Los actuales sistemas políticos se basan, casi de
manera absoluta, en la existencia formal de constituciones y parlamentos, como resultantes
del consentimiento y del contrato social, y su existencia como tipo ideal ha vivido
un proceso de universalización demostrable empíricamente. La existencia simbiótica de constituciones y parlamentos no sólo integra
una tradición históricamente reciente que proviene de fines del siglo XVIII;
sino que también representa un fenómeno real y contemporáneo, de geografía
extensa y presencia cotidiana. Los datos fácticos hacen pensar en esta tendencia. Las constituciones son tan antiguas como las de
Inglaterra (1215) o de la República de San Marino (1600), seguidas de las de
Estados Unidos de América (1787), Noruega (1814) y Luxemburgo (1868); o tan
nuevas como las de Angola (21 de enero de 2010), Bolivia (7 de Febrero de 2009)
o Ecuador (28 de Septiembre de 2008), que son reformadoras o abrogatorias de
sus antecesoras. Al corte del
año 2013, en las 196 naciones del mundo existían asambleas políticas y 194 de ellas tenían constituciones. Las excepciones son el Sultanato de
Omán y el Estado Islámico de Afganistán: el primero tiene un Parlamento de dos cámaras, el Majlis as-Shu-ra (83
miembros) y el Majlis al-Dawlah (41 miembros); el segundo, tiene una Asamblea
Nacional compuesta por dos cámaras, la Wolesi Jirga (Casa del Pueblo) y la
Meshrano Jirga (Casa de los Ancianos).
Ahora bien, si durante la primera mitad del siglo XX se
aprobaron 15 constituciones, fue entre 1950 y el año 2000 que la tendencia a la
“constitucionalización” se acentuó a tal grado que en esos cincuenta años se
expidieron 150 constituciones, es decir, las dos terceras partes de las
existentes en el mundo. Y en lo que va de la primera
década del siglo XXI, se han aprobado 23 constituciones: más que entre 1215 y
1899 (larguísimo periodo en que se aprobaron 21 constituciones); o, si se
quiere, se ha expedido un número mayor de constituciones nacionales en los
primeros diez años del siglo XXI, que en los primeros cincuenta años del siglo
XX (15 constituciones, de 1900 a 1949). Las cifras de 2001 a 2010 (23
nuevas constituciones) muestran que esta forma de contrato político y
consentimiento social está presente como discurso o fuente de legitimación de
los gobiernos constituidos -o que pretenden constituirse- mediante
procedimientos internos de restructuración de sus respectivas formas de Estado
y de sus formas de Gobierno. Así que constituciones y
asambleas políticas son premisas prácticamente universales en el discurso
reformista de las sociedades políticas del mundo actual, y conforman el
perímetro o territorio de estudio en el que sociólogos y politólogos ingresan
para perfilar la efectividad o inefectividad del funcionamiento de las
denominadas instituciones republicanas o monárquicas, centralistas o
federalistas, democráticas o autoritarias; los binomios parecen multiplicarse ad infinitum, en atención al grado de “democracia
real” o “democracia ideal” en cada contexto nacional: eficiencia vs corrupción;
elecciones libres vs. elecciones manipuladas; gobiernos pluripartidistas vs.
gobiernos monopartidistas. Así que vale preguntarse si parlamentos y constituciones están en fase de
universalización. Interesante ¿no?
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