Rendición de Cuentas y Gobierno Federal

De Elster a Ackerman conocemos una sólida discusión sobre un campo denominado “rendición de cuentas”. Del primero tenemos su idea de “justicia transicional”, es decir, del conjunto de procedimientos de enjuiciamiento, difusión de la verdad, reparación de los daños sufridos por las víctimas y adopción de reformas institucionales que se producen como consecuencia de la sustitución de un régimen político autocrático y que, por tanto, llevan al establecimiento de responsabilidades y sanciones para los victimarios. Estos casos se presentan, característicamente, en la transición entre antiguos y nuevos regímenes, que derivan de acciones de guerra o revoluciones sociales, como sucedió en la primera y segunda guerras mundiales, o recientemente en Libia y Egipto. Este tipo de rendición de cuentas también ha sido llamado de “violencia institucionalizada”. Del segundo de los autores citados, tenemos la noción más conocida y aplicada actualmente: la rendición de cuentas (accountability), como una acción de control o fiscalización sobre los actos y procedimientos que realiza el gobierno –poderes públicos y organismos autónomos-, donde el control efectivo se concibe como una actividad que un sujeto (el controlante) ejerce sobre otro (el controlado), que se traduce en investigar acciones gubernamentales específicas, cuyo correcto desempeño se estima conveniente conocer en razón de su importancia sustantiva, estratégica o impacto social relevante y, en caso de contravención al interés público, adoptar medidas sancionatorias o correctivas. Se sigue de aquí, en consecuencia, la necesidad de que exista un régimen efectivo de sanciones para aquellos que se desvíen de los fines presupuestales, financieros y de desempeño público legalmente establecidos. La diferencia entre estas formas de rendición de cuentas es que la segunda de ellas no se da en contextos de postguerra o postrevolucionarios, como en la “justicia transicional”; sino en el curso normal del ejercicio del poder público cuya revisión se efectúa periódicamente y de forma trimestral, semestral o anual, por ejemplo. Pues bien, los informes de la Auditoría Superior de la Federación que empezaron a hacerse públicos en estos días, sobre el comportamiento de los últimos dos años del anterior gobierno federal, han resultado absolutamente escandalosos, para no decir lapidarios, y exhibe los errores, ignorancia y dolo ocurridos en los rubros de examen de la inversión física (erario y obra pública) y desempeño (actos y procedimientos administrativos realizados). Lo que ya se esperaba ha resultado cierto y, literalmente, se confirma la existencia de monumentos a la corrupción, como los casos de la “Estela de luz” y el “Parque Bicentenario”, pero también han aflorado en la SEDENA, PGR, SEDESOL y SG, millonarios gastos en adquisiciones sin procedimiento, proyectos de construcción inflados y pagos salariales indebidos, muy serios problemas de desempeño y de cumplimiento de metas en materia social, crecimiento injustificado de la burocracia federal, ausencia de expedición de documentos, y exceso en el otorgamiento de permisos (casinos, para variar). O sea, todo lo que teóricos y prácticos, y sobre todo ciudadanos, podíamos imaginar y sospechar de un gobierno gastalón, displicente, necio, parcial y cerrado a la crítica social. Todo tiene su tiempo y estos son tiempos de rendición de cuentas. ¿Será?