El artículo 27 de la
Constitución Federal está de moda. En efecto, este dispositivo superior regula lo
que se conoce como recursos naturales de la Nación: tierras, aguas y mares, plataforma
continental y zócalos submarinos, bosques y selvas, minerales o substancias (en vetas, mantos, masas o yacimientos) hidrocarburos
y, por supuesto, el espacio situado sobre el territorio nacional que de
inmediato nos conecta con el asunto de la radiodifusión y las telecomunicaciones.
En todos estos recursos, el dominio de la Nación es inalienable e
imprescriptible, y su explotación, uso o aprovechamiento por particulares o
sociedades sólo puede realizarse mediante concesión otorgada por el Ejecutivo
Federal. Pues bien, los últimos días, rematados con las declaraciones del 18 de
marzo pasado, hemos conocido iniciativas y festejos relacionados directamente
con el artículo 27 mencionado. Por una parte, el pasado lunes el Presidente de
la República declaró que Petróleos Mexicanos no se va a privatizar y que el
Estado mantendrá la rectoría y el dominio originario en esta materia. Y apenas
la semana pasada, también el Ejecutivo remitió al Congreso de la Unión su iniciativa
de modificaciones a la Constitución Federal que, en materia de derechos
humanos, radiodifusión, telecomunicaciones y competencia, propone la reforma y
adición de varios artículos constitucionales (6°, 7°, 27, 28, 73, 78 y 94). La
figura de derecho público permitida por la ley para que, a nombre del Estado,
uno o más particulares presten servicios de carácter público, es la concesión.
Tal sucede en el caso de la energía eléctrica, aguas, algunos sectores de la
industria petrolera, así como radiodifusión y telecomunicaciones; aunque, por
supuesto, sometidos a determinadas limitaciones o restricciones, y no de manera
libérrima. Por cuanto a los hidrocarburos, el punto es de tanta magnitud
económica e impacto político, que el Gobierno federal ha dejado clara cualquier
duda: en esta materia, el Estado omitirá acciones o iniciativas que pongan en
duda la inalienabilidad del petróleo y, bien visto, quedó zanjada toda
discusión, con el consecuente beneficio político para la actual administración
sobre un tema que no sólo dividiría a la opinión pública, sino a los partidos
políticos y, por ende, pondría en tela de juicio al Pacto por México: unos lo
llaman coherencia ideológica y de acción con las raíces propias, porque fue de
los gobiernos revolucionarios priístas de la primera mitad del siglo pasado que
surgió la expropiación petrolera; otros lo llaman simple pragmatismo político;
y unos más, le dan el signo de cálculo político eficaz, porque esta posición
trajo dividendos inmediatos para la reforma constitucional que sí es posible:
la de la radiodifusión y las telecomunicaciones, que contó desde ya con el
apoyo expreso y signado de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM.
Es decir, todo el aval político-legislativo para: garantizar el acceso efectivo
a telecomunicaciones de clase mundial, crear órganos administrativos y
jurisdiccionales para una adecuada competencia económica en radio, televisión,
internet y telefonía, y el fortalecimiento pleno del derecho al libre acceso a
la información y a la libertad de difusión. Esta iniciativa, pactada por todos
los actores políticos, en el contexto de los últimos 15 años en nuestro país, resulta
inusitadamente pactista y socialmente exitosa. ¿Cómo la ve?
No hay comentarios:
Publicar un comentario