año de 1519, fecha de la fundación del primer municipio no insular en el continente americano, la Villa Rica de la Vera Cruz. Así lo narra Cortés en la primera de sus cinco Cartas de Relación de la Conquista de México, como también lo hiciera Bernal Díaz del Castillo en su Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España”. En la lengua española del siglo XVI, Bernal escribió: “fundada la villa, hicimos alcaldes y regidores, y fueron los primeros alcaldes Alonso Hernández Puertocarrero, Francisco de Montejo, y a este Montejo, porque no estaba muy bien con Cortés, por meterle en los primeros y principal, le mandó nombrar por alcalde; y los regidores dejarlos he de escribir, porque no hace al caso que nombre algunos, y diré como se puso una picota en la plaza, y fuera de la villa una horca, y señalamos por capitán para las entradas a Pedro de Alvarado, y maestre de campo a Cristóbal de Olí, alguacil mayor a Juan de Escalante, y tesorero Gonzalo Mejía, y contador a Alonso de Avila, y alférez a fulano Corral: porque el Villaroel, que había sido alférez, no sé que enojo había hecho a Cortés sobre una india de Cuba, y se le quitó el cargo; y alguacil del real a Ochoa, vizcaíno, y a un Alonso Romero”. De entonces a nuestros días, originariamente en tierras veracruzanas sucedería ese largo proceso de sincretismo de culturas distintas y mestizaje que harían del municipio mexicano un genuino producto de la vida local de cada una de nuestras comunidades, y lugar de un proceso histórico social que transformaría, en la larga duración, su realidad múltiple en normatividad diversa.

La complejidad es el sello distintivo de la vida municipal y por eso no es casual que los municipalistas de nuestros días sean profesionales formados en ciencias y especialidades diversas, que tienen a esta institución como común objeto de estudio. De aquí la importancia de la Conferencia Anual de Municipios 2012, que se realizará del 1 al 3 de marzo de 2012, en el WTC de Boca del Río, Veracruz, organizado por la FENAMM, con el respaldo del Gobierno del Estado de Veracruz. Esos días estarán presentes alcaldes de todo el país, y de otros países, así como municipalistas prestigiados para hablar sobre cambio climático, reducción de desastres, seguridad pública local, reformas municipales, desarrollo local sustentable, finanzas municipales, experiencias municipalistas exitosas, soluciones financieras y visión de gobiernos subnacionales. A 493 años de la fundación de la Villa Rica de Veracruz, es históricamente simbólico que en nuestro Estado se lleve a cabo un evento de esta cobertura y magnitud, por la calidad y representatividad de los políticos y profesionales participantes. Bienvenido el Foro.

miércoles, 22 de febrero de 2012

El apostolado que nació el 22 de Febrero




En este día y mes del año 1913 fueron asesinados Francisco I. Madero, Presidente de la República Mexicana, y el Vicepresidente José María Pino Suárez. El asesinato fue consecuencia inmediata de lo que en nuestra historia nacional se conoce como la “decena trágica”, que transcurrió del 9 al 18 de febrero de ese año, a causa de la sublevación del general Manuel Mondragón y los también sublevados generales Bernardo Reyes (encarcelado como cabeza rebelde del Plan de la Soledad de 16 de septiembre de 1911) y Félix Díaz (también en la cárcel por su levantamiento en Veracruz de 16 de octubre de 1912), quienes iniciaron una acción armada para derrocar al Presidente Madero. Reyes moriría casi de inmediato al querer tomar el Palacio Nacional, defendido por el general Gregorio Villar. Herido éste, Madero designó al general Victoriano Huerta para repeler la sublevación, no obstante que el hermano del Presidente, Gustavo A. Madero, le habría alertado sobre la complicidad soterrada de Huerta con los levantados. La traición pactada se completaría con la participación activa del embajador americano en México, Henry Lane Wilson, quien incluso habría propuesto al presidente americano, William Howard Taft, la intervención armada en nuestro país.

