jueves, 28 de mayo de 2015

Sistema Nacional Anticorrupción II


En una de nuestras entregas pasadas, a propósito del Sistema Nacional Anticorrupción, concluimos que una de sus aristas más difíciles será la designación de los funcionarios “anticorruptos” que calificarán la “anticorrupción”. El “affaire Córdova” en el INE, hace inevitable preocuparse por buscar a los seres que reúnan la condición de “incorruptos” e “incorrompibles” –porque el sistema se llama de anticorrupción; no porque el joven Córdova sea corrupto, acaso inexperto, imberbe, ingenuo–, que pasa por el asunto de los requisitos y el método de designación, más allá de todo la oratoria expresada por los congresistas en la sesión pública de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el pasado 20 de mayo, donde tuvo lugar la declaratoria del decreto de modificaciones a diversos artículos de la Constitución Federal, en los que se funda el novedoso sistema que ahora se implanta, cuyo principal problema será su instrumentación.

En el decreto que promulgó el Ejecutivo Federal, este miércoles 27 de mayo, se distinguen diversos rubros: se adopta la denominación de órgano interno de control prácticamente para todos aquellos responsables de funciones de vigilancia, control o fiscalización, en los entes públicos, sean autónomos o dependientes; se dan nuevas atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación; se dan nuevas atribuciones al Tribunal de Justicia Administrativa y se ordena la creación de tribunales equivalentes en las entidades federativas; y a todas las áreas responsables de control, revisión o auditoría se les liga bajo la denominación de Sistema Nacional Anticorrupción, a la espera de la expedición, en un plazo no mayor de un año, de la ley general y demás leyes que reglamenten las disposiciones constitucionales aprobadas; pero, sobre todo, resulta superlativo quién hará la gran mayoría de los nombramientos de estos esperados y ansiados seres incorruptos e incorrompibles, dicho sea sin sorna ni ironía, sino con la lógica de la certeza de las palabras de don Daniel Cossío Villegas, en el sentido de que la corrupción era y sería, en México, el principal problema de carácter estructural, cultural, social y político que lastraba y afectaría el desarrollo y crecimiento del país, entonces y ahora. El nombramiento de las personas responsables de las funciones constitucionales y legales en materia de anticorrupción, en todas las instituciones públicas obligadas, será fundamental. De ahí la importancia de los requisitos idóneos para el nombramiento de estos hombres y mujeres; porque el facultado para hacerlo dominantemente ya esta designado: el órgano legislativo federal. Sin embargo, el escepticismo nace de los frecuentes yerros en que los legisladores federales han incurrido prácticamente en todo nombramiento en el que han participado; lo cual es explicable, mas no justificable, porque es público y notorio que el arreglo o acuerdo político ha imperado sobre la calidad o condición objetiva, profesional, biográfica o humana de quienes pudieran haber sido designados. No hay ninguna duda de que en un país de casi 120 millones de habitantes, existen personas de sólida formación, de estimables valores sociales o de trayectoria honesta y congruente; lo que no sabemos es si los órganos competentes serán capaces de elegirlos, porque se requiere una verdadera auscultación social. ¿Será posible?

