Política y Estado

Cada vez que se habla de reforma política, reforma del estado, reforma electoral, reforma educativa, reforma energética, suele decirse que el tema pertenece al campo de la “Política” y del “Estado”; y lo más curioso es que prácticamente todos los que hablamos de estos temas, pareciéramos dar por sentado que tenemos el mismo concepto de sobre su significado, lo cual no necesariamente es cierto. En términos generales, por política se entiende todo hecho o conducta relacionado con el fenómeno del poder, y cuando mediante un método racional o reflexivo se tiene al poder como objeto de estudio, a partir del examen de comportamientos provenientes de la realidad, se dice que se constituye la ciencia política; así mismo, cuando son varias las disciplinas que observan este fenómeno desde diferentes ópticas científicas, estamos entonces frente a las ciencias políticas; de modo que, en cualquier grupo o formación social donde suceden relaciones de dominio o de contradominio –en un momento histórico determinado y en un ámbito geográfico definido–, se entiende que se dan relaciones de poder, relaciones políticas o política a secas.

Las formas en que las relaciones de poder se han manifestado a lo largo de la historia son diversas: polis, en Grecia; civitas, en Roma; señorío feudal o reino, en la Edad Media; e imperio, en el Renacimiento. Pues bien, durante los siglos XIX y XX, nació y se desarrolló el concepto de Estado, como una forma histórica de las relaciones de poder entre gobernantes y gobernados, cuya diferencia con las formas precedentes, consiste en que el Estado se sujeta a los principios de división de poderes, elecciones populares y democráticas, ejercicio temporal de los cargos públicos, derechos humanos y sujeción a la Ley expresada en cartas constitucionales. Por eso, autores como Heller o Reyes Heroles señalan que se denomina Estado de Derecho a la actual y particular forma de las relaciones políticas; es decir, al famoso “poder reglado o normado”, que no admite comportamientos de la autoridad no previstos en las leyes, a menos de incurrir en la arbitrariedad que sí sucedía permisivamente en las anteriores formas políticas, porque no tenían como presupuesto político fundamental el denominado imperio de la Ley.

En nuestro país, los debates reformadores o reformistas que hemos visto y leído sobre las materias educativa, energética, electoral, derechos fundamentales, sistema de justicia, son, por tanto, temas que se pueden agrupar bajo el rubro de “reforma política” o “reforma del Estado”, porque tienden a crear nuevas facultades y deberes tanto para las personas como para las autoridades y los gobiernos. Así que cuando hablamos de Política y Estado, nos estamos refiriendo, concretamente, al ejercicio del poder y al conjunto de leyes que lo rigen, conjuntamente con la ciudadanía que da sustento al sistema. Toda vez que la Ley es el fundamento del Estado, cuando se habla de la reforma del Estado también se dice, llanamente, que reformar al Estado consiste en reformar la legalidad a partir de la propia legalidad. La ciudadanía, entonces, contribuye a la reforma del Estado en la medida en que la manifestación de sus preferencias partidarias, por la vía electoral, determina la formación de la voluntad política representada en los órganos del Estado. ¿Atinamos?