Diversos historiadores señalan que, en su ánimo de reconciliar a la nación y a los grupos y sectores militares y sociales que se habían enfrentado a partir de 1910, el Presidente decidió dejar intocado el ejército porfirista, procurando el desarme de los revolucionarios que le acompañaron en su camino hasta la Presidencia de la República (provocando la escisión de orozquistas y zapatistas, entre otros), con el propósito de evitar el sombrío desangramiento social de la nación que veía venir. Se sabe, por supuesto, de las convicciones democráticas del Presidente Madero, y de sus ideales de libertad en el más amplio sentido de la palabra, así como de su genuina fe en la reconciliación nacional; como también se sabe que con la correlación de acciones políticas y fuerzas militares en que se encontraba, no podía haberle sido posible cumplir con sus ideas y aspiraciones más sentidas. El 20 de febrero Madero y Pino Suárez eran obligados a renunciar a sus encargos constitucionales, a petición de Pedro Lascuráin (Secretario de Relaciones Exteriores), a su vez sujeto a las presiones de Huerta. Con la renuncia firmada, Lascuráin nombró a Huerta Secretario de Gobernación y de inmediato renunció para dejar a éste el camino libre hacia la Presidencia, mediante una supuesta sustitución “constitucional”, con todos los tintes de ilegitimidad y usurpación que históricamente conocemos.

Francisco I. Madero tenía sólo 15 meses de gobierno en febrero de 1913, y el día 22 de ese mes terminaría asesinado con engaños, cobardía y bajeza. Las nulas condiciones institucionales y la total indefensión personal con que enfrentó la muerte le ganaron el calificativo de “apóstol”, al precio de su sangre, de su hermano Gustavo y del Vicepresidente Pino Suárez. La indignidad de estos hechos traería el capítulo más funesto de la revolución mexicana, y abriría el larguísimo camino por la democracia que al día de hoy ha durado los 99 años transcurridos desde su muerte, sin ninguna duda. Nuestro país siempre tendrá una deuda con su memoria histórica. Valorémosla bien y con respeto.

miércoles, 15 de febrero de 2012

¿Qué es una intercampaña?




Como antes señalamos en este espacio, la legislación electoral federal, tanto de orden administrativo como jurisdiccional, está siendo interpretada para poder aplicarse y, aún más, los órganos electorales federales –IFE y TEPJF- están dictando, cada uno por su cuenta, acuerdos que intentan resolver el déficit de juridicidad y democracia que ostensiblemente acusa el ordenamiento electoral federal, el famoso COFIPE. La novedad es que ahora, ante la franca ausencia de normas positivas, asistimos a la acuñación del concepto “intercampaña”, es decir, al espacio que existe entre las precampañas y el día anterior al inicio de la campañas de los candidatos federales, como lo ha definido el árbitro de la contienda, el IFE, mediante ejercicios de analogía nominal y legal, que concretamente se define como el periodo que va del 16 de febrero al 29 de marzo de este año, durante el que partidos y aspirantes no podrán efectuar actos anticipados de campaña, como los de participar en asambleas, mítines, citar a medios de comunicación a sus reuniones, presentarse en spots de radio o televisión, efectuar propaganda o debatir públicamente plataformas políticas; y, en cambio, si podrán comunicar sus plataformas en internet, dar entrevistas privadas o tener reuniones de esta naturaleza para referirse a problemas nacionales, pero sin proselitismo (entiéndase propaganda).

Se comprende la intención del IFE; pero contra la falta de reforma o actualización de la ley electoral no hay defensa, tan es así que su Consejo General, órgano superior de dirección, unificó en su contra la crítica de las dirigencias de los partidos políticos nacionales más importantes, que desde ya anunciaron que consultarán con sus respectivos equipos jurídicos para no infringir este acuerdo de la autoridad electoral, pero al que sólo basta leerlo para darse cuenta que el examen que se le haga será de risotada.