jueves, 21 de mayo de 2015

Dislates Electorales



Dislate significa disparate y es sinónimo de desatino, imprudencia o desacierto; es decir, algo que todos cometemos en algún momento, en nuestro entorno de vida personal, familiar, escolar, laboral, en fin… por lo regular cuando somos niños o jóvenes, aunque la etapa adulta no está exenta de ello. Evitar los dislates o disminuirlos tiene que ver con aquello que decía un anciano respetable: “la madurez es la suma de los dislates cometidos en nuestra vida, que estamos dispuestos a no volver a cometer”. Mucho ayuda la formación familiar, académica y los valores sociales, sumados a una buena dosis de humildad y honestidad. Cuando algo de esto nos falta, es de esperarse que cometamos dislates. No sabemos cuáles de estas condiciones o cualidades le falten al presidente del Instituto Nacional Electoral, pero las expresiones de burla y mofa que emitió, en charla telefónica con el secretario ejecutivo de esa institución, sobre un líder indígena con quien se entrevistó “en una reunión celebrada en las instalaciones del Instituto”, son un auténtico dislate. Él ha reaccionado presentando denuncia por intervención telefónica de una conversación privada y ofreció “una disculpa franca y sin rodeos a quienes se hayan sentido ofendidos por mis comentarios ilegalmente obtenidos”. El audio o la transcripción de los comentarios hechos “de manera desafortunada y poco respetuosa” –como los califica el autor– y su disculpa, que están en numerosos medios de difusión, escrita o electrónica, han generado todo tipo de opiniones en su contra. Reza el dicho que la iglesia no castiga el pecado, sino el escándalo; y el escándalo requiere de una condición inherente al mismo: ser una persona pública. Y no hay duda de que el presidente del INE es una persona pública y aún más en tiempos electorales, porque preside el órgano máximo de gobierno de una institución cuyos miembros fueron elegidos congresionalmente por contar con preparación, trayectoria y cualidades para desempeñarse como árbitros de las contiendas electorales en nuestro país.

Diversos periodistas apuntan que el presidente del INE se expresó de forma “despectiva y groseramente”, “fue políticamente incorrectísimo”, de “mofarse de manera lamentable”, de “lamentables comentarios”, “se le escucha burlarse de un líder indígena”, “se burló de un dirigente indígena”, “se burló de cómo hablaba un indígena”, de “postura discriminatoria, racista, de superioridad global”, por citar algunos. Según se anota, los comentarios “desafortunados” sucedieron después de la presentación en el INE de la “Guía para la acción pública: elecciones sin discriminación”. Cometer un disparate es malo para cualquiera, pero cometer dos es lapidario. El segundo disparate fue la disculpa, porque el presidente de la institución quiso minimizar el contenido de la grabación de la plática que sostuvo con el secretario ejecutivo de la misma, exaltando que se trató de la “intervención y difusión ilegal de una llamada telefónica privada”, que se hizo la denuncia ante la PGR y diciendo que su “respeto a los derechos indígenas ha sido patente a lo largo de mi trayectoria como académico y como servidor público” (quizá lo era, antes de este miércoles). Esperaremos a mejores tiempos para utilizar letras mayúsculas al referirnos a los cargos de presidente y secretario ejecutivo de esa institución nacional electoral. ¿Le parece?
 

jueves, 14 de mayo de 2015

Red de Colegios y Centros de Investigación


Cuando en 1940 se fundó El Colegio de México, que tenía como ascendiente inmediato a La Casa de España, “refugio de intelectuales españoles republicanos, origen y logro de grandes obras académicas, renovadora de la cultura mexicana”, nació un proyecto cultural y académico que hoy día lo coloca en la cúspide de la investigación y docencia de vanguardia en el mundo latinoamericano. Sus primeros tres presidentes dan una idea incuestionable del proyecto que se buscaba: Alfonso Reyes, Daniel Cosío Villegas y Silvio Zavala, intelectuales icónicos en las ciencias sociales, la docencia y la divulgación científica en México y en el contexto cultural de habla hispana. Su sólida y abundante producción científica en materia de estudios Históricos, Económicos, Demográficos, Urbanísticos, Ambientales, Internacionales, Sociológicos, de Asia y África, de Género, Literarios y Lingüísticos, y Bibliotecológicos, ha dado lugar a lo que suele llamarse “Red de Colegios y Centros de Investigación” en nuestro país, fundados sucesivamente a lo largo del último medio siglo, siguiendo la pauta o modelo de investigación y docencia impulsado originalmente por El Colegio de México, mediante la creación de programas de estudios de licenciatura, maestría y doctorado de alto rendimiento, cuyos egresados han mostrado con créditos suficientes su valía en el campo de la investigación aplicada y de la docencia crítica, aportando conocimiento especializado para la comprensión y tratamiento de los fenómenos sociales en México y Latinoamérica. Este es el ejemplo seguido por El Colegio de Michoacán, El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio Mexiquense, El Colegio de la Frontera Sur, El Colegio de Jalisco, El Colegio de San Luis, el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo, El Colegio de Puebla, El Colegio de Sonora y El Colegio de Veracruz. Impulsar una lógica de producción y difusión del conocimiento en las Ciencias Sociales y las Humanidades, generar una crítica constructiva y especializada, editar libros y revistas para tareas de difusión y divulgación científica, atendiendo a la libertad de cátedra e investigación y el libre examen y discusión de las ideas que postula el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha llevado a la institucionalización de verdaderas escuelas libres, significadas también por su autonomía para diseñar y aprobar sus planes y programas de estudios, así como sus métodos de enseñanza, con el fin de realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura. Especialmente, el artículo 3°, fracción VII, de la Constitución Federal establece y declara el deber del Estado de garantizar a estas escuelas, no sólo las características anteriores, sino también la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas, de administrar libremente su patrimonio, de tutelar sus relaciones laborales con su personal académico y administrativo, y de otorgar a las labores académicas la consideración de trabajo especial necesario para la realización de los principios de autonomía, libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones de educación superior. Bienvenidos los Colegios.

