El próximo cambio de
gobierno federal, conjuntamente con la renovación de las Cámaras del Congreso
de la Unión, han estado antecedidas por el ingrediente de las marchas y
manifestaciones que en contra de la elección federal –con dedicatoria especial
para la de carácter presidencial-, han realizado, justificado y animado
diversas organizaciones y grupos, entre las que ha tenido notoriedad la
impulsada por el movimiento #YoSoy132. Por su propia naturaleza, el
posicionamiento de éste se coloca frente a las declaraciones y atribuciones de
las autoridades federales de orden jurisdiccional, responsables de la
resolución de los conflictos electorales judicializados. Los jóvenes agrupados
bajo esas siglas, no obstante su más reciente acuerdo tomado en la reunión de
este lunes en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de
México, con representantes de 78 asambleas de universidades de la Cd. de México,
para instalar un “cerco simbólico y creativo” ante la sede de Televisa (de
quien reclaman una conducta parcial durante campaña y jornada electoral),
también han intentado “pintar raya” respecto de otros movimientos que comparten
con ellos su descontento o inconformidad con la elección federal, en general, y
presidencial, en particular, pero con los que no están de acuerdo por cuanto a
la línea de acción o método de protesta. Tal fue el caso de lo sucedido en el
Estado de Oaxaca, donde al amparo de esa filiación o siglas se dieron actos de
vandalismo de manifestantes contra locales comerciales.
El punto es importante
porque justamente en la inmediatez y espontaneidad con que surgió ese
movimiento, dicen diversos comunicadores y estudiosos de la acción colectiva,
se encuentran también los posibles puntos de debilidad que pueden aquejarlo, dado
que su cohesión inicial es susceptible de infiltraciones, desdibujamiento,
cooptación o escisión. Esto no es nuevo y ha sido suficientemente observado desde
la teoría y praxis de diversas disciplinas sociales. Ante estas condiciones de
realidad, es evidente y explicable el esfuerzo por mantenerse en una línea de
expresión pública y pacifista de sus demandas o posiciones, al tiempo de
deslindarse de aquellos que en el anonimato del “grupo” o de la “masa” o
simplemente con menor cohesión o similitud de ideas con el movimiento original,
deciden o caen en actitudes de ilicitud, con la consecuente pérdida de simpatía
o apoyo de otros grupos o clases sociales. Por su parte, el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación y sus magistrados han hecho pública su posición
de actuar conforme a su profesión y encargo público: sujetarse a la legalidad; señalando
que las manifestaciones de descontento –ahora también en contra de ellos- no
constituyen elemento objetivo para guiar sus sentencias. A final
de cuentas, en las expresiones de unos y de otros está presente la idea de no
alejarse de las leyes de orden público: si los jóvenes deciden seguir
manifestándose y lo hacen de manera pacífica y sin afectar los bienes o la
integridad de terceros, la constitución federal los protege en su derecho; si
los magistrados proceden conforme a elementos de convicción objetivos (pruebas
y alegatos), también los protege la constitución. Y si todos decidimos asumir
nuestras garantías y deberes constitucionales y cuidar la legalidad, a este
país le irá bien.
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