Comentamos en entregas anteriores que la legislación
y las instituciones electorales de carácter nacional, vivirán este próximo 7 de
junio de 2015 “su” prueba de fuego; no obstante que ambas –legislación e
instituciones– han mostrado serias deficiencias advertidas, prácticamente,
desde su inicio de vigencia o puesta en marcha, según el caso. De la
legislación, apuntamos que se descodificó lo que antes estaba unido, porque
desde la rama legislativa se consideró conveniente separar materias y expedir,
en consecuencia, cinco ordenamientos electorales (y sus derivados: 11
reglamentos, 3 acuerdos, 2 estatutos y 1 código), de técnica legislativa cuestionable,
que acusan manifiesta desconexión entre ellos e, incluso, contradicciones ostensibles.
A esto le sigue lo otro. Las instituciones y las autoridades responsables de la
objetivación de esas leyes, han caído en serios bretes de aplicación e interpretación,
hasta llegar al extremo de “crear” supuestos, procedimientos y sanciones no
previstos en las leyes que regulan el procedimiento electoral, los medios de
impugnación y los delitos electorales, por decir lo menos, que explica la
sobrecarga de denuncias y criterios dispares, tanto administrativos como
judiciales, que viven los organismos electorales. Qué decir de los dislates en
el INE: escribimos que cometer un disparate es malo, incurrir en dos es
lapidario; pero efectuar tres obliga a consultar el diccionario ¿a qué asesor
se le ocurrió aconsejar al joven presidente del consejo general de la
institución nacional electoral, que se publicitara su “coincidente” evento y
saludo con la ex premio nobel de la paz, Rigoberta Menchú, para mostrar su
“respeto” a los pueblos indígenas, a sus representantes o a sus líderes? Difícil
encontrar el adjetivo para calificar este tercer dislate, pero el diccionario de
la Real Academia de la Lengua Española incorpora uno que antes fue un modismo
muy socorrido en México: el tercer disparate (los tres cometidos en el curso de
diez días) fue “kafkiano”. Ante la total carencia de madurez y sentido común
manifestada por la cabeza visible de esa institución, en este público y notorio
caso, kafkianamente se actualizó el dicho popular de que “la juventud es una
enfermedad que se cura con el tiempo”. ¿Quién podrá ayudarle? Por fortuna, la
verdadera elección, la verdadera prueba de fuego, está en manos de todos los
ciudadanos con derechos políticos para ejercer el voto, libremente y de manera
pacífica, por las opciones partidistas o independientes que se le ofertan.
“Pueblo” no es una palabra hueca de uso en frases demagógicas; pueblo significa
esa parte de la población de un Estado-Nación, que está en capacidad de cumplir
con el derecho y obligación de votar en las elecciones periódicas para renovar
los poderes públicos, como ocurrirá este 7 de junio, cuando se desahogue la
jornada electoral para definir 2,159 cargos políticos de elección popular:
500 diputaciones federales, 9 gubernaturas y 641
diputaciones en 17 entidades; 993 alcaldías en 16 estados; y 16 jefaturas
delegacionales en el Distrito Federal. El artículo 39 de la Constitución
Federal expresa que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en
el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio
de éste”. Votar es el antídoto contra la violencia cobarde enmascarada. Si el
pueblo vota, la democracia gana. Hagámoslo.
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