Elección y designación de Funcionarios Públicos

        G. Sabine y P. Grimal han historiado el método de elección o designación de ciudadanos que obtenían cargos públicos en la Atenas antigua. Desde entonces existe coincidencia en la filosofía, las ciencias y la religión, en que lo único que no es posible cuidar es la forma de pensar y actuar de los hombres llamados a desempeñar puestos públicos. Todo mecanismo antiguo o contemporáneo encuentra su límite en la condición humana, y así ha sido por 2500 años. Los atenienses de entonces, sujetos a la voluntad del “demos”, ampliaban a todos los ciudadanos el derecho y deber de fungir en los cargos de la “polis”. Su método era, primero, la elección y, luego, la insaculación: elegido un número de ciudadanos, de entre ellos se sorteaba a quienes desempeñarían cargos concretos (asambleístas, jueces, militares). Las democracias del siglo XXI recurren a la elección de gobernantes y legisladores –y de jueces, en forma directa o indirecta-, así como a la designación o nombramiento de funcionarios o servidores públicos; pero sobre la ética y motivación íntima que anima a electos y designados no tenemos más garantías de las que tenían los antiguos griegos: esencialmente debemos confiar; es decir, esperar que la publicidad de sus actos, los controles entre órganos estatales y la rendición de cuentas existentes, moderen o limiten los excesos o incapacidades que de hecho se presentan. Y las ciencias político-jurídicas de ninguna manera podrían proponer métodos para evitar los problemas de personalidad interior que pudieran afectar la actuación de servidores públicos, de modo que a nadie deben ocurrírsele ejercicios terapéuticos o psicoanalíticos a manera de requisitos para elegir o designar servidores públicos, aunque en nuestro fuero interno no tengamos duda de que no pocos lo necesitarían. Para muestra un botón, pensemos sólo en Hugo Chávez, en Venezuela; o en Abdalá Bucaram Ortiz, Presidente de Ecuador en 1996-97, destituido por el Congreso de su país por "incapacidad mental para gobernar", después de una fuerte movilización popular en su contra. En nuestro país, la acción de inconstitucionalidad contra la facultad del Senado de ratificar los nombramientos presidenciales del Comisionado Nacional de Seguridad y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la posible remoción de todos los consejeros por el triste “affaire” sucedido en el IFAI, aprovechando la reforma constitucional en ciernes; y la reciente renuncia de un consejero en el IFE; son hechos que reviven la discusión sobre los requisitos a cumplir para ser popularmente electo o públicamente designado, pero también sobre las instituciones encargadas de hacerlo. Nuestra Constitución es el referente al que se acude para constatar un rango o arco que va desde la exigencia de requisitos básicos para cargos de elección popular (presidente y legisladores), hasta los necesarios para ocupar cargos de designación o ratificación congresional en el IFE, CNDH, IFAI, PGR y Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, desde un punto de máxima democracia para cargos de elección popular, hasta uno de máxima especialización para los de hombres “calificados”, pero este último supuesto es el que ha fallado. Como no hay ciudadanos impolutos o neutrales, antes de llegar a los métodos de ¿insaculación? o al ¡psicoterapéutico!, elevemos requisitos, porque tanto como que honestos, honestos, honestos… pues cuando menos honestos a secas. ¿Qué hacemos?