Educación Superior Pública y Privada (I)

Toda planificación educativa, nacional o subnacional, se sustenta en valores, metodologías y fines que se desprenden de la función social que cumple toda intervención educativa, y de acciones específicas de organización del proceso educativo y métodos de enseñanza. En México, la educación se ha beneficiado de las políticas públicas de la federación y las entidades federativas; y su impacto positivo en la población se ha logrado por la colaboración de instituciones públicas y privadas. Desde el siglo XVI y por más de trescientos años vivimos el trasplante y acriollamiento de instituciones que desde el inicio del periodo colonial actuaron en el ámbito de la difusión del conocimiento y de las ideas, que encontraban su premisa social en el derrotero sociopolítico y características económicas que privaron en ese periodo, resultante de un proceso de conquista que precisaba de la mano de obra de los pobladores originales, para dedicarla a las actividades económicamente productivas de entonces: agricultura, minería y comercio; y la Iglesia era la principal promotora de la enseñanza de las ciencias de entonces -teología, jurisprudencia y artes. De hecho, son franciscanos, dominicos y jesuitas, a quienes Vasconcelos llama “precursores de todo lo que entre nosotros es cultura”, quienes, con el impacto de la imprenta, impulsaron acciones de fines universitarios “para que se lean las facultades que se suelen leer en las otras universidades y enseñar, sobre todo, teología y artes”, lo que culminó, en 1551, con la Real Cédula que creó la Real y Pontificia Universidad de México, y su inauguración el 25 de enero de 1553, si bien su carácter de “Real y Pontificia” le fue otorgado formalmente hasta la bula papal de Clemente VIII, en 1595. Marsiske afirma que la universidad tuvo, predominantemente, una población española, criolla o peninsular y que sus dimensiones variaron a lo largo de los siglos coloniales, bajo una tendencia general de crecimiento. En el siglo XIX, con la independencia, el naciente gobierno mexicano afrontó problemas de reconocimiento internacional inherentes a su nuevo status de país independiente, los relacionados con la fuerte deuda exterior y una variedad de conflictos armados internos; y la educación, aunque no encabezaba las prioridades, despertaba la atención de políticos y pensadores que deseaban clarificar el tipo de ciudadano socialmente más útil a la nueva nación. José María Luis Mora, uno de los más representativos hombres del pensamiento liberal e ideólogo de la independencia, fustigaba en 1824 que “nada es más importante para el estado que la instrucción de la juventud”. La incipiente vida nacional, cruzada por el choque entre liberales y conservadores, afectó las posibilidades de planeación educativa en todos los niveles. Por eso podemos decir que si del siglo XVI al XVIII la educación superior fue impulsada por instituciones y colegios clericales, con notable independencia del gobierno virreinal; en el XIX se discutió su importancia orgánica como actividad política de Estado y, por tanto, la necesidad de estructurar su funcionamiento mediante la expedición de leyes públicas. Seguiremos.