Donald Trump acaba de recordarnos, con sus
declaraciones públicas, que el racismo se encuentra escalofriantemente en las
ideas, creencias o prejuicios de muchos, en este tiempo presente. Entre otras
barbaridades racistas, ha dicho Trump que los inmigrantes mexicanos son
violadores y narcotraficantes, que México está matando económicamente a EE. UU.
y que se necesita
un muro entre ese país y el nuestro. Más allá de protocolos diplomáticos o de
relaciones internacionales, un personaje mediático al que sólo basta verlo y
oírlo para percatarse de sus evidentes carencias y problemas de personalidad, al
manifestar, temerariamente, un racismo aberrante y una ignorancia supina, en
lugar de hacernos pensar sobre las relaciones bilaterales entre ambas naciones
nos dice mucho sobre la particular democracia que se practica en el país más
poderoso del mundo, donde el dinero resulta ser la llave que abre todas las
puertas para volverse “democrático”. Es como adaptar una frase de Orwell, para
decir que en la democracia americana todos son iguales, aunque hay unos más
iguales que otros. Desde la antigüedad, Platón y Aristóteles se mostraban
escépticos no por cuanto a la democracia en sí misma, sino por los demagogos
que podían surgir bajo su sombra y al amparo de las libertades a que da lugar.
Por eso ellos veían a la demagogia como la corrupción de la democracia. Y los
comentarios vienen a colación, porque las estupideces que dice Trump no
pasarían de ser más que los dichos de un personaje adinerado, ignorante e
imprudente, pero adquieren resonancia porque este racista resulta que tiene
aspiraciones de ser “Mr. President” en su país, a través del partido
republicano. Toda una antítesis del Presidente Obama. Nuestros libros de
historia, particularmente en el caso de la independencia de México, coinciden
en señalar la peligrosa combinación que resulta de involucrar ideas raciales
como elementos motivantes en un movimiento social. Por eso las demandas de
libertad, ciudadanía, derechos y mejora social fácilmente se engarzaron con las
diferencias entre los peninsulares y los “demás” (criollos y castas). Se ha
historiado que, bajo las condiciones
sociales, económicas y demográficas en que detonó el movimiento de
independencia, puede entenderse el sentido de la proclama de Agustín de
Iturbide de 24 de febrero de 1821, ilustrativa de la imperiosa necesidad de
invocar la conciencia histórica colectiva como sentido de lo nacional, que
buscaba, por encima de todo, unificar a una población fuertemente dividida por
manifestaciones raciales violentas, acentuadas durante el periodo de guerra
independentista: “Americanos: Bajo cuyo nombre comprendo no sólo a los nacidos
en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos, que en ella residen:
tened la bondad de oírme…” La arenga por una reconciliación nacional no era
retórica. Llamaba a la reconfiguración de las relaciones sociales, invocando un
nacionalismo que no podía provenir del racismo sufrido en los siglos
virreinales, recalcado durante los años inmediatos anteriores a la guerra de
independencia. En su propia circunstancia, igual necesidad vivió EE.UU., y sus
historiadores lo han documentado. Trump debiere leer historia nacional, para
saber del enorme costo que significa el racismo, no para que pueda ser
Presidente, sino para que no lo sea. ¿Dudas?
