Cuando se dice que en el constitucionalismo –como
corriente- y en la constitución –como instrumento- lo que se hace es
“juridizar” los conceptos de Estado y Sociedad, no significa ello que esta
pareja nazca apenas a la vida; sino que, como las dos caras de una moneda, se les
ubica normativamente en un texto políticamente acordado, conforme a una articulación
que prescribe la la actuación de cada parte. En efecto, el fundamento empírico
del poder constitucional proviene de las personas, grupos, corporaciones o
agregados humanos que se ubican en territorios, provincias o regiones que forman
un pluriverso real, y al que el discurso constitucional intenta concebir como
un universo normativo, para introducir un criterio de unidad territorial, poblacional
y político en el complejo de las relaciones humanas. ¿Quién es primero, la
Sociedad o el Estado? ¿La sociedad civil o la sociedad política? Bueno, la premisa mayor es que la base
constitucional es societaria y, por tanto, su aroma distintivo es eminentemente
social, colectivo e inclusivo. La premisa menor sería su división en una parte
civil y otra política, pero sin el atributo de la exclusividad; o sea, ambas
partes de influyen, interactúan y tienen vasos comunicantes. Lo que una vez es
civil se vuelve político, y viceversa. ¿Ejemplos? Los hay muchos. Cuando vemos
que los órganos de gobierno de organismos autónomos del estado, como el
Instituto Nacional Electoral o el Instituto Federal de Acceso a la Información,
se forman por ciudadanos, sucede que se inyectan “insumos humanos” de la mejor
cepa en el “cuerpo” de instituciones públicas; poco importa que los ciudadanos
llamados a formar parte de las instituciones ampliadas de gobierno tengan tal o
cual ideología, inclinaciones o pensamientos, porque eso es inevitable, lo que
se busca es llevar los mejores hombres y mujeres al ejercicio de esas
responsabilidades; pero en el momento mismo que son designados por los órganos
políticos para cumplir esa función, ipso facto (en el mismo acto) e ipso jure
(en el mismo derecho) esos ciudadanos que provienen de la Sociedad conviértense
en agentes del Estado. El ejemplo contrario es muy simple: el político que deja
de ejercer un cargo, asume el carácter de ciudadano dedicado a tareas
“civiles”, no obstante mantenga lazos de amistad o reconocimiento con sus
excolaboradores “políticos”. Ah, pero ¿qué no sigue esperando la oportunidad de
volver al campo al que ha dedicado la mayor parte de su vida? Cierto, y la
misma suerte e intención sigue el “ciudadano” una vez que prueba el sabor de la
participación pública o política. ¿Por qué pasa esto? Pues porque toda persona
es portadora de una carga “societaria” y de una “estadual”, resultantes tanto
de relaciones de convivencia social como de relaciones de conflicto, dado que el
conflicto está presente en toda convivencia. ¿Ejemplos? Nuevamente son fáciles
de dar: ¿Acaso no hay ciudadanos que no respetan semáforos ni sitios de
estacionamiento? ¿No los hay también que tiran basura, insultan o agreden?
Cuando esto sucede volteamos en busca de la “autoridad” para corregir estos
conflictos producto de la vida social; pero el incumplimiento también está presente
en el ámbito público y de ahí los conflictos políticos donde reclamamos
comportamientos éticos…Es así que entre Sociedad y Estado todo es de ida y
vuelta. ¿A poco no?
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