Tres son los rubros que se han
publicitado a propósito de la promulgación de la nueva Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública: medios de defensa; protección
de datos personales; gobierno abierto; menos opacidad; menos discrecionalidad.
Además de anunciarse que con la nueva Ley se abrirán espacios de participación
a la ciudadanía, se anuncia la creación de un sistema nacional que involucrará
a los tres órdenes de gobierno, y se
ubica el objeto de este ordenamiento en la lógica más general de la rendición
de cuentas mediante el acceso a la información que generan las instituciones
gubernamentales y sus autoridades. Todo ello permite traer a colación lo que
antes hemos expresado en otros foros: cuando sabemos que ciertas bases de datos
como son los padrones electorales, cuentas bancarias, afores y tarjetas de
crédito, se han vuelto públicas ilegalmente por la comercialización ilícita que
se ha hecho de estas fuentes en el pasado, estamos diciendo que algo privado se
ha vuelto público, y que eso implica que diversos datos personales como son el
nombre, dirección, teléfono particular o laboral, correo electrónico, ocupación
o lugar de trabajo, pueden ser obtenidos prácticamente por cualquiera mediante
pagos risibles, dando lugar en el extremo a problemas de secuestro, extorsión e
inseguridad. Aunque muchísimos de nosotros –la enorme mayoría de este país-
podemos decir que la escasez de nuestro patrimonio personal no resultaría
atractivo para alguien que quisiera obtener ganancias a nuestras costillas,
todos estaríamos de acuerdo, intuitivamente o con pleno conocimiento de causa, en
que la difusión no autorizada de nuestros datos personales violenta los
derechos humanos de intimidad personal y familiar. Esto ha sucedido porque
hemos visto, durante el último cuarto del siglo pasado y lo que va de este, el
crecimiento desmesurado de “lo público” en detrimento de la intimidad y confidencialidad
de “lo privado”, toda vez que lo privado, mediante los mass media y otras
alternativas electrónicas, se vuelve público de una manera pasmosamente
inmediata y masificada. En efecto, “lo privado” sufre el apabullamiento de “lo
público”, porque aquél posee en el tiempo actual la condición de lo débil, lo
desvalido, lo susceptible de violación por todos los instrumentos que la
publicidad y los medios han creado para penetrar su esfera. El aforismo bien
podría ser que la regla general es que todo es público, y que la excepción es cierta
información personal que se instituye como privada; pero justamente en este
espacio reducido y débil es donde reside la sustancia de la individualidad y de
la personalidad de todo ser humano. Lo cual es tanto como decir que lo privado
se hizo público, y una vez que lo público abarcó literalmente todos los
espacios de la vida, se hizo necesario proteger el honor, la intimidad personal
y familiar, y la dignidad de saber que, situados en el campo de las acciones
colectivas, necesitamos guarecer el sentido vital de nuestra individualidad.
Bienvenida la nueva ley, si este es el espíritu que la anima para proteger y
tutelar, sustancialmente, los datos personales, como una de las
representaciones materiales en que se manifiesta un derecho humano fundamental
para la convivencia social; al tiempo de permitir el acceso a la información
generada en las esferas de gobierno, de indudable naturaleza pública. ¿Se
logrará?
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