jueves, 25 de junio de 2015
jueves, 18 de junio de 2015
Reconocimiento o prestigio público
La culminación del proceso de reformas estructurales
se dará con las modificaciones constitucionales para crear el Estado de la
Ciudad de México –que, en estricto sentido, no estaba en el “paquete” original–,
y con la aprobación de las leyes secundarias que reglamentarán todo el
denominado Sistema Nacional Anticorrupción. De las reformas se espera obtener
reconocimiento o prestigio público. Y el contexto para completar este sistema
“prestigioso” de reformas, atravesó por la “prueba” electoral, superada
favorablemente y cuyo mérito, por supuesto, corresponde a la ciudadanía que
vota, porque, también en estricto sentido, si las autoridades electorales
federales colaboraron para lograr que proceso y jornada electorales se
desahogaran sin contratiempos, más que un aplauso se trató del cumplimiento de
una obligación constitucional y legal. Es cierto que toda autoridad merece ser
reconocida, empero sólo cuando desborda sus atribuciones e introduce criterios
éticos en su comportamiento público, y pasa del simple estatus de la legalidad
al de la legitimidad, bajo principios y criterios de congruencia, transparencia,
coherencia y constitucionalidad. El cumplimiento de la ley y el comportamiento
probo, unidos, se convierten en lo verdaderamente meritorio en cualquier plano
de la vida pública, y podríamos decir que, indiscutiblemente, en la vida
privada. Ahora bien ¿Qué significa “desbordar” las atribuciones? Porque el
principio de legalidad dice que las autoridades sólo tienen las atribuciones
expresamente concedidas por la ley. Definitivamente, ello no significa
contradecir la norma, sino comprometerse con la colectividad en el uso cierto de
las atribuciones legales, sin que esto implique pensar en cosas etéreas o
grandilocuentes, como algunos suelen verlo. Por el contrario, se trata de
actos, procedimientos y compromisos que tienen mucho de cotidianeidad y
beneficio inmediato para el ciudadano; es decir, allí donde el funcionario o
servidor público atiende a los particulares que le solicitan un trámite, un
servicio o un derecho, y lo realiza no sólo ajustándose a la ley, sino
“queriendo” que se cumplimente, dando orientación o solicitando a su vez a otro
servidor público que se atienda una solicitud ciudadana justa, legal y
legítima. Por eso no hay que estar a la espera de la “gran” acción para pasar a
la posteridad; el reconocimiento público se funda, indudablemente, en aquello
que muchas veces se predica pero pocas veces se practica: la gestión pública o
gestión del poder, en beneficio de las personas. Sólo la legitimidad es la que
otorga reconocimiento público, porque se basa en la legalidad que permite materializar
la gestión pública. Weber decía que dos aspectos mueven al político: el interés
o el prestigio. Del primero señalaba su parte negativa, porque observaba en él elementos
patrimonialistas, de beneficio económico personal; en cambio, en el segundo advertía
una necesidad de reconocimiento público, basada en una conducta meritoria de
acatamiento de la ley y de realización de expectativas, a la manera de un sano
egoísmo que llevaría a la gestión de asuntos públicos para beneficio de una
colectividad con caras y nombres, lo que a su vez produciría colmar una aspiración
interior de satisfacción muy parecido a ese fenómeno que Freud denominaba
“sublimación”: orientación de la energía interior hacia fines de prestigio
social ¿Cómo la ve?
jueves, 11 de junio de 2015
Jornada Electoral
Con una participación de 47 % de los votantes del
padrón electoral, un poco más de lo acostumbrado en las elecciones intermedias
de cada sexenio federal, la representación legislativa de los partidos
políticos nacionales en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión -porcentajes
más, porcentajes menos- no variará por cuanto a los lugares generales que cada
grupo parlamentario tiene ahora. De mayor a menor, PRI, PAN y PRD continuarán
en ese orden, en atención a su respectivo peso porcentual: 29 %, 21 % y 11 %.
MORENA se estrena con 8 % y el PVEM obtiene 7%. MC obtuvo 6 % por ciento de la
votación, Nueva Alianza casi 4 % y Encuentro Social apenas pasó del 3 %. En
tanto que el PT y el Partido Humanista no alcanzan el 3 % mínimo requerido por
la legislación y perderían su registro como partidos políticos. Lo que produce
las preguntas eternas que dan lugar a las especulaciones de siempre: ¿A dónde
se fueron los puntos porcentuales que perdieron los partidos grandes? ¿A dónde
se irán los votos de aquellos que salgan de la escena electoral inmediata? ¿Se ampliará
o cerrará el sistema de partidos a un rango de más-menos 8 institutos
políticos? ¿El voto se ha atomizado o redistribuido? Y las interrogantes
nuevas: ¿Habrá diputados independientes en el futuro? Difícil saber las
respuestas porque entre elección y elección sólo las grandes líneas se
mantienen, aunque admiten sus propias singularidades. Por ejemplo, sabemos que en
los comicios intermedios los partidos más grandes bajan su número de votos debido
a la mayor abstención y que, lógicamente, los porcentajes sufren modificaciones,
esto último importante para la obtención de las curules de representación
proporcional que se suman a las de mayoría relativa y que dan lugar a la
existencia de la primera, segunda y tercera minorías –y así sucesivamente-,
como se ha dado en llamar y acomodar a los partidos políticos y sus grupos
parlamentarios, porque desde 1997 nadie ha logrado obtener la mayoría absoluta
para decidir por sí mismo la suerte de las iniciativas de ley o decreto, o la
estructura del gobierno interno legislativo; obligando a los acuerdos
intergrupales o interpartidistas (como se quiera decir) para sacar adelante
reformas constitucionales o legales, que ese fue el caso del “Pacto por México”
y de las “Reformas Estructurales”. O para la ya conocida repartición de los
nombramientos de integrantes o miembros de órganos constitucionalmente
autónomos (INE, IFAI, etc.) o de otros poderes (Ministros). Si bien la
singularidad de esta lección es, por supuesto, MORENA, apenas abajo del PRD,
partido del cual se escindió, esta división de “izquierdas”, que muy
difícilmente se podrán poner de acuerdo en temas político-legislativos
concretos o de cierta envergadura, realmente no impacta –diputados más,
diputados menos- en la distribución práctica hasta ahora observada en los
últimos 18 años, porque simplemente los tres partidos políticos más grandes (o
tres primeras “minorías” parlamentarias) sólo han intercambiado posiciones
entre el primero a tercero lugares e, invariablemente, se seguirán necesitando
para todo efecto político práctico entendido como votación legislativa. A todas
luces, los únicos ganadores son los votantes, que ejercieron su derecho sin
temor, con la pasión natural que conlleva el voto, pero sin violencia. Ahí la
llevamos ¿No?
