La Reforma Hacendaria

En nuestra colaboración del 29 de mayo pasado, apuntamos que “la reforma financiera será la suma de la reforma tributaria futura y de la reforma bancaria o crediticia” presentada en ese entonces, porque para que una reforma integral tenga la denominación de “hacendaria”, la materia a reformar debe involucrar a todo el conjunto constituido por ingresos, egresos y deuda pública, en cuyo sentido general se incorpora la mencionada reforma bancaria. En efecto, señalamos que por “financiero-a” se entiende todo lo concerniente a la hacienda pública y por “finanzas” la propia hacienda pública, erario o tesoro público, donde caben “todas las categorías y formas de las transacciones monetarias susceptibles de atesoramiento o intercambio, originadas en la potestad tributaria del Estado, y cuya recanalización hacía la sociedad, por la vía del gasto público (bienes, servicios e inversión pública productiva), conforma la participación estatal en el direccionamiento equilibrado de los recursos provenientes de la sociedad contribuyente”.

Debido a lo anterior, la actual iniciativa presidencial en materia hacendaria resulta, realmente, un conjunto de leyes a modificar: la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Aduanera, la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (nueva ley), la Ley General de Deuda Pública, la Ley de Petróleos Mexicanos, el Presupuesto de Egresos de la Federación, las Iniciativas de Reforma Constitucional en materia de Seguridad Social Universal (artículos 4, 73 y 123 de la Carta Magna), la Ley de la Pensión Universal (nueva ley), la Ley de Seguro del Desempleo (nueva ley), la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley General de Salud. En total, más de cinco mil hojas de una profunda reforma hacendaria que, de entrada, debe “leerse” como un auténtico producto del Pacto por México, entendido éste último como un acuerdo político nacional entre las principales fuerzas políticas y partidarias del país, con el fin de lograr acercamientos y productos legislativos, de efectos económicos y sociales impostergables.

Desde ya, al evitarse el impuesto a medicinas y alimentos, y proponerse leyes de  pensión universal y de seguro de desempleo, se recuperan banderas sociales esgrimidas por la izquierda en los últimos diez años, así como la idea de gravar más a quienes más ganan y, por fin, hacer tributar a quienes especulan en la bolsa. Por su parte, la derecha ha manifestado su opinión general favorable en el sentido de ampliar la base tributaria y abatir la informalidad, con excepción de la eliminación de la mitad de los regímenes fiscales preferenciales (la consolidación fiscal y la deducción inmediata de inversión, que han rayado en la evasión fiscal de los empresarios). En suma, los datos duros que se persiguen son dos muy señalados: (1) recaudar 240 mil millones de pesos, y (2) estimular y contribuir al crecimiento económico en alrededor de un 3% durante los siguientes cinco años. Por de pronto, la reforma se muestra políticamente inteligente y financieramente deseable. Veremos.