jueves, 7 de mayo de 2015

Nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública


Tres son los rubros que se han publicitado a propósito de la promulgación de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: medios de defensa; protección de datos personales; gobierno abierto; menos opacidad; menos discrecionalidad. Además de anunciarse que con la nueva Ley se abrirán espacios de participación a la ciudadanía, se anuncia la creación de un sistema nacional que involucrará a los tres órdenes  de gobierno, y se ubica el objeto de este ordenamiento en la lógica más general de la rendición de cuentas mediante el acceso a la información que generan las instituciones gubernamentales y sus autoridades. Todo ello permite traer a colación lo que antes hemos expresado en otros foros: cuando sabemos que ciertas bases de datos como son los padrones electorales, cuentas bancarias, afores y tarjetas de crédito, se han vuelto públicas ilegalmente por la comercialización ilícita que se ha hecho de estas fuentes en el pasado, estamos diciendo que algo privado se ha vuelto público, y que eso implica que diversos datos personales como son el nombre, dirección, teléfono particular o laboral, correo electrónico, ocupación o lugar de trabajo, pueden ser obtenidos prácticamente por cualquiera mediante pagos risibles, dando lugar en el extremo a problemas de secuestro, extorsión e inseguridad. Aunque muchísimos de nosotros –la enorme mayoría de este país- podemos decir que la escasez de nuestro patrimonio personal no resultaría atractivo para alguien que quisiera obtener ganancias a nuestras costillas, todos estaríamos de acuerdo, intuitivamente o con pleno conocimiento de causa, en que la difusión no autorizada de nuestros datos personales violenta los derechos humanos de intimidad personal y familiar. Esto ha sucedido porque hemos visto, durante el último cuarto del siglo pasado y lo que va de este, el crecimiento desmesurado de “lo público” en detrimento de la intimidad y confidencialidad de “lo privado”, toda vez que lo privado, mediante los mass media y otras alternativas electrónicas, se vuelve público de una manera pasmosamente inmediata y masificada. En efecto, “lo privado” sufre el apabullamiento de “lo público”, porque aquél posee en el tiempo actual la condición de lo débil, lo desvalido, lo susceptible de violación por todos los instrumentos que la publicidad y los medios han creado para penetrar su esfera. El aforismo bien podría ser que la regla general es que todo es público, y que la excepción es cierta información personal que se instituye como privada; pero justamente en este espacio reducido y débil es donde reside la sustancia de la individualidad y de la personalidad de todo ser humano. Lo cual es tanto como decir que lo privado se hizo público, y una vez que lo público abarcó literalmente todos los espacios de la vida, se hizo necesario proteger el honor, la intimidad personal y familiar, y la dignidad de saber que, situados en el campo de las acciones colectivas, necesitamos guarecer el sentido vital de nuestra individualidad. Bienvenida la nueva ley, si este es el espíritu que la anima para proteger y tutelar, sustancialmente, los datos personales, como una de las representaciones materiales en que se manifiesta un derecho humano fundamental para la convivencia social; al tiempo de permitir el acceso a la información generada en las esferas de gobierno, de indudable naturaleza pública. ¿Se logrará?