¿Administración Pública Federal Obesa?

Al analizar los principios políticos del presidencialismo y del parlamentarismo, desde la teoría constitucional, B. Mirkini-Guetzevitch sostuvo que el verdadero sentido del régimen parlamentario en la democracia contemporánea, estriba en la formación del Ejecutivo. Como el poder se racionaliza mediante el derecho escrito, entonces dos poderes poseen: uno, la supremacía jurídica, porque dicta las leyes (el Poder Legislativo); y, dos, la supremacía política, porque ejerce el gobierno (el Poder Ejecutivo); es decir, las directrices jurídicas que aprueban los parlamentos o congresos, informan los actos de gobierno que se traducen en lo que actualmente llamamos políticas públicas. Luego entonces, los sistemas constitucionales deben garantizar un principio de equilibrio entre los poderes constituidos, al que contribuyen las controversias que se ventilan en el Poder Judicial. Con base en estos elementos, se ha producido una explicación de sentido histórico sobre un fenómeno de orden mundial en el ámbito jurídico-político, que se distingue por una acentuada especialización del Poder Ejecutivo y una disminución del Poder Legislativo, que se manifiesta, entre otros elementos, en la circunstancia de que la mayoría de las iniciativas de leyes y decretos provienen del Ejecutivo, llevando injustamente a la consideración de que los órganos legislativos son simples cámaras de registro. No debería sorprender este fenómeno global verídico, si pensamos que a lo largo de los últimos cien años la constante y permanente aplicación de las normas ha producido una obvia especialización de los funcionarios de los poderes ejecutivos, mientras que la propia creación de normas requiere de criterios de amplitud porque esa es una característica de toda ley: su generalidad. Por eso se ha llamado “especialistas” a los administradores públicos, y “generalistas” a los legisladores. En este contexto, sorprendería entonces encontrar administraciones públicas obesas, porque estaría en entredicho su principal atributo que debiere ser la especialidad de funciones, debido a que “obesidad administrativa” significa varias cosas: duplicación y, a la vez, atomización de funciones, exceso de contrataciones, burocratismo, ineficiencia y costos presupuestales altos. Pues bien recientemente se ha señalado que la administración pública heredada por el ya no tan nuevo gobierno federal es caótica y obsoleta, pues cuenta con casi veintidós mil áreas, más de un millón y medio de empleados, con una estructura burocrática irracional y onerosa, que se expandió así en el curso de los últimos doce años, y cuya modernización, adelgazamiento y restructuración corresponde al actual gobierno. Para la acción gubernamental esto significa suprimir y fusionar programas gubernamentales, y elevar los criterios de formación y experiencia profesional de los mandos medios y superiores. Los estudios más recientes de la UNAM, muestran que se incurrió en lo que popularmente conocemos como “chambismo”, corrupción administrativa y “botín político”, que llevó a un crecimiento descontrolado de plazas que, en su conjunto, significan para el presente año fiscal un costo de 2.5 billones de pesos, es decir, el 64% del presupuesto total aprobado. Por eso, los investigadores dicen que de 2000 a 2012 sufrimos clientelismo y amiguismo a costa de la nómina federal. Ni modo, corresponde a este gobierno federal reestructurar. ¿Se hará?