Por si fuera poco, en el pasado muy reciente, el órgano jurisdiccional federal, el TEPJF, ha dado, en sus propias resoluciones, alcances distintos a situaciones similares, demostrando que la ausencia de regulación termina afectando sus decisiones. Ni el IFE ni el TEPJF son culpables de esto y, antes bien, es plausible su intento de usar la facultad interpretativa que a cada uno les da el COFIPE, en sus respectivos ámbitos, para resolver las situaciones de hecho y de derecho que se les han presentado a su conocimiento.

Lo cierto, sin embargo, es que la normatividad electoral federal, con todo lo rebasada que se encuentra, produce que nuestros órganos electorales caminen peligrosamente más sobre vías de facto que sobre aquellas de jure. Curiosamente, es probable que los partidos políticos y sus candidatos presidenciales acatarán, dominantemente, acuerdos de este tipo, debido a que nadie querrá arriesgarse a que lo dejen en el camino “por default”, es decir, por “faltas técnicas” antes de iniciar la contienda; pero, sobre todo, ante la visible disparidad de criterios que se han dado entre el IFE y el TEPJF, que parecieran no dialogar entre ellos de manera institucional y colaboradora para resolver, de común acuerdo y con respeto a sus autonomías, el problema de una legislación electoral con pasivos jurídicos de al menos diez años, y este problema último si habría que reclamárselo a estos dos entes estatales. Si solucionan diferencias, este expediente podría ser salvable porque en el país los necesitamos juntos.

miércoles, 8 de febrero de 2012

Las postulaciones por el cargo de Presidente de la República




Por fin se ha completado la tercia de candidaturas partidistas por la Presidencia de la República, en el sentido que antes habíamos adelantado, y no por sortilegio, sino por un sencillo ejercicio lógico de deducción, acorde a la intensidad electoral propia de este año 2012 de elección total. De igual modo, como hace ya varias semanas, seguimos deduciendo de las opiniones informadas, de los datos duros y del comportamiento serial de las cifras electorales, que hacia julio de este año los resultados comiciales se habrán estrechado estadísticamente en función de una cadena PRI-PAN-PRD (de mayor a menor) más reñida. Con las cartas formalmente boca arriba, de manera señalada Enrique Peña Nieto tiene al PRI con ventaja numérica, ya superados los primeros embates de efectos mediáticos negativos que sufriera, y desarrollará dos líneas de estrategia congruente. En el orden externo, capitalizar el evidente desgaste que sufre todo partido en el poder, como evidentemente sucede con el gobierno del Presidente Calderón, cuya línea de flotación ha sido afectada por el déficit político, jurídico y organizacional ocurrido en materia de seguridad pública, su sordidez para distribuir los beneficios de los programas sociales y su parcialidad en asuntos de procuración de justicia. En el orden interno, la recomposición de sus alianzas electorales nacionales se sustentará en la fortaleza partidaria derivada del respeto político-pragmático a los derechos de sus militantes, con el fin de cerrar filas en lo interior y aprovechar una de las ventajas innegables del PRI, consistente en su notable disciplina partidaria.

Josefina Vázquez Mota ya hizo que el PAN, contra toda su historia partidaria, introduzca, hacia lo externo y como primerísimo elemento de campaña, la expectativa de “género”, acudiendo desde ya a las analogías internacionales con las presidentas o primeras ministras que gobiernan o han gobernado, por ejemplo, en Argentina, Alemania, Brasil y Chile. Pero en lo interno, el PAN no volteará hacia el PAN, sino hacia el gobierno de Calderón en busca de su verdadera fortaleza operativa consistente en los programas sociales y recursos económicos que le proporcionarán, sin tapujos ni rubores, las diversas dependencias y entidades federales, creando una lucha desigual y descarnada que ha sido denunciada por todos los partidos políticos diferentes al PAN, sin distinción de ideologías. Por lo que hace a Andrés Manuel López Obrador, también podemos distinguir elementos externos e internos en los que fundará su estrategia. Por cuanto a lo primero, el “Peje” –nombre de batalla mediáticamente real-  continuará con la idea de ampliar su imagen, mediante actitudes públicas que demuestren sus “atributos” de tolerancia política y equidad con las diversas clases sociales, sustentándose en un nacionalismo popular de discurso conocido. Pero es en el ámbito interior de donde le provendrá su mejor “capital” electoral, porque el PRD logró unificar las tribus y corrientes sectarias que lo forman para tener una candidatura institucional y, además, buscar la unificación de sus demás candidaturas federales. Los planteamientos están claros, el PRI y PRD se apoyarán, con diferente magnitud, en una oferta política propositiva o contestataria y en su estructura partidaria; el otro, el PAN, esgrimirá un discurso político de género y continuismo político, con evidente uso del dinero público. Sí así están las cosas, luego entonces “ya veremos”.