jueves, 4 de junio de 2015
7 de junio de 2015
Comentamos en entregas anteriores que la legislación
y las instituciones electorales de carácter nacional, vivirán este próximo 7 de
junio de 2015 “su” prueba de fuego; no obstante que ambas –legislación e
instituciones– han mostrado serias deficiencias advertidas, prácticamente,
desde su inicio de vigencia o puesta en marcha, según el caso. De la
legislación, apuntamos que se descodificó lo que antes estaba unido, porque
desde la rama legislativa se consideró conveniente separar materias y expedir,
en consecuencia, cinco ordenamientos electorales (y sus derivados: 11
reglamentos, 3 acuerdos, 2 estatutos y 1 código), de técnica legislativa cuestionable,
que acusan manifiesta desconexión entre ellos e, incluso, contradicciones ostensibles.
A esto le sigue lo otro. Las instituciones y las autoridades responsables de la
objetivación de esas leyes, han caído en serios bretes de aplicación e interpretación,
hasta llegar al extremo de “crear” supuestos, procedimientos y sanciones no
previstos en las leyes que regulan el procedimiento electoral, los medios de
impugnación y los delitos electorales, por decir lo menos, que explica la
sobrecarga de denuncias y criterios dispares, tanto administrativos como
judiciales, que viven los organismos electorales. Qué decir de los dislates en
el INE: escribimos que cometer un disparate es malo, incurrir en dos es
lapidario; pero efectuar tres obliga a consultar el diccionario ¿a qué asesor
se le ocurrió aconsejar al joven presidente del consejo general de la
institución nacional electoral, que se publicitara su “coincidente” evento y
saludo con la ex premio nobel de la paz, Rigoberta Menchú, para mostrar su
“respeto” a los pueblos indígenas, a sus representantes o a sus líderes? Difícil
encontrar el adjetivo para calificar este tercer dislate, pero el diccionario de
la Real Academia de la Lengua Española incorpora uno que antes fue un modismo
muy socorrido en México: el tercer disparate (los tres cometidos en el curso de
diez días) fue “kafkiano”. Ante la total carencia de madurez y sentido común
manifestada por la cabeza visible de esa institución, en este público y notorio
caso, kafkianamente se actualizó el dicho popular de que “la juventud es una
enfermedad que se cura con el tiempo”. ¿Quién podrá ayudarle? Por fortuna, la
verdadera elección, la verdadera prueba de fuego, está en manos de todos los
ciudadanos con derechos políticos para ejercer el voto, libremente y de manera
pacífica, por las opciones partidistas o independientes que se le ofertan.
“Pueblo” no es una palabra hueca de uso en frases demagógicas; pueblo significa
esa parte de la población de un Estado-Nación, que está en capacidad de cumplir
con el derecho y obligación de votar en las elecciones periódicas para renovar
los poderes públicos, como ocurrirá este 7 de junio, cuando se desahogue la
jornada electoral para definir 2,159 cargos políticos de elección popular:
500 diputaciones federales, 9 gubernaturas y 641
diputaciones en 17 entidades; 993 alcaldías en 16 estados; y 16 jefaturas
delegacionales en el Distrito Federal. El artículo 39 de la Constitución
Federal expresa que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en
el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio
de éste”. Votar es el antídoto contra la violencia cobarde enmascarada. Si el
pueblo vota, la democracia gana. Hagámoslo.
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