Estado, Ciudadanía y Reforma Política

En el contexto de los sistemas políticos de corte democrático, por Estado se entiende al Estado de Derecho, lo cual significa que el Estado es, históricamente, el modo moderno o contemporáneo de organización del poder, a través de un ente que se sujeta a un orden constitucional. Por tanto, Estado y Derecho se tienen como origen y destinos mutuos, es decir, “dialogan” entre sí o, al menos, el supuesto es que deben tener una relación dialéctica a partir de la cual se instituyen los gobiernos nacionales o subnacionales. Pero el Estado de Derecho tiene una clase más de diálogo, relación o interdependencia, con otro elemento llamado Ciudadanía que también es origen y destino del Estado de Derecho, porque existe un conjunto de personas que ejercen sus derechos políticos, sobre todo aunque no únicamente, mediante el sufragio, para la renovación y constitución periódica de los órganos del Estado –Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Municipios y Organismos Autónomos– y, por tanto, cuando los ciudadanos hacen uso del atributo de la “Ciudadanía” actúan entonces en un plano de coordinación política con el Estado. Por ejemplo, cuando clásicamente sufragamos en cualquier jornada electoral, en el momento mismo en que estamos cruzando la boleta electoral y depositándola en la urna correspondiente, justo en ese momento somos “Estado”, e inmediatamente dejamos de serlo después de emitir el sufragio.

Así pues, la acción individual o colectiva del ejercicio de la Ciudadanía es verdaderamente instantánea y, después, el ciudadano vuelve a una condición pasiva en el disfrute de sus derechos políticos, porque las elecciones son periódicas y se realizan cada determinado número de años (3, 4 ó 6 años). Debido a que ésta se ha considerado, por diversos politólogos, una forma francamente efímera de Ciudadanía en términos reales, también se hace uso, con diferente impacto e interés, de los derechos de petición, reunión y libre manifestación o expresión de las ideas. No obstante, quienes abogan por una mayor participación ciudadana o control social respecto de la acciones de Gobierno, no estima suficiente este conjunto de elementos y consideran que los ciudadanos deberían contar con mayores elementos de participación política activa, algunas de las cuales se han prefigurado ya en las formas de democracia directa o semidirecta: referéndum, plebiscito, iniciativa popular o revocación de mandato.

Hoy por hoy, se dice que la mejor manera de ampliar la participación ciudadana en un Estado de Derecho, es mediante una reforma política amplia que, sustantivamente, abra el sistema de partidos y amplíe las candidaturas independientes, para moderar el monopolio que sobre las postulaciones a cargos de elección popular se ha depositado en el sistema de partidos políticos, bajo el supuesto constitucional de que son organizaciones de ciudadanos que contribuyen a la integración de representación nacional y al ejercicio del poder público. Por ello, se estima que la reforma política que viene, entre otros puntos, deberá ampliar las posibilidades de participación política activa de la Ciudadanía. ¿Se hará?