Panorama electoral

El recientísimo proceso electoral, en cuya jornada dominical se disputaron comicialmente 12 gubernaturas; 448 diputaciones locales (239 de mayoría relativa y 209 de representación proporcional); y, 967 ayuntamientos; resulta un indicador cierto y directo del cambio de las preferencias políticas de la población en edad de votar, cuyo universo (votantes) se amplía año con año, conforme hombres y mujeres adquieren la mayoría de edad, y en tanto nuestro país siga creciendo demográficamente. En efecto, por cuanto a las elecciones de gobernadores estatales, con excepción de Tamaulipas, donde el PREP de ese Estado arrojó más del 50% de votos para el candidato ganador, en todos los demás Estados ninguno de los candidatos ganadores obtuvo más de la mitad de la votación total y, antes bien, los futuros ejecutivos registran votaciones que van del 32% al 46%. Es más: de éstos, 6 de los electos tienen entre 40% y 46% de votos, y los restantes 5 menos de 40%. La evidencia muestra que estamos hablando de futuros gobiernos apoyados por mayorías relativas o, en el extremo, apenas por poco más de la tercera parte de la votación total.

Pluralismo, división del voto, tripartidismo, acentuación de las diferencias, de todo se ha dicho para intentar –si no explicar– al menos describir y dimensionar, con los datos duros provenientes de las estadísticas electorales, lo que prácticamente es un comportamiento observado desde el año de 1997 en las elecciones intermedias de ese año (diputados federales): los ejecutivos federal y estatales, y los congresos respectivos, están gobernando con una parte menor de la mitad del total de los electores; y si comparamos esta realidad de la población en edad de votar, con el volumen de población total del país (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores), el porcentaje de apoyo efectivo disminuye, lo cual es un dato demográfico, pero también sociológico y politológico, que debe orientar u orillar a cualquiera de los próximos gobernadores de las 12 entidades en que hubo comicios este pasado domingo 5 de junio, a acometer con prudencia, mesura y criterio las acciones de gobierno a realizar, porque la “volatilidad” electoral está a la orden, de una elección a otra.

Prudencia política, mesura administrativa y criterio social tienen como punto de partida el cumplimiento de la ley, para fundar los actos y procedimientos públicos necesarios para que exista una transmisión de gobierno adecuada, en respeto de la continuidad, permanencia y regularidad de los servicios públicos y su prestación; lo cual significa que la gestión pública no puede detenerse, porque corresponde a todos los servidores públicos garantizar que, entre otros, la cobertura de los servicios públicos de salud, educación, seguridad social y pública, desarrollo económico y abasto, no sufran interrupciones en perjuicio de quienes cumplieron, notablemente, con la obligación constitucional de votar: los ciudadanos, que son el sustento legítimo de todo gobierno electo o constituido. Dicho de otro modo, la gestión pública siempre tiene como premisa la relación entre gobernantes y gobernados, por ser una liga sensible en la que se evalúan promesas y ofertas frente a expectativas y necesidades, de administradores y administrados. ¿O no?