Paquete económico 2016

En un contexto económico internacional muy difícil, sin pronósticos claros pero volátiles, resulta crucial para la economía nacional las medidas que se contienen en el comúnmente denominado “paquete económico” 2016, que no es otra cosa sino los ingresos y egresos que debe autorizar el Congreso Federal. En efecto, el artículo 73 de la Constitución Federal establece que es atribución del órgano legislativo aprobar, anualmente, el presupuesto de egresos de la Federación, también conocido como gasto público, con las modificaciones que se determinen; lo cual supone, obligadamente, la aprobación previa de las contribuciones (impuestos, derechos, productos y aprovechamientos) con las que se forman los ingresos federales. La aprobación legislativa también incluye las erogaciones plurianuales para inversiones en infraestructura, que deberán señalarse en los siguientes presupuestos de egresos.

La fórmula sigue siendo la misma, esencialmente, con las modificaciones introducidas en los años de 2008 y 2014: el presidente de la República hace llegar a la Cámara de Diputados la formal iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, con fecha límite al día 8 del mes de septiembre; el secretario de hacienda y crédito público, comparece para explicar a los legisladores los alcances de los ingresos-egresos propuestos; y, más tardar el día 15 del mes de noviembre, esa Cámara debe aprobar el mencionado presupuesto de egresos, considerando que los ingresos ya fueron autorizados. Cada año, sobre todo cuando inicia una nueva legislatura federal, esta tarea ocupa muchas horas de discusión en comisiones y de acuerdos entre los grupos parlamentarios y la secretaría del ramo, porque es claro que la “sábana presupuestal” no alcanza para todo ni para todos, toda vez que los ingresos provenientes del petróleo han disminuido, que la moneda nacional se ha devaluado y que el mercado financiero es presa de la especulación internacional.

Poco a poco, desde el año 2000, se impusieron restricciones a la otrora discrecionalidad de que gozaba el Ejecutivo Federal en este campo: ya no existen las partidas secretas sin registro, y las que se consideraren necesarias, ya no son tan secretas desde el momento en que se presupuestan y se fiscalizan mediante la cuenta pública, cuya revisión es anual; sólo se puede ampliar la presentación de los ingresos y egresos ante la Cámara, mediante solicitud justificada del Ejecutivo que así apruebe el Legislativo. En este campo, es inevitable el uso de cifras. La iniciativa presidencial asume que habrá una aceleración económica y, por eso, calcula que el crecimiento del Producto Interno Bruto será de 2.6 a 3.6%, mayor a lo que sucede en 2015; y, que el gasto neto total para 2016 será de 4.746 billones de pesos, es decir, 1.9% menor al autorizado para 2015. Igualmente, se prevé para 2016 una inflación del 3%, un tipo de cambio de 15.9 pesos por dólar, un precio de 50 dólares por barril de petróleo y una tasa de interés del 4% anual. Ya veremos… ¿No?