Por supuesto, no hay ley humana que pueda nada
contra la naturaleza. En los medios de difusión colectiva se ha empezado a
hablar de la tormenta “perfecta” mexicana, aludiendo directamente a los dos
eventos meteorológicos, “Manuel” (tormenta tropical) e “Ingrid” (huracán tipo
1), que desde el Pacífico y el Atlántico, respectivamente, azotaron el
territorio nacional de manera simultánea en estos días, produciendo estragos
que, en anuncio oficial del Secretario de Gobernación, Osorio Chong, afectaron a
27 Entidades de un total de 32; es decir, prácticamente dos terceras partes de
la extensión de la República Mexicana se vio perjudicada, en menor o mayor
grado, por lluvias, inundaciones, desgajamientos, deslaves, desbordamientos,
caída de puentes, saturación de presas, carreteras y aeropuertos dañados y,
lamentablemente, pérdidas humanas.
Característicamente, son los estados costeros los
que siempre sufren mayormente o en grado extremo estos embates, pero ahora
también tierra adentro se vivieron y siguen viviendo las consecuencias extendidas
e intensas de los dos meteoros. Los primeros registros de destrucción y los que
siguen llegando momento a momento son impresionantes. El propio Secretario de
Gobernación, desde el espacio del recién instalado Comité Nacional de
Emergencia, ha dado las primeras cifras: un millón 200 mil afectados,
22 muertos y, tan sólo en Guerrero, alrededor de 238 mil damnificados. El
gobierno federal ha comprometido, de entrada, 1 500 millones de pesos para
restablecer vías de comunicación y, sobre todo, atender a las personas y
familias que han quedado desvalidas, necesitadas de agua, alimentos, cobertores,
alojamiento, medicinas y doctores, por decir lo menos.
El desastre causado se
considera ya histórico, y se nos ha informado que desde 1958 no había sucedido un
fenómeno natural tan destructivo como el de ahora. Por supuesto, no solamente
nuestra población y nuestra base material construida durante más de medio siglo
es más grande y, por ello, los daños se perciben y nos duelen de manera más
inmediata, dado que, además, nos enteramos casi en el momento de lo que sucede
por los medios de difusión colectiva; también los recursos para atender esta
verdadera situación de emergencia nacional son distintos, porque ahora existe
un amplio sistema de protección civil que involucra a la federación, estados y
municipios, y una legislación específica en esta materia, a partir de lo cual
el presidente de la república, su gabinete, los gobernadores y sus servidores
públicos, al igual que presidentes y funcionarios municipales, deben observar
protocolos, acciones y medidas para responder ante estos eventos naturales. No
existe ley de protección civil de ningún orden de gobierno que pueda evitar los
fenómenos meteorológicos que causan desastres sociales; su verdadero mérito
consiste en el conjunto de medidas preventivas y organizacionales que regulan
para producir acciones reales de coordinación gubernamental y de atención
directa a los ciudadanos, con el fin de reducir estragos, riesgos y rescatar
vidas. Afrontar desastres naturales y emergencias no es un asunto de leyes nada
más, ojalá fuere así de simple; de lo que se trata es de responsabilidad de gobierno
y, antes que nada, de solidaridad humana y social. Nos necesitamos todos ¿eh?
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