miércoles, 18 de septiembre de 2013

Desastres naturales y emergencias



Por supuesto, no hay ley humana que pueda nada contra la naturaleza. En los medios de difusión colectiva se ha empezado a hablar de la tormenta “perfecta” mexicana, aludiendo directamente a los dos eventos meteorológicos, “Manuel” (tormenta tropical) e “Ingrid” (huracán tipo 1), que desde el Pacífico y el Atlántico, respectivamente, azotaron el territorio nacional de manera simultánea en estos días, produciendo estragos que, en anuncio oficial del Secretario de Gobernación, Osorio Chong, afectaron a 27 Entidades de un total de 32; es decir, prácticamente dos terceras partes de la extensión de la República Mexicana se vio perjudicada, en menor o mayor grado, por lluvias, inundaciones, desgajamientos, deslaves, desbordamientos, caída de puentes, saturación de presas, carreteras y aeropuertos dañados y, lamentablemente, pérdidas humanas.
Característicamente, son los estados costeros los que siempre sufren mayormente o en grado extremo estos embates, pero ahora también tierra adentro se vivieron y siguen viviendo las consecuencias extendidas e intensas de los dos meteoros. Los primeros registros de destrucción y los que siguen llegando momento a momento son impresionantes. El propio Secretario de Gobernación, desde el espacio del recién instalado Comité Nacional de Emergencia, ha dado las primeras cifras: un millón 200 mil afectados, 22 muertos y, tan sólo en Guerrero, alrededor de 238 mil damnificados. El gobierno federal ha comprometido, de entrada, 1 500 millones de pesos para restablecer vías de comunicación y, sobre todo, atender a las personas y familias que han quedado desvalidas, necesitadas de agua, alimentos, cobertores, alojamiento, medicinas y doctores, por decir lo menos.
El desastre causado se considera ya histórico, y se nos ha informado que desde 1958 no había sucedido un fenómeno natural tan destructivo como el de ahora. Por supuesto, no solamente nuestra población y nuestra base material construida durante más de medio siglo es más grande y, por ello, los daños se perciben y nos duelen de manera más inmediata, dado que, además, nos enteramos casi en el momento de lo que sucede por los medios de difusión colectiva; también los recursos para atender esta verdadera situación de emergencia nacional son distintos, porque ahora existe un amplio sistema de protección civil que involucra a la federación, estados y municipios, y una legislación específica en esta materia, a partir de lo cual el presidente de la república, su gabinete, los gobernadores y sus servidores públicos, al igual que presidentes y funcionarios municipales, deben observar protocolos, acciones y medidas para responder ante estos eventos naturales. No existe ley de protección civil de ningún orden de gobierno que pueda evitar los fenómenos meteorológicos que causan desastres sociales; su verdadero mérito consiste en el conjunto de medidas preventivas y organizacionales que regulan para producir acciones reales de coordinación gubernamental y de atención directa a los ciudadanos, con el fin de reducir estragos, riesgos y rescatar vidas. Afrontar desastres naturales y emergencias no es un asunto de leyes nada más, ojalá fuere así de simple; de lo que se trata es de responsabilidad de gobierno y, antes que nada, de solidaridad humana y social. Nos necesitamos todos ¿eh?

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