miércoles, 1 de febrero de 2012

4 de Febrero: Aniversario de la Constitución de Veracruz del 2000



Un día antes del 5 de febrero en que se conmemora nuestra Constitución Federal, se cumplirán 12 años del inicio de vigencia de la nueva Constitución de Veracruz de 4 de febrero de 2000, considerada en el ámbito histórico político y jurídico social de los Estados que forman nuestra nación, como un verdadero parteaguas en el constitucionalismo estatal mexicano, no sólo porque se reformó integralmente la constitución local de 1917 y se tuvo una nueva constitución, sino también por su sólida estructura lógica y su contenido jurídico. Antes de la Constitución 2000, la Constitución de Córdoba 1917 había tenido 64 modificaciones que involucraron 94 artículos -algunos reformados varias veces-, dando un total de 364 cambios constitucionales, más del doble de los 141 artículos de que se componía la constitución vigente en 1999, antes del inicio de la vigencia de la Constitución del 4 de febrero de 2000. Este acentuado reformismo había producido un notable desdibujamiento de su articulado inicial, debido a: 1. modificaciones casuísticas que respondieron a inmediateces evidentes; 2. “constitucionalización” de acuerdos políticos locales, por desconfianza mutua de los pactistas de cada momento; y 3. el imperativo de acatar decretos de reforma constitucional federal que han ordenado la actualización de las constituciones estatales, para ponerlas a tono con la constitución federal. La Constitución veracruzana del 2000 no fue producto de una revolución, como su antecesora, sino el resultado de una reforma política completa cuya validez fue reconocida por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a la que reconocidos tratadistas de diversos ámbitos académicos -Genaro Góngora Pimentel, César Astudillo, Salvador Valencia, Emilio Gidi, Carmen Martí Capitanachi- le han atribuido una técnica legislativa superior a la de la constitución federal y, sobre todo, la fortaleza de un constitucionalismo fundamental que establece de manera clara los derechos humanos de los veracruzanos (parte dogmática) y las atribuciones de las autoridades (parte orgánica), retomando los aportes del constitucionalismo nacional e internacional que llevó a instaurar las figuras del plebiscito, referéndum e iniciativa popular, a un mayor equilibrio entre los llamados “poderes públicos” mediante el fortalecimiento del Poder Legislativo y del Poder Judicial, y a la creación de los organismos autónomos del Estado. Sobre todo en justicia constitucional, la Constitución de Veracruz de 2000 resultó pionera y modelo de reformas en esta materia en ocho entidades federativas. No obstante el descuido, incluso caprichoso, de algunas reformas que la Constitución de Veracruz “sufrió” entre 2004 y noviembre de 2010, dominantemente el esquema original del 2000 se “defendió” casi solo, y afortunadamente el nuevo gobierno veracruzano que inició en diciembre de 2010, por iniciativa del Ejecutivo Estatal, ha retomado el espíritu original de la Constitución 2000 al impulsar reformas equilibradas, técnicamente correctas, como las recientes en materia de derechos indígenas, de informe anual sobre el estado de la administración pública, de periodos de gobierno municipal y, sobre todo, la aprobación en su primera fase de la reforma electoral, que, en conjunto, dan un buen plus conmemorativo para el Décimo Segundo Aniversario de la Constitución 2000 de Veracruz.